EL MINISTERIO DE LA VERDAD VARIABLE: LA HEMEROTECA QUE ESTE GOBIERNO OJALÁ HUBIERA QUEMADO

Hay gobiernos que mienten por necesidad y gobiernos que convierten la necesidad en programa. Este pertenece a la segunda categoría: ha gobernado tanto tiempo contra sus propias frases que su hemeroteca es hoy el documento de oposición más demoledor que existe contra él. Este artículo no opina: coteja. Lo que dijeron, cuando lo dijeron, y lo que hicieron después. La verdad, esa molestia.

La amnistía: la herejía que necesitó siete escaños

Empecemos por la mentira fundacional, la matriz de todas las demás. En plena precampaña de julio de 2023, ante las encuestas que le daban la mayoría a la derecha, el presidente del Gobierno fue rotundo: la amnistía a los golpistas del Procés «no cabe en la Constitución Española ni en un Estado de derecho». No dijo «es difícil». No dijo «estudio los pros y los contras». Dijo que no cabe — verbo de geometría, de física, de lo que no cabe porque el espacio es lo que es. Sus ministros, siempre disciplinados, corearon el mantra en todas las televisiones: jamás, nunca, inviable, inconstitucional, imposible. Y que nadie piense que esta redacción parafrasea de memoria: la hemeroteca lo documenta al detalle — El HuffPost trazó, ya firmado el pacto, la cronología completa del viraje, recordando cómo el presidente afirmaba tajantemente antes del 23-J que la amnistía «no cabe» en la Constitución y que era sinónimo de «olvido»^[9].

Hicieron falta exactamente siete escaños. Siete diputados de Junts y ERC, y la Constitución que no admitía amnistía empezó de repente a admitirla con una flexibilidad gimnástica que no se había visto desde los tiempos en que los mandamientos venían con letra pequeña. La proposición de ley se registró en agosto, antes siquiera de la investidura, con un eufemismo de manual orwelliano: «ley de normalización». Normalizar, en el nuevo diccionario del Gobierno, significa llamar normal el indulto colectivo a quienes en 2019 —palabras del propio Sánchez ante el Congreso— encabezaron un intento de ruptura del orden constitucional. Y si alguien sospecha que la comparación es exagerada, que pregunte a la vieja guardia socialista: el histórico líder del partido, Felipe González, utilizó exactamente esas palabras — que la amnistía «no cabe» en la Constitución — para reprochar el cambio de rumbo de septiembre de 2023^[10]. Cuando la inconstitucionalidad de una medida la proclaman antes el presidente y sus ministros, y después el patriarca del propio partido, ya no es una crítica de la derecha: es un acta de defunción firmada por los propios herederos.

El lector no necesita que esta redacción le diga quién tenía razón en el fondo jurídico: le basta con señalar que el Gobierno de la nación afirmó una imposibilidad constitucional con la solemnidad de un catedrático y la desmintió con la urgencia de un arrendador al que le llueven los inquilinos. No cambió de opinión: cambió de escaños. La convicción, se ve, es una función de la aritmética.

Y hay un detalle que agrava el desdén: en 2017, el propio Sánchez había calificado el Procés con la palabra más grave del léxico constitucional —golpe de Estado—, y seis años después votaba la ley que borraba sus consecuencias. Entre esas dos fechas no hubo un descubrimiento jurídico: hubo un socio parlamentario que sabía cobrar caro el sí. Lo llamaron «el mejor presidente que puede tener Cataluña». El elogio, en este país, funciona siempre como factura.

«El mejor momento de su historia»: la frase que descarriló en Adamuz

Si la amnistía fue la mentira fundacional, el ferrocarril es el expediente donde el relato topó con los huesos. A lo largo de 2024, con los trenes de Cercanías cancelados a cientos cada día, los viajeros hacinados en Chamartín y Atocha, los nuevos Talgo Avril averiados en cadena y media España esperando andenes como se esperan milagros, el ministro de Transportes, Óscar Puente —hombre que no ha conocido conflicto del que no saliera tuiteando—, sostuvo a capa y espada, en el Senado y en sus comparecencias, la frase que ya pertenece al panteón del esperpento nacional: que el tren vivía en España «el mejor momento de su historia»^[21]. No fue un desliz de una mala tarde: fue argumentario oficial sostenido meses, incluso con las estaciones convertidas en fotografías de vergüenza. Hay que detenerse a saborearla, porque condensa un estilo entero de gobernar: si el dato contradice el discurso, no se corrige el dato; se amplifica el discurso. Y cuando el colapso de la venta de billetes hizo indefendible la fiesta, el Ministerio y Renfe hallaron el comodín perfecto: la culpa era de la herencia — unos sistemas informáticos «del siglo pasado», obsoletos, en migración eterna hacia una plataforma nueva que jamás llegaba a tiempo para evitar los colapsos^[22]. Primero admitir que la casa arde; después explicar que el incendio es el mejor momento del fuego. Así funciona el argumentario: la crítica ajena es derrotismo; la constatación propia, valentía reformista.

