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Opinión

Mi querida España, qué mal camino llevas

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En pocos días tuvimos dos sentencias del Tribunal Supremo, en teoría la “máxima” instancia Judicial, si no consideramos que el Tribunal Constitucional -del que he dicho muchas veces que, en pura lógica, debería ser una Sala más que “lidiara” lo que atañe a derechos constitucionales- pone en duda esa “supremacía”. Y ambas sentencias, en aras de una “unanimidad” a veces mal entendida para evitar el voto discordante, la polémica está servida.

La primera, la de la exhumación de los restos de Francisco Franco, sobre la que ya opiné en un artículo, dice ahora el gobierno que puede retrasar la su ejecución pese a haber cerrado al culto y visita el recinto de la Basílica, mientras el abogado de la familia anuncia que si el Tribunal Constitucional no contesta en el plazo de 48 horas, ya casi concluido, elevará el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y ya veremos en qué queda todo.

Respecto de la segunda, la relativa al juicio de los cabecillas del “procés” no huidos por el frustrado intento de golpe de Estado de 2017, mucho se ha escrito y dicho ya y más desde el pasado lunes, con opiniones encontradas sobre si lo sucedido en Cataluña en Octubre de 2017 fue rebelión o sedición, pasando por conspiración para la rebelión. Al final se impuso de nuevo la unanimidad y el “veredicto” fue sedición con el añadido para algunos de malversación de fondos y la consiguiente suspensión para ejercer cargo público durante un tiempo equivalente a las condenas. Una sentencia que ni respeto ni dejo de hacerlo -no tengo argumentos jurídicos para hacerlo-, pero que a falta de lectura detallada me rechina porque es lo que me pide mi conciencia, convencido como estaba desde mi modesta perspectiva de que lo visto y escuchado esos días en las calles y en el parlamento catalán eran merecedores de mayor castigo penal como, por otra parte, parece que pedía la Fiscalía, aunque en un supuesto sistema democrático y dentro de un Estado de derecho, no queda otra que acatarla.

Mención aparte merece el feo asunto de que se haya producido una nueva filtración días antes de hacer pública la sentencia, precisamente al diario El País, medio “oficioso” de los gobiernos del PSOE, algo que es más grave si cabe por tratarse de la máxima instancia de nuestra Magistratura que, supuestamente, debiera también ser la que transmitiera máxima seguridad de discreción. Y surge la pregunta obvia: ¿quién filtró la sentencia antes de tiempo? que tiene una respuesta aún más obvia: sólo pudo haberlo hecho alguien del entorno de los magistrados o, lo que es peor aún, alguno de ellos. Según avanzó al respecto El Confidencial “Marchena aseguró que no estaba ‘enfadado, aunque sí ‘disgustado’ por las filtraciones del fallo”, y añadía que “el presidente de la Sala Segunda tiene perfectamente identificado al filtrador, que sería una sola persona… y se trata de un miembro “progresista”del Tribunal Constitucionalque mantiene buena relación con algunos magistrados del juicio, que podrían haberle facilitado, como muestra de confianza y con exigencia de reserva, datos sobre el fallo final”. Ya veremos el recorrido que tiene este grave asunto y si conocemos la identidad del filtrador y del que se lo filtró a él por esa supuesta “confianza” aparentemente traicionada.

