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Economía

Huelva no tiene quien recoja la fresa pese a contar con 9.000 parados en el campo

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Hay una Andalucía urbana laboriosa y preparada, fecunda y en continuo desarrollo, en contraste con esa otra Andalucía que hunde sus raíces en el campo. Tanto el agrícola como el de las ideas socialistas, abonadas con el fielmo de estos dos únicos conceptos: el antinomio pobre-rico y las maldades de la derecha.

La Andalucía rural ha sido durante años un vivero de vagos, un foco de telarañas mentales, un nido de votantes subvencionados, un erial improductivo afiliado a las ayudas públicas. Son definiciones acaso irreverentes pero basadas en hechos objetivos que los apologistas de lo políticamente correcto no podrían ocultar a quien se acercara a esos pueblos con instinto crítico.

Andalucía ha soportado casi 40 años de socialismo bolivariano, sólo porque así lo quiso la parte más chusca, inculta, zafia y cortijera de su población, la que mantiene viva la llama guerracivilista, la que vivaquea de bar en bar y la que votaba al PSOE a cambio de un bocadillito y un viaje en autobús a la playa.

No sentimos ningún respeto por esa Andalucía yerma y adoctrinada, de pana y ajo, ajada y carroñera. La Andalucía profunda se empeña en mantener a flote las viejas fórmulas socialistas de convivencia: el chatito en la Casa del Pueblo, el PER en la de todos, el visiteo, la verbena y la tertulia mañanera, con aceite y ajo, en el bar de la plaza, entre jipíos y timbas de dominó. La Andalucía de pana y cebolla, socialista y con un horizonte espacial tan menguado como pobre, no tendrá en nosotros a uno de sus juglares.

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Huelva no tiene quien recoja la fresa

Hace tres décadas, los jornaleros andaluces acudían cada temporada a las campañas de la fresa en Huelva. Llegaban de otras provincias para reforzar la demanda de obra que no cubrían los braceros onubenses. Después, la mano de obra local dejó paso a la foránea con trabajadores rumanos, polacos y marroquíes. Ahora ni siquiera se cubren los puestos con los jornaleros que llegan de fuera. Empresarios y organizaciones agrarias de Huelva temen que la fruta se quede en la planta por falta de manos para su recolección. Buscan trabajadores para la campaña de este año, en la que se estiman alrededor de 90.000 contratos para recoger frutos rojos (fresas, arándanos, grosellas) y cítricos. Pero la primera gran oleada de oferta de empleo ha tenido una escasa respuesta.

La plataforma de Gestión de Empleo Agrario (GEA) sacó el pasado septiembre 10.000 ofertas para trabajadores locales para la temporada de recogida de la fresa, que canaliza llegadas de siete organizaciones del sector. Según el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), solo se han registrado cerca de 600 solicitudes, en un periodo (octubre) en el que el paro agrícola subió un 4% en la provincia onubense. Solo en Huelva hay más de 9.200 desempleados vinculados al sector agrícola.

La situación se repite. En la anterior campaña, se lanzaron 11.900 puestos la recolección y fueron poco más de 800 desempleados locales los que se postularon para cubrirlos.
Contratación en origen

De la cifra total de contrataciones previstas en el campo de Huelva, alrededor de 60.000 trabajadores repiten con las mismas empresas, fidelizándose la relación laboral. En cuanto a la contratación en origen, fórmula que puso en marcha Huelva en la pasada década y llegó a servir de modelo en Europa, el Gobierno ha autorizado ya un contingente de 19.000 temporeras procedentes de Marruecos. El resto de trabajadores necesarios para la recogida, está en el aire de momento.

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Este año se ha adelantado el proceso de selección en origen en unos dos meses, por lo que las primeras temporeras comenzarían a llegar a mediados de diciembre, aunque habrá que esperar para ver finalmente cuántas llegan.

El año pasado, la cifra de desplazadas a la campaña bajó (hasta unas 15.000) respecto a las trabajadoras demandadas ya que hubo contratos que no se pudieron formalizar y mujeres seleccionadas que desistieron en el último momento

Organizaciones sindicales, patronal y el Servicio Andaluz de Empleo tienen lecturas encontradas para explicar la escasa respuesta de trabajadores locales. Comisiones Obreras baraja varios factores, comenzado por una oferta «no suficientemente atractiva» teniendo en cuenta que han de transcurrir cinco meses para trabajar y por un corto periodo de contratación, a lo que añade «los incumplimientos» del convenio colectivo. «Una parte del empresariado no respeta el convenio de aplicación, ni en derechos, ni en salario, ni en jornadas», afirman desde la organización. Pagan jornales «muy por debajo de lo recogido en el convenio o haciendo que los trabajadores realicen jornadas que exceden de las pactadas por convenio y que además no son retribuidas». Según el convenio en vigor, el día se paga entre 42,02 y 43,81 euros (plantadores, recolectores y otras faenas).

Además, el sindicato detecta «prácticas ilegales» en algunos casos, como dar de baja en Seguridad Social a los trabajadores que están de baja médica, con lo que este tipo de situaciones hace que el empleo se perciba «como la última opción para trabajar».

«La patronal agraria ha abonado el salario mínimo casi por obligación buscando la triquiñuela para intentar no hacerlo», mantiene el sindicato, de manera que considera que si se respetase el convenio y se garantizará la aplicación del mismo «probablemente esta oferta sería más atractiva».

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El sindicato coincide con el Servicio Andaluz de Empleo en la herramienta utilizada para lanzar la oferta no es suficiente. Además de difundirlo la oferta en redes sociales se deben utilizar tablones de ayuntamientos, asociaciones y lugares a los que los trabajadores acuden para buscar trabajo.
«No hay interés en trabajar»

«No es de recibo que los empresarios tengan que buscar mano de obra en el extranjero porque no hay interés en trabajar, con miles de puestos ofertados. Resulta penoso que no se incentive la búsqueda activa de empleo en lugar de promover una sociedad subsidiada», manifiesta el presidente de los empresarios onubenses y de Asaja Huelva, José Luis García Palacios. Pide al nuevo gobierno de la Junta que revise la normativa que regula el subsidio agrario.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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