Pero la hemeroteca ferroviaria de esta legislatura no puede contarse sin lo que pasó el 18 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba. Esa noche, un tren Iryo y un Alvia colisionaron en la línea de alta velocidad, provocando el mayor siniestro ferroviario de la democracia española: un balance oficial elevado a 46 fallecidos el 30 de enero, cuando murió en la UCI una pasajera del Alvia que llevaba semanas agonizando en cuidados intensivos^[1][2]. Cuarenta y seis. Ante una tragedia de esa magnitud, la comparecencia de madrugada del ministro fue, como mínimo, original: el siniestro era «raro y difícil de explicar», «tremendamente extraño»^[3]. Extraño. Como si la geometría de una vía fuese un manuscrito de Nostradamus y no un plano de obra que su propio departamento supervisa. La literatura del misterio tiene en España un ministerio dedicado.

Cobertura informativa del siniestro de Adamuz del 18 de enero de 2026.

El misterio, sin embargo, duró lo que tardaron los peritos. El primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —el órgano oficial, se entiende, no una cuenta anónima— confirmó que la vía ya estaba rota antes del paso del convoy^[4]: la fractura no llegó con el tren; la esperó. La Guardia Civil documentó después en el punto del impacto lo que el adjetivo «extraño» intentaba sepultar: traviesas desnudas sin balasto^[5] — la infraestructura «en perfecto estado» que sostenía 46 muertos no era un acertijo de parapsicología, era un tramo deteriorado que nadie sustituyó. De «tremendamente extraño» a «documentado por el Estado» pasaron días. De la explicación esotérica a la contabilidad del mantenimiento, un solo trámite: llamar a la Guardia Civil.

Y entonces llegó el capítulo que convierte el escándalo técnico en escándalo jurídico: la desaparición de pruebas. Adif procedió a retirar y sustituir 42 metros de la vía siniestrada sin autorización del juzgado —de los 36 metros que comunicó, movió el doble—, borrando materialmente la escena que debía explicar a los muertos^[6][7]. La jueza instructora, Cristina Pastor, tuvo que llamar la atención del administrador de la infraestructura pública por haber desmantelado la prueba central del caso: la cadena de mando que debía conservar el cadáver de la vía se lo comió. Y por ese ejercicio de prestidigitación industrial, el ministro y la cúpula de Transportes se asomaron al abismo penal: las acusaciones solicitan hasta tres años de prisión por un presunto delito de encubrimiento^[8], encuadrado en el artículo 451 del Código Penal —el mismo tipo legal que castiga a quien oculta o destruye efectos del delito para favorecer a sus responsables—. Que un Gobierno se enfrente a la acusación de haber borrado pruebas del propio desastre que debía explicar es una frase que este redactor habría rechazado como exagerada hace dos años. Hoy es, literalmente, una providencia judicial.

Mientras la línea estuvo cortada casi un mes, y los billetes alternativos se dispararon —vuelos Málaga-Madrid por encima de los 350 euros—, el Gobierno enseñó a los españoles la última lección de su doctrina: cuando el Estado falla, el mercado rescata con precios de emergencia y el ciudadano paga dos veces — con la vida en el tren y con la cartera en el avión. En la cátedra de este Gobierno, el ferrocarril vive su mejor momento de la historia: lo están contando los muertos, el informe de la CIAF, una providencia judicial y un titular de prisión. Ojalá el ministro, la próxima vez que algo le resulte «raro y difícil de explicar», pruebe con lo que funciona desde el siglo XIX: preguntar al maquinista, no al misterio.

