El asalto a la toga: 500 plazas judiciales como golpe de Estado encubierto

En las democracias consolidadas, el poder judicial es el último dique de contención frente a la tiranía; bajo el sanchismo, es simplemente la próxima institución a colonizar. La aprobación por la vía de urgencia de medio millar de plazas para jueces y doscientas para fiscales, a escasas semanas de unas elecciones anticipadas y con el cerco de la corrupción asfixiando a Moncloa, no responde a un repentino celo por desatascar los tribunales. Es una maniobra de asalto institucional perpetrada con alevosía y nocturnidad. Diluir la independencia judicial inundando la carrera con perfiles moldeados ad hoc es la consumación definitiva de la expropiación silenciosa: arrebatarle al ciudadano la garantía de una justicia imparcial utilizando, precisamente, el presupuesto del Estado.

La aritmética de la impunidad sanchista y el horizonte del 29-N

Para comprender la magnitud de esta ofensiva, es necesario abandonar la ingenuidad y analizar el calendario electoral y judicial. El Ejecutivo no legisla para las próximas generaciones, legisla para su propia supervivencia penal. Con el Tribunal Supremo admitiendo a trámite la exposición motivada para investigar al exministro José Luis Ábalos, y la trama del «Caso Koldo» amenazando con derribar los cimientos mismos del Partido Socialista^[1], el Gobierno de Pedro Sánchez necesita magistrados afines, y los necesita ahora.

La creación exprés de 500 plazas para jueces y 200 para fiscales no es una reforma estructural dictada por las necesidades de la administración de justicia. Es una inyección de tropas en territorio enemigo. Mediante la alteración de los ritmos de acceso, la flexibilización de los criterios de evaluación y la urgencia inusitada del decreto, el sanchismo busca diluir el cuerpo de magistrados independientes. Se trata de un golpe de Estado a cámara lenta, diseñado no con tanques en las calles, sino con el Boletín Oficial del Estado en la mano.

Esta operación se enmarca en la misma ingeniería institucional que ha fijado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Moncloa ha calculado la fecha de los comicios milimétricamente para que el censo aplicable sea el cerrado a 1 de agosto, apenas veinticuatro horas antes de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente la «Ley de Nietos»^[2]. Manipulan el reloj electoral para garantizarse un caladero de votos dopado y, simultáneamente, manipulan la estructura judicial para asegurarse la impunidad posterior. Cuando el poder político diseña a medida a quienes han de juzgarle y a quienes han de votarle, la separación de poderes deja de existir para dar paso a la autocracia.

El espejo polaco: la purga marxista que Bruselas aplaude

Si alguien alberga dudas sobre la hoja de ruta del progresismo continental, basta con aplicar la lupa sobre la Europa del Este. Lo que Pedro Sánchez intenta en España es una réplica exacta, aunque a escala industrial, de lo que el europeísta Donald Tusk ha intentado perpetrar en Polonia hace apenas unos días.

Allí, bajo el aplauso cómplice de la burocracia de Bruselas —siempre dispuesta a mirar hacia otro lado cuando el atropello lo comete la izquierda globalista—, Tusk trató de forzar la imposición de una candidata a juez de perfil marcadamente marxista y activista. Su objetivo era saltarse los procedimientos, quebrar la independencia de la corte y colonizar la más alta magistratura con un peón ideológico. Un intento de asalto brutal que, afortunadamente, se ha estrellado contra la resistencia institucional de una nación que sabe perfectamente lo que significa perder su libertad bajo el yugo de regímenes totalitarios.

El contraste es demoledor. Mientras las instituciones polacas resisten el embate del globalismo disfrazado de «regeneración democrática», en España el Ejecutivo avanza sin freno. Ursula von der Leyen y las élites comunitarias asisten en silencio a la creación exprés de 700 plazas judiciales al dictado de un partido acorralado por la corrupción. Bruselas exige «Estado de Derecho» y emite severos apercibimientos únicamente cuando gobiernan los conservadores; cuando es la izquierda quien desmantela la justicia desde el Consejo de Ministros, la Unión Europea responde con fondos de cohesión y palmaditas en la espalda.

La expropiación silenciosa de la balanza judicial

Esta maniobra representa la fase superior de lo que en esta redacción denominamos la Doctrina de la Expropiación Silenciosa. Tradicionalmente, hemos denunciado cómo el Estado asfixia a la clase media mediante impuestos y negativa a deflactar el IRPF, expropiando el ahorro privado para que el ciudadano actúe como escudo social gratuito. Sin embargo, el asalto a la toga va un paso más allá: expropia el derecho fundamental a un arbitraje neutral.

El ciudadano paga rigurosamente sus impuestos esperando sostener una arquitectura institucional que lo proteja de los abusos del propio Estado. Al inundar la judicatura con una hornada de magistrados y fiscales seleccionados bajo el paraguas de la urgencia política sanchista, el Gobierno utiliza el dinero del contribuyente para desmantelar la única defensa que le queda a ese mismo contribuyente. Es el secuestro perfecto: te obligan a financiar el tribunal que, llegado el momento, avalará los atropellos de quienes lo nombraron.

La tibieza institucional frente al rodillo ideológico

En este escenario de asedio total, la postura de la oposición oficial resulta desoladora. La derecha institucional, atrapada en su habitual tibieza y aquejada de un déficit crónico de coraje, asiste a este desmantelamiento de la Justicia emitiendo quejas procedimentales y apelando a consensos con un sanchismo que dinamitó las reglas del juego hace años. Siguen creyendo que frente a un golpe de Estado encubierto basta con presentar un rutinario recurso de amparo ante un Tribunal Constitucional previamente colonizado, y sentarse a esperar a que el temporal amaine.

No se puede combatir el asalto a la toga con complejos ni con garantismo burocrático. Cuando el adversario político utiliza su estancia temporal en el poder para dinamitar la carrera judicial y garantizarse la impunidad futura frente al «Caso Koldo» y derivados, la respuesta no puede ser un ruego de moderación; debe ser la confrontación política, jurídica y cultural total. Al César lo que es del César: solo quienes denuncian sin eufemismos que nos encontramos ante una voladura de la soberanía nacional están a la altura del momento histórico.

El próximo 29 de noviembre, las urnas no solo deben juzgar la ruina fiscal de los trabajadores o la claudicación sistemática de este Gobierno ante intereses extranjeros. Deben detener en seco la expropiación de la Justicia. Inundar los tribunales con medio millar de plazas creadas al dictado de la urgencia política es el último acto de un Ejecutivo que sabe que su destino final no está en los escaños del Parlamento, sino en el banquillo de los acusados. Si la nación consiente que el delincuente diseñe a su propio juez, España habrá dejado de ser un Estado de Derecho para convertirse, definitivamente, en un cortijo con bandera.