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Tribunales

Anticorrupción pide el archivo de la causa contra Camps en el caso de la Fórmula 1

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Bernie Ecclestone y Francisco Camps, en una imagen de 2009.
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El horizonte judicial de Francisco Camps se despeja. De hecho, después de que una juez archivara el pasado mes de diciembre una de las piezas separada sobre las negociaciones para organizar la Fórmula 1 en Valencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ahora al Juzgado de Instrución número 17 de la capital del Turia el libre sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat y otros ex altos cargos del Consell por supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano para la competición automovilística.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el motivo principal de esta petición de sobreseimiento es por la prescripción de las supuestas irregularidades en las citadas contrataciones, en caso de haberse producido.

Además, la Fiscalía considera que no hay indicios de la comisión de los delitos de malversación y prevaricación agravada, único tipo que permitiría continuar adelante con la investigación, por tener un periodo de prescripción más amplio.

El fiscal Pablo Ponce, que se hizo cargo del caso después del nombramiento de Vicente Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no aprecia delito en el dinero destinado a la construcción del trazado y, en caso de que sí lo hubiera en los aproximadamente 120.000 euros por los que acusaba Torres, estaría ya prescrito.

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Sin perjuicio para las arcas públicas

En cualquier caso, han agregado las mismas fuentes, obra en la causa un informe de la Intervención de la Generalitat que deja patente que la construcción de dicho circuito no supuso perjuicio económico alguno para la Administración autonómica. Una tesis defendida por el propio Camps frente al criterio de la juez, que cifraba el coste para las arcas públicas en 89 millones de euros.

La juez, por contra, acusaba a Camps en el auto de procesamiento de «urdir un plan» con la Fórmula 1 para su proyección política.

La magistrada acordó iniciar procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores al entender que había indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra el expresidente como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias.

Fuentes de la defensa de Camps han explicado que el que fue presidente autonómico no presentará la querella anunciada contra la jueza instructora, siempre y cuando la Abogacía de la Generalitat tampoco presente acusación contra él. En su comparecencia ante los medios del pasado 8 de mayo, Camps auguró que la Abogacía de la Generalitat –«en manos de Ximo Puig y Mónica Oltra, bajo régimen social-comunista», según denunció– va a pedir que le «encarcelen».

La magistrada, que junto al expresidente autonómico procesó a otras quince personas, sostenía que Camps «arrogándose facultades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió con fondos públicos» la construcción del circuito urbano de Valencia que acordó con Bernie Ecclestone, máximo responsable de la Fórmula 1, «urdiendo un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades a personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat y a empresas».

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El exdirigente del PP difiere totalmente de estas consideraciones al entender que se trata de una causa «puramente política». Además , insiste en el «coste cero» de la construcción del circuito para las arcas públicas.

En lo relativo a las investigaciones alrededor del Gran Premio de F1 que se celebró en Valencia, el Juzgado de Instrucción número 2 ya acordó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente de la Generalitat relativa a las negociaciones para la organización de la carrera a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

Por tanto, en caso de archivarse la causa relativa a la construcción del circuito, conforme reclama la Fiscalía, sería la segunda pieza que acaba en sobreseimiento para Camps. Queda, sin embargo, otra investigación abierta también en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital valenciana.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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