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Un tal Zapatero, muy conocido en su casa y en Venezuela, sangrienta dictadura que apoya mucho, promulgó una inicua ley del aborto, que generaliza su utilización, como si de una prestación más de la seguridad social se tratase. (Ley 2/2010, y estamos en 2019, nada menos).
Detrás estaban las feministas radicales con su “nosotras parimos, nosotras decidimos”, “tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, etc., como si el pobre niño concebido e indefenso en el vientre de su madre, no tuviera derecho alguno-
Rajoy, otro inútil y diletante de cuidado, adoptó la decisión salomónica de elevar el asunto al Tribunal Constitucional, planteando una cuestión de inconstitucional.
Después, con la satisfacción de haberse sacado el problema de encima, se fumó un puro, leyendo El Marca, con los pies repantigados sobre la mesa, y la alegría de la “obra bien hecha”, en la seguridad de que llevar un asunto al Constitucional era lo mismo que permitir el asesinato de más de cien mil niños anuales, sobre todo si se presiona debidamente al citado “no tribunal”, para que ejerza funciones prostitucionales, y guarde el asunto en la caja fuerte, cerrada con llave.
¿Cuántos años han pasado desde entonces? Casi una década, pero eso no importa.
El septenio negro del PP se negaron a promulgar una nueva ley del aborto, diciendo que había que esperar a ver que decía el Constitucional, o el Prostitucional, y aquí paz y después gloria.
¡Y mientras tanto, unos ochocientos mil niños, de esos que iban a pagarnos las pensiones, eran asesinados en el vientre de esas mujeres que, al menos en teoría, deberían ser sus madres!
Como jurista debo respetar y respeto al Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, etc., pero como ciudadano, siento discrepar.
Ya desde la Sentencia del “caso Rumasa”, la credibilidad del Tribunal quedó en entredicho, y esas dudas sobre su actuación quedaron corroboradas por la sentencia sobre el inconstitucional “estatuto de autonomía de Cataluña”, concesión del trágico felón Zapatero, promulgada con casi siete años de “estudio”, de forma que en el ínterin las Generalidad aprovechase para crear unas estructuras de estado, promulgado numerosas leyes autonómicas, abierta y claramente inconstitucionales.
Mientras tanto los magistrados del Constitucional tienen la desfachatez de dictar sentencias urgiendo a los magistrados y jueces de la justicia española a dictar sus resoluciones en tiempos razonables.
¡Consejos tengo, que para mí no tengo!
¿Tiene sentido mantener un tribunal absolutamente inútil, que es incapaz de coger el toro por los cuernos del mayor problema que tiene la sociedad española, el asesinato de más de cien mil niños anualmente y desde hace casi una década?
Yo creo que no.
Estos señores se van a morir, de puro viejos, o se irán a sus casas, después de disfrutar de sus nueve años de canonjía, sin hacer el trabajo por el que los españoles les pagamos más de 150.000 euros anuales, coche oficial, con chófer y escoltas, etc.
Vamos, que todos y cada uno de ellos nos está saliendo más caro que un hijo tonto, y a cambio de nada, o casi nada.
Abogado y escritor.