La fiscalidad del relato: «va como un cohete» y la recaudación récord

Pasemos a Hacienda, donde la memoria del Gobierno presenta amnesias selectivas de manual. En mayo de 2024, el presidente acuñó la comparación que resumía el relato: «La economía española no va como una moto, va como un cohete»^[11]. Cohete, se dice. Con la solemnidad de quien confunde el PIB con la nómina de la gente. Y esa promesa de no tocar los impuestos a la «clase media y trabajadora» viajó por todas las campañas avec la solemnidad de los juramentos. La realidad posterior es una lista de la compra: nuevos gravámenes a la energía y a la banca, el impuesto de solidaridad para rentas altas, y una gimnasia de deflactaciones selectivas que dejaron a millones de asalariados subiendo de tramo del IRPF sin que nadie lo llamara subida de impuestos — porque, entiéndase, no fue el Gobierno quien los subió: fue la inflación, esa colaboradora que también es de su partido cuando conviene.

Pero aquí el expediente ya no se apoya en estimaciones de think tanks adversarios: está confesado. El propio Gobierno lo reconoció ante la Comisión Europea en su Informe de Progreso Anual: la negativa a deflactar el IRPF aportó 2.300 millones de euros extra en 2025 — 1.137 millones al Estado y 1.157 a las comunidades autónomas —^[13][14]. Dinero que entra en las arcas públicas sin que el Congreso haya votado subida alguna: lo paga la inflación por el ciudadano^[15]. Y no es un ejercicio puntual: la Airef proyectaba hace un año que esta estrategia aportaría cerca de 1.800 millones anuales hasta 2031, y el Registro de Economistas Asesores Fiscales calcula que un asalariado medio ha pagado 820 euros adicionales entre 2022 y 2025 por este silencio presupuestario^[16]. En un lustro de negativas, la factura acumulada ronda los 30.000 millones de euros^[12] — casi 40 subidas en frío de la tarifa, según el cálculo de los analistas.

El resultado contable es el que ningún comunicado niega: 2025 cerró con 325.035 millones recaudados, un 10,4% más, el quinto récord consecutivo^[12][17], y el propio Ministerio reconoció que los trabajadores pagaron 1.682 millones más solo por el efecto de la inflación en la tarifa^[18]. El Consejo General de Economistas lo tradujo a carnes humanas: un contribuyente de 30.000 euros paga unos 350 euros más, y uno de 70.000, unos 760, por la resistencia a adaptar el impuesto a una inflación acumulada superior al 18%^[19]. Hay una palabra para cobrar más a quien gana lo mismo en términos reales: se llama exprimir sin firmar. Y al contribuyente que lo señala se le contesta con la estadística del empleo, que nos lleva a la siguiente realidad paralela.

El pleno empleo que conviene mirar de perfil

«Pleno empleo histórico», «el mejor mercado laboral de la democracia», repetían los portavoces con la satisfacción del que lee titulares en vez de nóminas. Hay crecimiento de ocupación, cierto — pero la estructura del milagro tiene un andamiaje que el Gobierno se resiste a mostrar: los fijos discontinuos. El análisis de CEPREDE de enero de 2026 cifra la anomalía: 860.000 fijos discontinuos apuntados al paro — más que los que están trabajando en esa situación —, trabajadores que no cobran ni trabajan pero que la estadística oficial no contabiliza como paro^[20]. Es el maquillaje estadístico que permite celebrar cifras de paro mientras el SEPE archiva desesperaciones con trámite administrativo. Pedir el desglose de esa figura al Ejecutivo es pedirle a un mago que enseñe el sombrero: te explica su importancia histórica, nunca su interior.

Y es que el método es siempre el mismo en toda la legislatura: no negar el dato incómodo —eso exigiría discutirlo—, sino diluirlo bajo un titular brillante. La amnistía se disolvió en «normalización»; la inflación que exprime el IRPF, en «la economía va como un cohete»; las cancelaciones de trenes, en «el mejor momento de la historia»; el paro maquillado, en «pleno empleo». Cada mentira individual es discutible para un tribunal de hechuras; el conjunto, no: es una arquitectura.

«Activistas de la mentira»: la cruzada que cruzó el charco

Si el lector cree que el relato se queda en lo doméstico, es que no siguió al presidente a Nueva York. En septiembre de 2024, en plena Semana de Alto Nivel de la ONU, Sánchez llevó al escenario internacional el mensaje central de su «Plan de Acción por la Democracia» — el paquete regulatorio sobre medios que la prensa libre y la oposición no dudaron en llamar plan de censura — y lo vendió como receta global para salvar las democracias^[23]. El foro lo coorganizó con su socio brasileño Lula da Silva, apenas un mes después de que Brasil —gobierno amigo, se entiende— bloqueara la red social X en todo su territorio^[23]. Se fue a aprender del maestro y volvió, se ve, con apuntes sobre el candado.

