El estudio de radio se ha convertido, en los últimos tiempos, en el diván donde el poder desnuda sus pulsiones más inconfesables. La comparecencia del presidente del Gobierno no ha sido una entrevista al uso, ni siquiera un ejercicio de propaganda gubernamental; ha sido el diagnóstico clínico de un liderazgo consumido por su propio solipsismo.
Escuchar a Pedro Sánchez disertar sobre la arquitectura del Estado, la crisis de soberanía en el norte de África y la legitimidad de sus adversarios políticos produce el escalofrío intelectual de quien asiste a la demolición controlada de un país. No hay gritos en su discurso, ni falta que hacen. La verdadera subversión no reside en el volumen de la voz, sino en la perversión de los conceptos.
Con la serenidad impostada de quien se cree situado por encima del bien, del mal y de la historia, el presidente ha trazado durante su entrevista concedida este lunes en la Cadena SER un relato en el que la culpa siempre es ajena, la responsabilidad es una exigencia exclusiva para la oposición y la realidad material debe doblegarse a su conveniencia. Es el retrato de un gobernante que ha confundido la administración temporal del poder ejecutivo con la propiedad absoluta de las instituciones del Estado. Frente a esta exhibición de cesarismo posmoderno, el deber del periodismo libre no es la matización cobarde, sino la disección implacable de sus falsedades y el recordatorio de que España, pese a los esfuerzos de sus actuales gestores, sigue siendo una nación soberana.
La abolición del tiempo y el asalto a la Corona
La ignorancia histórica en un jefe de Gobierno es siempre alarmante, pero cuando esa ignorancia se emplea como arma arrojadiza contra la Jefatura del Estado, cruza la línea hacia la deslealtad institucional. En su afán por justificar el colapso absoluto de las ciudades autónomas frente a la avalancha migratoria, Sánchez pretendió elevar su propia figura menospreciando la labor de la Corona. Para ello, sentenció con la contundencia que solo otorga la osadía: «el rey lleva reinando más de 20 años».
Felipe VI fue proclamado Rey de España en junio de 2014. Apenas doce años de reinado que el presidente, en un alarde de reescritura temporal, duplica a conveniencia para fabricar un agravio ficticio. ¿Es concebible que el líder del Ejecutivo desconozca la fecha en la que el actual Jefe del Estado asumió la Corona? La respuesta es irrelevante, pues tanto el error craso como la mentira deliberada conducen al mismo diagnóstico: un desdén estructural hacia el símbolo de la unidad y permanencia de la nación.
Pero la ofensa no se detiene en la aritmética. Con el tono paternalista de quien perdona la vida a una institución subordinada, Sánchez se arrogó el derecho de dictar la agenda de la Casa Real respecto a una hipotética visita a Ceuta y Melilla: «Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer». No hay aquí rastro del obligado respeto institucional, ni de la cortesía debida entre las altas magistraturas. Hay, por el contrario, una orden apenas velada. Una exhibición de vasallaje inverso donde el presidente ordena y la Corona, presuntamente, debe obedecer.
Este desprecio por la soberanía y su defensa histórica cristalizó en un comentario de pasada, escupido con indisimulado hastío. Al ser inquirido sobre las tensiones diplomáticas, el presidente despachó la firmeza de administraciones anteriores con un despectivo: «reivindicando perejil, lo que me faltaba». Para Sánchez, la defensa de la integridad territorial de España frente a una agresión extranjera en la isla de Perejil no es un hito de dignidad nacional, sino una molestia, un anacronismo propio de quienes, en sus palabras, «van a sembrar cizaña». Es la rendición semántica previa a la rendición territorial.
La claudicación diplomática frente al chantaje alauí
La realidad de Ceuta no admite eufemismos, por mucho que Moncloa invierta millones en fabricarlos. En apenas unas horas, la frontera sur de España y de Europa fue violentada por la entrada irregular de 70.000 personas. Un asalto a una frontera nacional de semejante magnitud no es un accidente meteorológico, ni un fenómeno espontáneo de la naturaleza; es una operación de presión geopolítica que requiere, como mínimo, la vista gorda, cuando no la logística pasiva, del Estado vecino.
