Apenas restan unas semanas para que las urnas dicten sentencia sobre la legislatura más oscura de nuestra historia reciente. En este tiempo de descuento, el sanchismo acelera la consumación de su obra maestra: la destrucción sistemática de la soberanía nacional en todas sus vertientes. Hoy, el campo de batalla no está solo en los tribunales o en las aguas del Estrecho; está en nuestras despensas y en las tierras cuarteadas de Almería, Murcia y el Levante español. Bajo el dogma fanático de la Agenda 2030, el Gobierno actúa como un sicario burocrático contra nuestros agricultores, asfixiándolos con normativas inasumibles, mientras abre de par en par las aduanas a toneladas de productos marroquíes rociados con pesticidas prohibidos. No es incompetencia; es traición premeditada. Es la genuflexión definitiva ante un régimen alauita que ha aprendido que a Madrid no hace falta invadirla militarmente: basta con comprar su silencio en los despachos mientras nos envenenan el plato.

El exterminio planificado del campo español

La izquierda institucional lleva años librando una guerra cultural y económica contra el sector primario. Para los urbanitas que redactan decretos desde el Paseo de la Castellana, el agricultor español es un sujeto incómodo: independiente, arraigado a su tierra, ajeno a las subvenciones clientelares del progresismo y, sobre todo, dueño de los medios de producción alimentaria. Por eso había que doblegarlo. Y la excusa perfecta la proporcionó el Pacto Verde Europeo, un dogma que ha servido de coartada para imponer la mayor reconversión salvaje del campo de nuestra historia^[1].

El Ministerio para la Transición Ecológica no ha gestionado la sequía; la ha instrumentalizado. Ha clausurado trasvases vitales, ha impuesto recortes letales en el regadío del Levante y ha criminalizado el uso de fertilizantes que garantizaban la viabilidad de las cosechas. A nuestros productores se les exige cumplir con los estándares sociolaborales, fitosanitarios y burocráticos más estrictos del planeta. Producir un tomate en Almería es hoy un ejercicio de heroísmo que roza el martirio financiero.

Pero aquí radica la trampa monumental: si Europa y Moncloa estuvieran realmente preocupadas por la salud del consumidor y del planeta, estas exigencias serían universales. La realidad es que, mientras estrangulan al agricultor patrio hasta llevarlo a la ruina o al abandono de sus tierras, los puertos españoles sirven de alfombra roja para la agroindustria de Marruecos, donde las normativas laborales son propias del siglo XIX y el uso de venenos químicos está a la orden del día.

Ruleta rusa en la aduana: la salud pública como moneda de cambio

Lo que entra por nuestras fronteras sur no es competencia desleal; es, en demasiadas ocasiones, un atentado directo contra la salud pública que el Gobierno tolera con una pasividad que hiela la sangre. Las alertas emitidas por el sistema europeo RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) se han convertido en un parte de guerra semanal. Fresas marroquíes contaminadas con Hepatitis A —fruto del uso de aguas fecales para el riego—, tomates cargados de clorpirifos, un insecticida neurotóxico terminantemente prohibido en la Unión Europea por su letalidad, o judías verdes repletas de pesticidas ilegales^[2].

¿Cuál es la respuesta de nuestro Ministerio de Agricultura y Sanidad? El silencio cómplice. Pedro Sánchez, atrapado en un laberinto de chantajes e intereses inconfesables que nacen en el contenido de los teléfonos móviles hackeados y mueren en los oscuros despachos de Rabat, ha ordenado mirar hacia otro lado. El Gobierno prefiere someter a las familias españolas al riesgo de ingerir neurotóxicos y virus hepáticos antes que causar la más mínima «fricción» diplomática con Mohamed VI.