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Otra de las cuestiones que han ocupado más tiempo en la crítica de la sentencia es que ésta se torció cuando el gobierno del Dr. Plagio cum Fraude, a través de la Abogacía del Estado sustituyó como representante en el Proceso a Edmundo Bal por Rosa Mª Seoane. El propio Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos lo aclara en una entrevista en Voz Populi: “Yo hice un escrito de sedición con violencia. Hice un borrador de rebelión, uno segundo con malversación y un tercero con sedición con violencia… porque me dijeron que tenía que hacer un escrito con el delito de sedición, y yo describí los hechos como yo entendí que eran: es decir, con violencia amparada en un delito de sedición. Y me amparé en la misma sentencia que ha utilizado el Supremo, a la que alude la juez Carmen Lamela para procesar a Trapero, Laplana y Puig por sedición”, añadiendo que su negativa a eliminar el agravante de violencia “es el motivo y única razón por la que me cesaron… me negué a quitar del escrito de acusación los hechos que se referían a la violencia. Hechos violentos que resultaban con toda claridad en la fase de instrucción de la causa”. Y apostilla: “Si a mí en aquel momento me dejan presentar ese escrito de sedición con violencia, en donde vaticinaba que la sedición y la malversación se encontraban en concurso medial con la sedición e intuía unas penas para Oriol Junqueras en torno a 16 años, hoy me hubiera dado la satisfacción de que el Tribunal Supremo me daba la razón a mí”. Es decir, que parece que la ausencia del término violencia es lo que ha determinado la diferencia de pena para el principal de los encausados, Oriol Junqueras, de 16 años a 13 y, supongo, que algo parecido se puede extender al resto de condenados. Entiende además Edmundo Bal, contra lo visto en algunos medios sobre el “enfado de la Fiscalía”, que ésta “se haya mostrado contenta con la sentencia” porque “Independientemente de la calificación jurídica, la redacción de los hechos es la del escrito de acusación.

Los hechos son los de la Fiscalía; un argumento relevante para que Pedro Sánchez no esté tan contento y triunfalista diciendo que ha ganado el escrito del Gobierno. No, mire usted, en la redacción de hechos ha ganado el escrito de la Fiscalía. En el escrito de acusación de la Abogacía del Estado no se hacía referencia alguna a hechos violentos. Pedro Sánchez engañó a la gente ocultando la violencia. La redacción de hechos probados es una derrota en toda regla”, y termina “si me hubieran dejado llevar el asunto, hoy hablaríamos de una sentencia que coincidiría al 100% en los hechos probados y en la calificación jurídica, y superaría solo por un poco la condena que se ha impuesto”. Creo que queda claro.

Por último me sorprende el rechazo de la petición de la Fiscalía para que los condenados no puedan acceder al tercer grado -creo que es el Art. 36.2 del C.P.- hasta haber cumplido la mitad de la pena para evitar que la Generalidad, titular de las competencias de Prisiones -otra cosa que nunca debió hacerse- pueda aplicar a los presos el régimen más favorable -en pocas semanas en algún caso- y que ahora queda en sus manos, aunque la decisión en ese sentido puede ser recurrida por la Fiscalía.

En definitiva, la interpretación y recorrido de la controvertida sentencia del TS dará mucho de sí en los próximos meses pero hay que destacar las reacciones que, desde el lunes, estamos viendo en las calles de las capitales catalanas y otros puntos y las declaraciones de los que dan cobertura desde las instituciones de la Generalidad a los condenados. Empezando por el presidente Joaquín Torra: “Lo volveremos a hacer” dando las “gracias por las movilizaciones contra la injusticia de la condena”.

Lo paradójico es que este cabestro, supuestamente máxima autoridad del Estado en la región y, por ende, responsable de que se cumpla la ley y se mantenga el orden, sea el mismo que enardece a las turbas que, en su salvajismo y conocimiento de que “su” autoridad los anima, se sienten impunes por los desmanes que convirtieron Barcelona en hogueras de mobiliario urbano y destrozos que han dejado más de cincuenta heridos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y por si hay duda se suma a la marcha que, desde Gerona, está cortando la AP-7, aunque ahora, en una estrategia más, pretende desmarcarse de la violencia que, después de animarla, dice que “no nos representa”.

