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Tribunales

Destapan un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro de pensiones de fallecidos

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La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas en diez comunidades autónomas en una operación en la que han sido arrestados nueve implicados.

Se han identificado a un total de 46 personas como responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, de las que nueve han sido arrestadas, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

En un caso, uno de los presuntos defraudadores llegó a cobrar más de 129.200 euros durante 18 años (de 1999 a 2017). Para obtener el dinero, se hacía pasar por un nonagenario aprovechando su parecido físico con el fallecido y hasta llegó a disfrazarse con ropa de persona mayor y a utilizar un andador.

La mayoría de los implicados eran familiares y en ocasiones amigos que ocultaban la muerte del pensionista a la administración falsificando el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto.

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También solían falsificar los documentos mercantiles o usurpaban la identidad del familiar fallecido para usar sus tarjetas de crédito e incluso llegaron a hacer creer que el difunto vivía en el extranjero. De este modo, tenían vía libre para realizar reintegros en efectivo.

Y para no ser descubiertos en su entorno más cercano engañaban sobre la procedencia de los fondos que manejaban.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias en diferentes puntos del país sobre posibles fraudes a la Seguridad Social.

Con las primeras pesquisas, los agentes pronto averiguaron que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos y descubrieron casos similares en 17 provincias españolas (La Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya).

Generalmente, los presuntos defraudadores solían alegar el desconocimiento del abono de las prestaciones -pese a que hacían uso de ese dinero-, necesidades económicas, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado anteriormente.

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En la provincia de Albacete, se averiguó que un empleado de un banco, donde el fallecido tenía su cuenta, habría cobrado casi 10.000 euros en prestaciones desde 2003 hasta 2017.

La Policía también resalta el caso en Madrid de una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010 y a la que se le abonó indebidamente 91.926 euros durante casi 6 años.

Se descubrieron hasta 209 compras en sus movimientos bancarios, realizadas después de fallecer ésta y, tras investigar el caso, llegaron a la conclusión de que un compañero de piso de la fallecida, también de origen ucraniano, le había robado la tarjeta, que a su vez compartía con varios amigos.

En gran parte de los casos los agentes han realizado informes patrimoniales de los presuntos defraudadores para que se solicitar el embargo de aquellos bienes que se consideren pertinentes, o para que la Justicia pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades generadas.

La operación ha corrido a cargo de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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