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Economía

28-A: ¿Qué proponen los partidos para vivienda?

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PP– Favorecer los seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino.

– Incremento de la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual.

– Potenciar la colaboración público-privada para la construcción de viviendas destinadas a alquileres asequibles.

– Recuperar la deducción fiscal por la compra de vivienda habitual.

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PSOE

– Fomentar la promoción de vivienda de alquiler social con suelo público.

– Reestablecer la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de los jóvenes.

– Impulsar una estrategia para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho a la energía.

Podemos

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– Intervenir el mercado de alquiler para evitar subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias.

– Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible, con un incremento de 50.000 unidades al año.

– Luchar contra los fondos buitre y la especulación con medidas como, por ejemplo, acabar con las Socimi.

– Poner coto a la proliferación de los pisos turísticos, permitiendo a las comunidades de propietarios establecer una regulación básica.

– Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional.

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– Proteger a los deudores hipotecarios sin recursos.

Vox

– Liberalizar el suelo, convirtiendo en urbanizable todo aquel que no deba estar protegido por motivos de interés público justificados.

– Promulgar leyes antiocupación y antiusura, tipificando como delito contra la propiedad privada la ocupación de viviendas.

– Recuperación del Estado de las competencias en la materia.

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– Establecer colaboración público-privada para que el parque de vivienda social alcance el 15% del total.

– Equiparar el IVA de la vivienda nueva y la usada.

Ciudadanos

– Constituir más vivienda pública de alquiler.

– Beneficios fiscales para los arrendadores que ponen sus viviendas en alquiler.

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– Desgravaciones para los propietarios que se guíen por un índice orientativo de precios del alquiler.

– Poner suelos a precio asequible para favorecer la promoción de viviendas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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