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Por su parte, la segunda “autoridad” catalana, Rogelio Torrent, presidente del parlamento cuya antecesora, la “pobre abuela” Carmen Forcadell, hoy condenada a once años y seis meses, proclamó el 27 de Octubre de 2017 la Republica “Guinnes” -56 segundos duró-, llamaba a salir a la calle para “hacer que la represión del Estado sea insostenible”. Y desde esa cárcel-hotel de cinco estrellas de Lledoners, entre visitas, el también condenado Junqueras dice que la sentencia “No es Justicia, es venganza”, mientras que su jefe, el fugado Carlos Pico del Monte, desde el palacete de Waterloo alardea sobre el Tsunami Democrático (TD) -término que anunció Jordi Cuixart durante el interrogatorio y que corresponde a una Plataforma que funciona desde una aplicación protegida, descargable en el móvil-. Lo llama “propuesta ingeniosa que les desborda -al Estado español-, como las urnas y como el propio TD”. Una plataforma más profesionalizada que los CDR y alentada por una cabeza política todavía desconocida ante la que el “aguerrido” ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que ya quedó definido por su compañera de gabinete Dolores Delgado (“Lola bebe de mi copa”, decía el comisario Villarejo) parece tener más “energía” a la hora de abroncar las acciones de los suyos, como con la Guardia Civil tras detener a nueve CDR, que de enterarse de quiénes están detrás de ese movimiento violento que parece que surge de una reunión en Bruselas entre los ya citados Puigdemont y Torras y las también fugadas y ahora en Suiza, Marta Rovira y Anna Gabriel. Esperemos que esta vez, la Orden Europea de Detención que ha activado de nuevo el Juez Pablo Llarena, tenga efecto y la justicia belga cumpla con su obligación y detenga a los fugados para que sean juzgados en suelo español del que se les permitió escapar impunemente.

Y de aquellos polvos -y algunos más que el espacio limita-, estos lodos, como recordaba un buen amigo vía WhatsApp con unas acertadas preguntas: “1.- ¿Quién descafeinó la tipificación del delito de rebelión en la reforma del C.P. (artículo 217 – 1973)? El biministro Belloch, y el presidente González, en 1995. 2. ¿Quién eliminó del C. P. el delito de referéndum ilegal (artículo 506 bis)? El ministro Alonso y el presidente Zapatero, en 2005. Medida aprobada a final de 2003 y contribuyó frenar el plan Ibarretxe. 3.

¿Quién decidió entregar la competencia sobre las cárceles a Cataluña? El ministro Barrionuevo y, de nuevo, el presidente González, en 1983 y 4. ¿Quién decidió trasladar a los políticos independentistas presos a la cárcel de Lledoners, en Barcelona? El ministro Grande-Marlaska, y el presidente Sánchez, en 2018”, añadiendo para refrescar la memoria que “El elemento común a estas cuatro decisiones políticas es que fueron adoptadas por ejecutivos socialistas. Ahora que nos gobierna otro presidente socialista y que hay elecciones el 10 de noviembre NO VOTES PSOE”. Recomendación que suscribo y añado que el PP propone recuperar el delito de rebelión impropia para responder a la proclamación de independencia sin uso de violencia, que modificó el PSOE.

Claro que a fuer de ser ecuánime y siendo lo anterior incuestionable, respondía con un par de preguntas y su respuesta: 1. ¿Quién no modificó lo que González hizo mal? José Mª Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Y 2. ¿Quién no derogó la Ley de Memoria histórica, permitió dos referéndums y no aplicó bien lo que podía, convocando elecciones catalanas sin haber normalizado la situación, como dijo? Mariano Rajoy. Es decir, “entre todos la mataron y ella sola se murió” y ahora llegan los nuevos a repartirse los restos.

Por cierto, hablando de los nuevos, ¡qué fiesta sin la tía Juana!, me puede el “héroe” Santiago Abascal, que no perdió la oportunidad de desbarrar en la misma puerta del TS nada más publicarse el fallo: “Después de estudiar detalladamente la sentencia, que es algo que haremos en las próximas horas, recurriremos la misma”. ¿Encabezará VOX “también” el recurso de amparo de los condenados ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Y termino con estos versos de mi paisano Don Eufemio en el Blog del General Dávila: “Que fallido un Estado el que mantiene, /un país con Justicia de opereta, /que un día derrotó, dice, que a ETA / y que a su voluntad, servil, se aviene: / un país, lo dejó claro el poeta, / ¡Un país de charanga y pandereta!”.