En la tribuna de la Asamblea General, el presidente diagnosticó que la democracia «no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda», porque se enfrenta a «activistas de la mentira, los bulos y el odio, dispuestos a partir en dos las sociedades para imponer su agenda regresiva»^[24][25]. Piense el lector un instante en la arquitectura de la frase: la «mano atada» que exige soltar es, traducida al castellano llano, la mano que impide al poder regular quién habla y quién calla. Y en el foro España-Brasil lo explicitó sin metáforas: «los ciudadanos tienen que saber quiénes son los propietarios de los medios de información»^[26] — la transparencia, ese principio noble, anunciada por el Gobierno que jamás ha explicado quién redacta su argumentario matutino ni con qué criterios se reparten las ruedas de prensa. En su comparecencia ante los corresponsales, remachó que «el Gobierno de España no va a renunciar a hacer sus deberes»^[27]. Los deberes, entendemos, se hacen en el aula de los demás y con el pupitre ajeno.

Y cuando en 2026 la crisis de Ceuta golpeó al Gobierno por todos los flancos, el método alcanzó su versión magistral: el presidente halló a los culpables en el mapa internacional —Rusia, Israel y una presunta «internacional ultraderechista»—, exonerando de raíz al régimen vecino^[28], mientras los atestados y los informes policiales decían otra cosa muy distinta. La desinformación, en el mundo del relato, jamás es del Gobierno: es siempre un espejo que solo refleja al adversario. Vigile el lector a quien le habla de los bulos con la tribuna de la ONU de fondo: en este manual, quien define la mentira administra la verdad.

El manual: cómo se sostiene una realidad paralela

Hecha la hemeroteca, destilemos el método, porque el talento de este Gobierno no está en mentir — todos mienten — sino en la ingeniería con la que sostiene la mentira una vez destapada:

Primero: negar con énfasis moral. No decir «quizá exageré», sino «jamás en la vida», con la ofendida dignidad del que sabe que la grabación existe.

Segundo: cambiar el marco, no el hecho. No se desmiente la amnistía: se rebautiza como «normalización». No se corrige la web de Renfe: se abandona a su suerte mientras se anuncia una nueva. El término nuevo nunca es una corrección: es una migración.

Tercero: multiplicar los fuegos. Cada semana un titular nuevo, una polémica nueva, un enemigo nuevo. El que quiera seguir la pista de la mentira de ayer tiene que renunciar a la de hoy.

Cuarto: criminalizar al que recuerda. Quien cita la hemeroteca es un «neofranquista», un «golpista», un nostálgico del pasado. Recordar se convierte en delito de lesa modernidad.

Quinto: aguantar. El tiempo, dice el manual, borra todo. Y aquí es donde el método encuentra su límite, porque la hemeroteca no es de la derecha ni de la izquierda: es del que sabe leer.

La verdad como acto de higiene

Se dirá que todos los gobiernos han mentido, y es cierto: la política, como la humanidad, no conoce la inocencia. Pero hay una diferencia entre la mentira del poder que quiere sobrevivir y la mentira industrial que se convierte en método de Estado: la primera es una debilidad; la segunda, una doctrina. Esta legislatura ha establecido doctrina: que la Constitución estira si hay siete escaños de por medio; que el ferrocarril puede vivir su mejor momento mientras descarrila en los andenes; que cobrar más a quien cobra menos es «progresismo»; que la censura existe cuando la decreta el enemigo y deja de existir cuando la deniega el Gobierno.

Frente a eso no hace falta profecía ni caricatura: basta el archivo. Las fechas, las frases, los hechos. La hemeroteca no insulta: documenta. Y en un país donde la verdad se ha convertido en material maleable, leer el pasado con atención es el más militante de los actos cívicos.

Porque los pueblos no se equivocan tanto por creer mentiras como por cansarse de comprobarlas. Esta casa no se cansa. Y mientras exista un archivo donde las frases del poder quedan grabadas contra su voluntad, ningún «mejor momento de la historia» estará a salvo de su peor momento: la comparecencia ante el registro escrito. Que teman, pues, a la hemeroteca. Es la única oposición que no necesita escaños: solo memoria.