Pedro Sánchez ha conseguido añadir Navarra a su poder territorial, pero el precio ha sido muy alto. Ha permitido que gobierne María Chivite, del PSN, con el apoyo de EH Bildu, lo que a más de uno habrá removido sus convicciones democráticas más profundas. La abstención del partido de Otegi en la investidura que se vota hoy no sólo es determinante para que los socialistas navarros, con apenas 11 diputados de un total de 50, gobiernen, sino que supone la legitimación política de una formación heredera de ETA que no ha tenido el menor gesto de arrepentimiento y celebra la libertad de sus terroristas ante el escarnio de sus víctimas, como hemos visto en Oñate. Sánchez ha permitido que los abertzales ocupen un papel clave en la estabilidad de la comunidad foral, en contra de unos resultados que dieron como fuerza ganadora a Navarra Suma –coalición formada entre UPN, PP y Cs–, con 19 escaños y más de 124.336 votos, frente a los 70.143 obtenidos por los socialistas, que fueron la segunda fuerza.

El escenario que queda tras el pacto con los nacionalistas vascos representados por Geroa Bai –cuya fuerza principal es el PNV– y EH Bildu es la ruptura de una comunidad leal a la Constitución que ha sabido mantener su identidad foral por encima de la supuesta primacía vasca y de su expansión cultural en todo el territorio. Javier Esparza, número uno de Navarra Suma, no pudo ser más elocuente en el primer debate de investidura al preguntarle a Chivite: «¿De verdad merece la pena ser presidenta gracias a los votos de EH Bildu?». No respondió, claro. No podía hacerlo, si no mentía.

Un gobierno en Navarra con el apoyo del nacionalismo vasco es la condición para que Pedro Sánchez pueda, a su vez, contar con el voto del PNV y la abstención del partido de Otegi en su investidura para La Moncloa. Es una permuta inmoral con la que, además, asume el riesgo de que el gobierno navarro dependerá de los siete votos de la izquierda abertzale. Pero la realidad es otra. Los navarros optaron por la constitución, en 1979, de su propio parlamento y, desde 1982, de la Comunidad Foral. Navarra se negó a formar parte del Consejo General Vasco, órgano preautonómico en el que debían estar integrado todos los «territorios vascos», incluso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que falló a su favor, para que quitaran del escudo oficial del País Vasco el de Navarra.

No es, por lo tanto, un tema menor que el nacionalismo vasco se haya convertido en la fuerza central en la comunidad foral, siendo minoritario en escaños. Entre sus empeños está el de dividir a Navarra en dos comunidades, la euskalduna, en el norte, y la española, en el sur, desnaturalizando un hecho mucho más determinante: la comunidad foral ha sido leal a la Constitución. El riesgo ahora es que entre en el juego impuesto por el independentismo catalán y los extraños compañeros de viaje que de manera tan irresponsable –e interesada– ha encontrado en el PNV. Navarra no puede ser una pieza más en la estrategia de crear Estado «plurinacional» en el que tan alegremente juega la izquierda, incluido el PSOE.

Chivite dijo ayer querer gobernar para todos los navarros, que es un principio que queda invalidado partiendo de los aliados en los que se ha apoyado, que buscan la descomposición del régimen constitucional y abrir la vía iniciada por el separatismo en Cataluña. Ni PNV ni EH Bildu han renunciado a su proyecto de euskaldunización de Navarra, guerra cultural que de llevarse a cabo abiertamente se enfrentaría con una realidad innegable: la mayoría electoral, como así se refleja en el parlamento de Pamplona, es mayoritariamente constitucional y española. Sánchez ha tomado una decisión con la que puede asegurarse su continuidad en el Gobierno, pero que puede tener graves consecuencias en la estabilidad territorial.