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Opinión

Hipótesis sobre los resultados de las elecciones catalanas. Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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No está muy claro cuál va a ser la repercusión de las elecciones catalanas, ni siquiera los resultados. Se ignora, por el momento, el efecto que pueden tener medidas como la amnistía, los casos de corrupción y cómo reaccionará el electorado nacionalista. Ni siquiera en la derecha están claros los resultados. Todo empezará a verse más claro cuando se sepa el resultado de las elecciones vascas (que albergan menos incertidumbres) y cuando se deshinchen los globos mediáticos sobre el “Caso PSOE” y la respuesta socialista activando el ventilador de la corrupción (esto es, cuando se vayan conociendo los alcances jurídicos y penales de ambos casos). Al mismo tiempo, ni siquiera están claros algunos candidatos que se presentarán (empezando por Puigdemont), ni mucho menos son creíbles los sondeos publicados. Así pues, vamos a intentar contemplar distintas hipótesis.

ILLA: ¿SUBIRÁ O BAJARÁ? YA NADA DEPENDE DE ÉL NI DE SU CAMPAÑA

En nuestra opinión Illa es un candidato “tocado” por sus propios errores durante la pandemia (él mismo dijo que al ser nombrado “ministro de sanidad”, no tenía ni idea de sanidad y nadie esperaba que se produjera la llamada “pandemia”) que no afectan solamente al manejo alegre de fondos del ministerio que se perdieron en mascarillas inservibles, tests igualmente falsos y material caro, malo y que se destruyó sin exigir devoluciones. Lo peor no es esto: esto sería, en el peor de los casos, incapacidad para gestionar un ministerio (algo previsible en un tipo que carecía por completo de experiencia en gestión y cuyo modesto título de “licenciado en filosofía” no le ayudaba en nada). Lo peor es que durante la gestión de Illa murió gente. Entonces, cuando el miedo atenazaba a la sociedad española, estábamos poco dispuestos a creer que la mayoría de las muertes se debían a la “mala praxis médica” recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero, desde entonces, las voces que ya lo advirtieron en aquel momento, se han convertido en un clamor. Y no, no somos negacionistas: existió pandemia y existió el virus… pero el mayor crimen fue recomendar unos protocolos que, en lugar de erradicar el virus cuando aún se podía, tendían a “hundirlo” en los pulmones de donde ya era imposible erradicarlo. Esa es la tesis que cada día gana más fuerza y que, en su momento, pocos médicos se atrevieron a denunciar.

Aquella mala gestión, presentada por Sánchez como un “gran éxito”, fue suficiente para desplazar a Illa al frente del PSC catalán en donde sigue. Ahora queda saber, si en los dos meses y medio que quedan hasta las elecciones, surgirán nuevas informaciones, tanto sobre el descontrol que existía en el ministerio de sanidad durante su gestión, como el error de aplicar protocolos contraproducentes en el trato de la enfermedad. El futuro de Illa dependerá, en gran medida, de esto, pero, además se le junta otro problema.

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EL PRECIO DE LA AMNISTÍA QUE PAGARÁN LOS SOCIALISTAS

El electorado socialista que permanezca fiel al PSC deberá de aceptar la versión oficial pedrosanchista sobre la oportunidad de conceder la amnistía: que se trató de una medida para poner el contador a cero, limpiar los errores del pasado, perdonar delitos de todo tipo a cambio de garantizar la convivencia. Pero este razonamiento es débil por dos motivos: el primero de todos, que el contador no está a cero. En realidad, los independentistas, ahora, están más fuertes que antes: consideran que no hicieron nada ilegal y, han repetido, por activo y por pasiva, que volverían a hacerlo. Así pues, los propios independentistas se encargan de desmentir y desmontar el razonamiento de quien les ha indultado. El segundo motivo es que resulta demasiado evidente que Sánchez sigue en el poder gracias a los 7 votos de Junts y que los ha obtenido para alcanzar una escuálida mayoría, obteniendo a cambio, solamente, la seguridad de mantenerse unos meses más en el poder.

