Pedro Sánchez se empeñó en abrir una vía de diálogo estable con los independentistas catalanes «para dar una solución política a un problema político», aunque ésta sobrepasase la Constitución. Era el pago al apoyo recibido en la moción de censura que le llevó a La Moncloa por los partidos que protagonizaron los graves sucesos de octubre de 2017, cuyos dirigentes están procesados por ello. La crisis actual se define porque Gobierno y Generalitat señalan a «las derechas» como responsables de la falta de diálogo. Es evidente que los independentistas prefieren a Sánchez y por eso lo hicieron presidente. Ese es el origen de la situación de bloqueo en el que se encuentra el Gobierno y su entrega a la agenda del «proceso»: los Presupuestos se aprobarán o no en función de los intereses desestabilizadores de los secesionistas. ç

Sánchez está dando muestras de que es capaz perpetuarse en La Moncloa con una minoría irrisoria y apoyándose en unos partidos cuyo único pretensión es conseguir el derecho de autodeterminación; unos lo quieren mañana y otros, pasado mañana. El independentismo en todas sus versiones –ERC, PDeCAT, Torra, Puigdemont, la Crida, Òmnium, ANC– no tiene más interés que desacreditar la democracia española.

Por parte de la Generalitat no ha habido el menor gesto de rectificación sobre la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, o sobre la liquidación de la Constitución y el Estatuto el 6 y 7 de septiembre, hechos que supusieron un verdadero golpe a la legalidad democrática. Es más, insisten en que lo volverían hacer; otra cosa es que lo ratifiquen ante el Tribunal Supremo, donde serán juzgados a partir del próximo día 12. Por contra, el Gobierno de Sánchez ha aceptado las reglas del juego marcadas por el gobierno catalán: hablar de todo, incluido el reconocimiento al derecho de autodeterminación y la bilateralidad. Para ello, para poder establecer un marco en el que España y Cataluña representen dos entidades políticas diferenciadas con un problema de «encaje»», para unos, y de «falta de libertad», para otros, la última concesión a la Generalitat es el nombramiento de un «relator» o mediador para la mesa de partidos que deberá abordar la supuesta «solución política».

Sin embargo, en esta ocasión Sánchez ha sobrepasado una línea roja. Ha incumplido lo que se le exige a cualquier presidente del gobierno: la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y no puede fraccionarse para contentar la exigencias de los independentistas. Un «relator» que intermedie entre los partidos políticos catalanes para buscar una solución es dar carta de naturaleza a una figura que sólo aspira a consagrar a la Generalitat como una entidad política al margen de España. Sabemos que el nacionalismo ha construido su asfixiante hegemonía en la política catalana peldaño a peldaño y siempre con la buena voluntad del gobierno de España. El «relator» es una figura confusa y peligrosa, que ha provocado una justificable alarma en los partidos de la oposición, PP y Cs, pero también en destacados miembros del PSOE, como Emilio García-Page, presidente de Casilla-La Mancha, y Javier Lambán, presidente de Aragón. El desconcierto provocado ha obligado a la vicepresidenta Carmen Calvo a comparecer, lo que no aclarado nada de la función de ese mediador, ni siquiera de la «mesa de partidos». Esto sí, en su mensaje quedó claro que la responsabilidad por la falta de diálogo con Cataluña es de los partidos que no quieren estar presentes en este órgano, PP y Cs. Esta mesa, a la que asisten los partidos con representación en el Parlament –PDeCAT, ERC y Catalunya en Comú, además del PSC–, es algo insólito porque es en el Parlament donde debe tratarse todos los asuntos que interesan a los ciudadanos, incluidos los políticos, mientras la actividad de la cámara está bajo mínimos instrumentalizada por el «proceso». Es en el Parlament donde se debe debatir, con luz y taquígrafos, sin necesidad no de mediadores.

La situación creada tras la propuesta de elegir un «relator» es aún más confusa tras la respuesta de la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que en plena polémica afirmó ayer que la mesa de negociación debe hacerse con partidos estatales, además de una «figura notarial» que certifique los acuerdos alcanzados. Sánchez debería ser consciente que la ausencia de PP y Cs no es algo menor y lo seguirá siendo para dar forma política a cualquier acuerdo entre los partidos, todos formaciones soberanistas, salvo la siempre ambigua posición de los socialistas catalanes.

Los tiempos de Sánchez sólo responden a su propia supervivencia política, a prolongar su estancia en La Moncloa y ayudarse de los resortes de poder que le ofrece para convocar elecciones cuando las encuestas le sean favorables. Hemos repetido muchas veces que Sánchez no debería haber sido presidente con 84 diputados y el apoyo de los que quiere liquidar la Constitución de 1978. Por el interés de España, debe convocar elecciones de manera inmediata.