El horror rara vez se instaura mediante un golpe de Estado; suele llegar envuelto en expedientes administrativos, comités de ética y palabras amables como «compasión» o «alivio». Lo que acaba de certificar el Comité de Revisión de la Eutanasia (RTE) de los Países Bajos no es un acto médico, es la firma oficial de un fracaso civilizatorio. El Estado holandés ha ejecutado legalmente a un niño que aún no había cumplido los dos años, avalando un proceso que dinamita cualquier ficción sobre las «garantías» de las leyes de eutanasia. Cuando un sistema permite que unos padres rechacen los cuidados paliativos para su hijo y busquen desesperadamente a un médico dispuesto a inyectarle un sedante letal, ya no hablamos de muerte digna. Hablamos de exterminio selectivo a la carta.

La anatomía de la víctima y la coartada de la «compasión»

Para entender la magnitud del escándalo, hay que despojar al caso del lenguaje aséptico con el que el Gobierno neerlandés ha intentado sepultarlo. La víctima es un niño de apenas 24 meses. Su «delito»: haber nacido en un estado prematuro extremo (26 semanas) y acarrear graves secuelas neurológicas^[1].

El bebé padecía epilepsia refractaria, parálisis cerebral y un desarrollo cognitivo equivalente al de un lactante de seis semanas. Era, por definición, el exponente máximo de la vulnerabilidad humana. No podía hablar, no podía decidir y dependía enteramente de quienes debían protegerlo. La ley holandesa, ampliada letalmente en 2024 para abarcar a niños de entre 1 y 12 años, exige que para aplicar la eutanasia infantil el sufrimiento debe ser «insoportable» y no debe existir «ninguna alternativa razonable» para aliviarlo. El expediente de este bebé demuestra que esa exigencia es papel mojado.

El dictamen que Holanda quiere ocultar: La medicina dijo «NO»

El relato oficial de que la inyección letal era «la única salida» salta por los aires al analizar el proceso de autorización. El médico encargado, alineado con el deseo de los padres de terminar con la vida del niño, solicitó la evaluación de un panel independiente de expertos. Este paso es el cacareado «mecanismo de control» que los defensores de la eutanasia esgrimen para asegurar que no habrá abusos.

¿Qué dictaminó ese panel de expertos independientes? Primero, negaron el sufrimiento ininterrumpido, determinando oficialmente que, aunque la epilepsia era grave, el sufrimiento no era constante ni cumplía los requisitos legales de «insoportable y continuo»^[2]. Segundo, ofrecieron alternativas vitales. Concluyeron que, mediante un ajuste farmacológico y un protocolo de cuidados paliativos pediátricos específicos, se podía controlar la epilepsia, reducir el malestar y otorgar al niño una calidad de vida digna. La ciencia médica ofreció una alternativa basada en el cuidado; lo que ocurrió a continuación es un asesinato burocrático.

El «Doctor Shopping»: Comprando una sentencia de muerte

Ante el rechazo formal de los especialistas, la reacción de los padres y del primer médico no fue abrazar la vía paliativa. Su decisión fue rechazar de plano los cuidados paliativos y buscar a otro médico que les diera la respuesta que querían oír. En bioética, esta práctica se conoce como doctor shopping (ir de consulta en consulta hasta encontrar a un facultativo que firme el diagnóstico deseado). En este caso, buscaban un ejecutor.

Llamaron a puertas hasta encontrar a un médico dispuesto a contradecir al panel de expertos. Este tercer facultativo certificó que el niño sufría sin remedio y procedió a administrarle una sedación profunda con inductores del coma que terminaron provocándole la muerte por asfixia y parada cardiorrespiratoria.

El mensaje que consagra este acto es aterrador: si un médico te dice que tu hijo puede vivir sin dolor mediante cuidados paliativos, la ley te ampara para ignorarlo, rechazar el tratamiento y buscar a otro médico dispuesto a matarlo.

El blanqueamiento del Estado y la eugenesia institucional

El último eslabón de este drama es el papel del Estado. El Comité Regional de Revisión de la Eutanasia (RTE) ha emitido recientemente su informe validando el procedimiento a posteriori, dictaminando que el médico ejecutor actuó «con el debido cuidado»^[3]. Al avalar este caso, el Estado neerlandés ha establecido un precedente jurídico monstruoso.

Por un lado, sentencia que los mecanismos de control son optativos: si un panel te deniega la eutanasia, puedes sortearlo buscando a otro médico. Por otro, dictamina que el derecho de los padres a deshacerse de un hijo discapacitado prima sobre el derecho del hijo a recibir cuidados. La eutanasia deja de ser el último recurso y se convierte en la primera opción de eliminación.

El abismo bioético: La resurrección de las «vidas indignas»

En los años 30, la propaganda utilitarista acuñó el término Lebensunwertes Leben («vidas indignas de ser vividas») para justificar la eliminación de niños con graves discapacidades, argumentando que suponían una carga económica y emocional inasumible. Hoy, bajo el disfraz de la «autonomía» y la «compasión», Europa está resucitando exactamente el mismo postulado.

Si la sociedad acepta que la discapacidad extrema o el daño neurológico son motivos válidos para que un tribunal administrativo firme la orden de ejecución de un bebé de 24 meses, ninguna vida vulnerable está a salvo. Lo que hoy empieza con un bebé prematuro extremo, mañana se aplicará al adulto con Alzheimer en fase temprana o al anciano que siente que es «una carga» para sus hijos. Un país que invierte más esfuerzo legislativo en garantizar la eliminación rápida de un bebé enfermo que en financiar sus cuidados paliativos es, en el sentido más estricto de la palabra, un país fallido.

Fuentes y referencias del expediente

[1] Base de datos del Comité de Revisión de la Eutanasia de los Países Bajos (RTE): Expediente de ampliación de la Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia (2024) para menores de 1 a 12 años, aplicado a infante de 24 meses con secuelas de prematuridad extrema. Volver ↑

[2] Dictamen del panel médico independiente (segunda opinión obligatoria): Rechazo a la solicitud de eutanasia por ausencia de sufrimiento continuo y existencia de alternativas viables mediante cuidados paliativos pediátricos. Volver ↑

[3] Resolución de la Junta de Revisión Regional (Septiembre 2026): Aprobación a posteriori del procedimiento letal tras la aplicación de inductores del coma por un tercer facultativo, validando el rechazo paterno a las alternativas médicas. Volver ↑