La maniobra ha sido urdida por Sánchez, pero su virrey en Cataluña es el que tendrá que dar la cara ante su electorado. La duda es si una cuarta parte de los votos que obtuvo el PSC en las elecciones generales, seguirá pensando que el PSC era el muro más seguro contra el independentismo, seguirá fiel a la sigla o se habrá convencido de que el PSC no solamente no es el “muro”, sino que es el ariete: esto es, el muñeco que, manejado por el independentismo, consigue abatir, mucho mejor que ellos mismos, las resistencias de la unidad del Estado. Porque esto es lo que viene produciéndose desde Pascual Maragall, el hombre, con el cerebro ya desbaratado por la enfermedad, que se obstinó en la reforma del Estatuto (cuando no existía demanda social alguna), pacto con ERC y dio origen al problema que actualmente sigue vivo (y no lo estaba a principios del milenio, salvo en minorías juveniles muy radicalizadas).

LO IMPORTANTE ES QUIEN SUPERARÁ A QUIEN: ERC A JUNTS O VICEVERSA

El espacio independentista es, literalmente, caótico: ni siquiera dentro de las dos grandes formaciones (ERC y Junts) se está de acuerdo en lo que se pretende y mucho menos en cómo conseguirlo. Una nebulosa se percibe en ambos partidos en sus propuestas. Agitan todavía el tema de la independencia, pero da la sensación de que lo único que les interesa es liquidar el asunto, consiguiendo un “referéndum de autodeterminación” (“no vinculante” para unos y “vinculante” para otros). A diferencia de en 2007, los más lúcidos, dan por sentado que ese referéndum daría un resultado negativo… pero, al menos, podrán ´decir a su electorado, “lo hemos intentado”. Pocos son -pocos de los que tienen neuronas y las utilizan- los que piensan que la independencia de Cataluña es posible en las actuales circunstancias. El fracaso del “procés”, les ha hecho meditar… aunque no tengan el valor de afirmarlo públicamente, porque, como se sabe, el fin de un partido nacionalista/independentista es la independencia y, si esta no se puede conseguir, ¿para qué existe la sigla?

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No vamos a presenciar un debate entre dos programas políticos realistas, sino entre un programa “posibilista” (el de ERC) que quiere seguir detentando las riendas de la gencat, y un programa “agresivo” (el de Junts) que quiere restituir en la presidencia a Puigdemont. Los dos se declaran “indepes” y quieren convencer a su electorado de que lo siguen siendo, pero, en realidad, los dos, lo que quieren es tener las más amplias parcelas de poder para alimentar a sus cuadros. Eso es todo. La duda de si se producirá el sorpasso de Junts a ERC o si ERC mantendrá la hegemonía en el jardín indepe, es lo único que está en juego. ¿Referéndum? Ambos partidos han llegado a la conclusión de que lo mejor es… “jugar y perder”.

 

LAS FUERZAS NO INDEPENDENTISTAS

Teniendo en cuenta que el PSC juega la carta del equívoco desde la misma fusión de las distintas ramas del socialismo catalán en la transición, y su postura “federalista” es tan inviable como la “independentista”, el electorado que todavía conserva cierto sentido de la realidad nacional e internacional, está ubicado fuera de los márgenes del ambiguo socialismo catalán. En efecto, nos estamos refiriendo al PP, a Vox y a los restos de Ciudadanos. El electorado no independentista y “españolista” o “estatalista”, desearía que estas formaciones se presentaran bajo una misma etiqueta. De hecho, la lógica política implica que así debiera ser y que el poder de atracción de un polo así concebido sería el tercer actor político en Cataluña (tras el bloque independentista y tras el PSC). ¿O hay que recordar que Ciutadans, fue el partido más votado en las elecciones regionales de 2017? Y su programa se reducía a un solo punto: “no al nacionalismo – no al independentismo”.

Por otra parte, la derecha no ha extraído conclusiones de su derrota en las elecciones generales de 2023 que se debió a presentarse dividida en dos opciones, lo que permitió que se perdieran “restos” en beneficio del PSOE y en aplicación de la Ley d’Hondt. Cada uno de los dos partidos cree que podrá quedar “por delante” del otro en Cataluña. Pero, lo que está demasiado claro, es que la división de las fuerzas “estatalistas” seguirá siendo el factor que las suma en la irrelevancia en la política regional.

