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Economía

Alarma de desaceleración en la economía española ante la convocatoria electoral

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La ministra de Economía y Empleo, Nadia Calviño
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“La situación de la economía sería más positiva para este año y la perspectiva para 2020 también si tuviéramos ya un Gobierno que diera perspectiva de estabilidad para los próximos cuatro años”. Son palabras de la ministra de Economía a principios de septiembre. En un foro, Nadia Calviño evitaba confirmar si se cumplirían sus propios pronósticos de crecimiento del PIB para este año por encima del actual 2,2%, como había vaticinado dos meses atrás.

Una previsión que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado este martes a la baja, lo que complica que se pueda llegar si quiera al objetivo del 2,2%. La economía española presenta ya signos de ralentización que se agravarán en los meses siguientes debido a la convocatoria electoral y a la imposibilidad de adoptar reformas estructurales.

Las comunidades autónomas ya se están viendo afectadas por la situación de interinidad del Gobierno. Como no puede adoptar medidas ejecutivas y los presupuestos están prorrogados, tampoco transferirles 7.200 millones de euros que inciden en el bienestar de los ciudadanos, al recaer en políticas de sanidad, educación o servicios sociales.

El bloqueo político está aumentando la morosidad de los gobiernos autonómicos. La semana pasada el Ministerio de Hacienda situó en 4.898,54 millones de euros el importe de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas en junio. Esto significa que en un mes ha aumentado en 429, 75 millones las facturas pendiente de cobro por las empresas que les prestan servicios. Además, el periodo medio de pago también ha empeorado.

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho en COPE que la falta de financiación autonómica está provocando ya retrasos en los pagos de las administraciones a sus proveedores. Al mismo tiempo, ha denunciado que la falta de estabilidad ha provocado que la contratación indefinida esté cayendo al 19% cuando en 2018 crecía a tasas cercanas al 20%.

Según el Ministerio de Trabajo, el paro registrado en agosto respecto a julio ha subido en 54.371 personas. Aunque suele ser un mes malo para el empleo, es el peor dato del mes de agosto de los últimos nueve años. Además, el ritmo de reducción del desempleo se ha frenado en los últimos meses y es menos intenso que hace un año.

Con unos Presupuestos congelados y una deuda que roza el 100% del PIB, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha recomendado a los países sin margen para gastar como España asegurar el recorrido de los estabilizadores automáticos en lugar de elevar el gasto público, esto es, las partidas que aumentarían para paliarla como el subsidio por desempleo.

Los ojos están puestos en Alemania. La principal economía europea no logrará esquivar la recesión técnica y registrará una contracción del PIB del 0,2% en el tercer trimestre, después de que la actividad retrocediese un 0,1% entre abril y junio, según las previsiones del Instituto de Investigación Económica de Alemania (DIW).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha alertado de que Reino Unido entrará en recesión en 2020 en caso de que finalmente salga de la Unión Europea sin acuerdo a partir del 31 de octubre.

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El contexto internacional no es halagüeño. Según la OCDE, el mundo registrará el menor crecimiento en una década. La Organización ha rebajado su previsión para este año en tres décimas, hasta un 2,9%. Y aunque salva a España de la desaceleración general de las grandes economías, “teniendo en cuenta lo extendida que está la incertidumbre actualmente, cualquier cosa que la eleve no es una buena noticia”, ha señalado la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone.

A la situación de las dos mayores economías de Europa hay que añadir la guerra comercial entre China y EE UU y los ataques de Yemen al petróleo de Arabia Saudí, un país desde el que se exporta el 5% del crudo que se consume en todo el mundo.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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