Sin embargo, ante esta crisis que desborda las capacidades de la ciudad autónoma —pasando de 500 a más de 3.300 plazas improvisadas—, el presidente del Gobierno ha decidido ejercer como abogado defensor del reino de Mohamed VI. Contraviniendo cualquier principio básico de inteligencia internacional y sentido común, Sánchez niega tajantemente la evidencia: afirma no tener información que alumbre ninguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
Se le exige al ciudadano español que financie con sus impuestos un escudo fronterizo inoperante, mientras su presidente declara que la relación con Marruecos es «francamente positiva». No es diplomacia; es la abdicación voluntaria de la soberanía.
La sumisión es absoluta. El Gobierno de España prefiere asistir al colapso de sus servicios sociales y al quiebre de su seguridad fronteriza antes que incomodar a un régimen que utiliza a sus propios ciudadanos como munición demográfica. ¿Cómo justifica el Ejecutivo esta invasión si exonera a Marruecos? La respuesta de Sánchez es un monumento a la conspiración globalista: culpa a redes sociales rusas, israelíes y a una supuesta internacional ultraderechista de propagar bulos para generar la avalancha. Es decir, prefiere acusar a Moscú y a Tel Aviv de orquestar un asalto en las costas del norte de África antes que exigir responsabilidades a Rabat.
La doble moral punitiva y la deslegitimación democrática
La superioridad moral de la izquierda siempre ha dependido de una asimetría fundamental: la exigencia de una pureza absoluta para el adversario y la concesión de una indulgencia infinita para los propios. Durante la entrevista, este doble rasero adquirió proporciones grotescas.
Sánchez se enfundó la toga de jurista garantista para exigir el respeto inmaculado a la presunción de inocencia del expresidente Zapatero y de sus propios familiares, Begoña Gómez y David Sánchez. Denunció una campaña orquestada por pseudo medios, argumentando que su esposa se encuentra encausada únicamente por sus vínculos matrimoniales. La victimización como escudo frente al escrutinio judicial.
No obstante, bastó que se pronunciara el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que la presunción de inocencia y el garantismo se esfumaran en el acto. Sin sentencia, sin juicio y sin decoro, el mismo presidente que clama contra los juicios paralelos acusó a Isabel Díaz Ayuso de cometer un delito con fondos públicos, asegurando que «ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños, para vivir en él». La ley del embudo aplicada desde la escalinata de La Moncloa: inmunidad para el palacio, paredón mediático para la oposición.
Esta dualidad esconde una patología política aún más peligrosa: la negación de la legitimidad del adversario. En el tramo final de su intervención, Sánchez destapó la verdadera esencia de su proyecto de poder. Concedió que la alternancia es buena, para inmediatamente después anular esa posibilidad democrática sentenciando que «hoy no tenemos una propuesta de alternancia». Para el presidente, la oposición no es una alternativa válida, sino un riesgo de «involución» cimentado en la desinformación. Este es el lenguaje de la autocracia, barnizado con la retórica de la modernidad.
El imperativo de la resistencia cultural
La entrevista de Pedro Sánchez no ha sido un error de cálculo comunicativo, sino el manifiesto fundacional de la fase más agresiva del sanchismo. Nos encontramos ante un gobernante que reescribe la historia de la Corona para humillarla, que rinde la soberanía territorial ante un chantaje extranjero camuflándolo de éxito diplomático, y que deshumaniza a la oposición política para inhabilitarla como alternativa democrática.
La progresiva pérdida de nuestra soberanía, de nuestra seguridad y de nuestra identidad no se está produciendo mediante un golpe de Estado abrupto, sino a través de la degradación metódica de las palabras, de las leyes y de las instituciones. Cuando se acepta que un presidente pueda mentir sobre los años de reinado del monarca sin consecuencias, o dictar sentencias condenatorias en directo contra sus rivales mientras exige impunidad para su familia, se está consintiendo el vaciamiento moral de la nación.
Frente a esta anestesia colectiva, la respuesta no puede ser el grito histriónico, sino la firmeza intelectual. La recuperación de España no comenzará únicamente en las urnas, sino en la batalla cultural por el significado de la verdad, la ley y la libertad. Es necesario restaurar el respeto por una soberanía que no se negocia en despachos oscuros con Rabat, defender la dignidad de unas instituciones que no pertenecen al inquilino temporal de Moncloa, y reivindicar, sin complejos, el derecho a una alternativa política que defienda la herencia y el futuro de la civilización occidental. La decencia exige llamar a las cosas por su nombre; y lo que hoy gobierna España no es un proyecto de progreso, sino una maquinaria de demolición institucional a la que es un imperativo moral y patriótico resistir.