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Si el PP queda por delante de Vox, su dirección podrá alardear de “éxito electoral” (lo más probable es que aumente el número de votos, lo que no está tan claro es de dónde procederán esos votos, si de Vox o de sectores decepcionados con el PSC) y reforzar el previsible avance que obtenga en las elecciones vascas, en donde las últimas encuestas dan una pérdida notable de votos al PSOE (en beneficio, por una parte, de Bildu y, por otra, del PP). Para Vox, quedar por delante del PP supondría mantenerse como una opción tentadora para los votantes de este último partido que cada vez más quieren posiciones más claras y menos contemporizadoras.

De todas formas, el gran error y lo que limitará las posibilidades y los resultados “estatalistas” es su persistencia en desconocer que solamente un “programa único” podría llevarlos a competir con los dos otros bloques de la política catalana.

LO QUE SERÍA DESEABLE PARA EL ESTADO

Cataluña es la única reserva importante de votos que le queda a Pedro Sánchez. Sean cuales sean sus resultados en el País Vasco, aquella comunidad no puede aportar numéricamente gran cosa al PSOE. Si Sánchez consigue detener la sangría de votos socialistas catalanes, corre el riesgo de estabilizar su situación (hoy extremadamente precaria). Pero, para eso, haría falta que Illa obtuviera un buen resultado y que esto le permitiera entrar en el gobierno de la gencat, junto a ERC (en caso de que este último, como es seguro, no obtuviera una mayoría suficiente para gobernar en solitario).

Desde el punto de vista del “interés nacional” y de la “gobernabilidad del Estado”, una derrota socialista en Cataluña o, al menos, un descenso significativo de votos (al que se uniría en apenas un mes, una derrota previsible y sin paliativos de toda la izquierda europea en las elecciones de la Unión Europea), es deseable, necesaria y supondría otro golpe de piqueta para la existencia de la sigla “PSOE”.

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Desde que se inició el “procés”, siempre hemos sostenido que la independencia de Cataluña era completamente imposible, además de inviable. Cada vez estamos más convencidos de esta afirmación. La situación catalana está tan degradada, especialmente en materia de orden público y seguridad ciudadana que, aunque la temática no ocupa el primer plano en los programas de los partidos, está ahí para quien verla: un tercio de la población catalana ha nacido fuera de España o son hijos de extranjeros; ya existen zonas en Cataluña en donde la policía ha sido expulsada y diariamente se repiten incidentes cuando la policía entra en barrios de Salou, de Tarrasa o incluso en zonas de la propia Ciudad Condal, las prisiones catalanas están descontroladas (el asesinato de una cocinera y las protestas de los funcionarios han exteriorizado la situación de control que ejercen los presos procedentes del Magreb), Barcelona ya es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo… Y todo esto con la policía nacional y la Guardia Civil, literalmente expulsadas del territorio catalán y con una policía autonómica desbordada y sin posibilidades de combatir a la delincuencia. A esto se suman los problemas de desindustrialización, gentrificación, la concentración de la mitad de la población catalana en torno a la ciudad de Barcelona, con un campo abandonado a su suerte y un gobierno de la gencat, consciente de todos estos problemas, pero ansioso de comprar la paz étnico-social mediante subsidios y seguir creyendo que con un certificado de catalán, los casi dos millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes ya están integrados.

Sin olvidar que Cataluña tiene la tasa de natalidad más baja de todo el Estado (y el Estado Español una de las más bajas de todo el mundo)… ¿Quién iba a decir que después de 45 años de “Generalitat de Catalunya” la propia identidad catalana estaría en trance de desaparecer? Por que ese es el problema real y de fondo al que se enfrenta la sociedad catalana. Por mucho que se empeñe la gencat en llamar al engendro creado “Cataluña multicultural”, lo cierto es que, si es “multicultural” no es “catalana”. Ni siquiera europea. Por eso, siempre hemos sostenido que una Cataluña independiente tendría muchas más posibilidades de integrarse en la Liga Árabe que en la UE… Lo dijimos y lo mantenemos.

 

Ernesto Milá.

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