Esta es la consumación del plan de Mohamed VI y Pedro Sánchez: la dependencia de Marruecos no es una anécdota diplomática, es una espada de Damocles que atraviesa nuestro territorio. Nos chantajean con oleadas de inmigración ilegal en Canarias, nos humillan con maniobras navales frente a Ceuta y Melilla, y ahora liquidan nuestra soberanía alimentaria apoderándose de los lineales de nuestros supermercados.

La tibieza en Bruselas: el pecado original de la oposición

Sería intelectualmente deshonesto cargar todas las culpas exclusivamente en el sanchismo. Ante este exterminio del sector primario, la derecha institucional ha demostrado, demasiadas veces, una tibieza diplomática desesperante. Los líderes populares acuden a las manifestaciones de tractores en España para hacerse la foto de rigor, pero sus eurodiputados en Bruselas han sido cómplices necesarios de la arquitectura legal que nos asfixia.

Votar a favor del grueso de las normativas del Green Deal europeo y de los tratados de libre comercio desregulados, para luego lamentarse en los mítines autonómicos de la ruina de Murcia o Valencia, es un ejercicio de esquizofrenia política que el electorado ya no tolera. Frente a la agresión brutal de Bruselas y Rabat, no valen los matices ni las mesas de diálogo. O se está con el campo español y se exige el cierre inmediato de fronteras a productos extracomunitarios que no cumplan la «cláusula espejo» (mismas obligaciones fitosanitarias), o se es cómplice de la demolición.

La Regla del Espejo: Roma defiende la tierra, Madrid la vende

Como siempre, la luz que evidencia nuestras sombras viene del extranjero. Si aplicamos la Regla del Espejo Internacional, el contraste con la soberanía que ejerce Italia es sencillamente abrumador. Mientras el Gobierno español se dedica a criminalizar la carne y a abrir las puertas a los tomates tóxicos, el Ejecutivo de Giorgia Meloni ha convertido la defensa del sector primario en una cuestión de Seguridad Nacional^[3].

Italia no solo ha prohibido por ley la producción y venta de carne cultivada en laboratorio para proteger a su sector ganadero, sino que ha establecido bloqueos férreos y controles exhaustivos a cualquier producto extracomunitario que amenace el prestigioso sello del «Made in Italy». En Roma han comprendido que una nación que no puede alimentarse a sí misma con garantías es una nación esclava de terceros. Y no piden perdón a Bruselas por ello. Defienden su tierra con los dientes. Aquí, por el contrario, Pedro Sánchez actúa como el relaciones públicas de la agroindustria marroquí.

A las urnas contra la traición

Estamos a menos de treinta días de las elecciones anticipadas. Las encuestas hierven, el nerviosismo se apodera de los pasillos de La Moncloa y la maquinaria de fango mediático gubernamental trabaja a pleno rendimiento para distraer la atención de los españoles. Nos hablarán de alertas antifascistas, desenterrarán fantasmas del pasado y fabricarán crisis de identidad para que olvidemos lo esencial.

Pero el elector no debe olvidar. Cuando acuda al colegio electoral, debe recordar la imagen de miles de hectáreas de invernaderos almerienses abandonados. Debe recordar los controles de aduana laxos y las fresas contaminadas que acabaron en los comedores escolares. Debe recordar el orgullo de nuestros agricultores pisoteado por los sicarios de asfalto del Ministerio de Transición Ecológica.

La soberanía nacional empieza en la mesa. Un Gobierno que persigue con saña burocrática a quien cultiva la tierra en España, pero enriquece a la tiranía vecina tolerando sus venenos, ha perdido cualquier rastro de legitimidad moral para exigir obediencia. España apaga el futuro mientras el mundo lo enciende, y envenena a los suyos mientras rinde pleitesía al chantajista. En las próximas semanas no elegimos solo un presidente; elegimos entre recuperar el control de nuestra tierra y nuestra salud, o resignarnos a ser el vasallo sumiso, enfermo y arruinado del sur de Europa. La guillotina verde del sanchismo ya está afilada; es hora de que las urnas la hagan saltar por los aires.