La afirmación gratuita de Pedro Sánchez sobre la inverosímil supeditación de la Fiscalía a las decisiones del Gobierno no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la Justicia española –que, ayer, volvió a sufrir un revés a cuenta de la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena a las autoridades británica para la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí– y, sin duda, será utilizada por el separatismo catalán y sus apoyos internacionales en su campaña de debilitación de las instituciones del Estado. Ni hecho a posta, el candidato socialista podía haber dado una baza mejor al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya línea de defensa viene basándose en una supuesta colusión de poderes que invalidaría el principio de seguridad jurídica aplicado en España. No en vano, las dos principales asociaciones que agrupan a los fiscales salieron rápidamente al paso de la especie, en vivo contraste con el clamoroso silencio de nuestro Ministerio de Justicia, más sorprendente por la pertenencia de su titular, Dolores Delgado, a la carrera Fiscal, lo que le supone perfectamente consciente de la gravedad del desliz de su jefe político y de la penosa imagen que se traslada a una opinión pública que se muestra proclive, pese a las evidencias en contra, a dudar de la independencia de nuestro sistema judicial. No queremos ocultar que, más tarde, el propio Sánchez trató de rectificar el yerro, pero la banalidad de su excusa no ha hecho más que empeorar las cosas.

Que el Gobierno apoya a la Fiscalía, como explica el candidato socialista en su tuit, no es más que una perogrullada que, en sensu contrario, nos deslizaría por un camino lleno de charcos dialécticos. Si bien no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones parece instalarse por encima de los usos institucionales, –como ocurrió con el cambio de criterio acusatorio en la Abogacía del Estado en el caso del «procés», con el relevo forzoso del jefe de la sección penal, Edmundo Bal, o con la manipulación grosera del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesto en manos de un dirigente de su partido y miembro de su círculo más próximo–, en este caso confluye un factor preocupante: el uso en campaña electoral, como si de cobrarse una pieza de caza se tratara, del procedimiento judicial abierto contra Carles Puigdemont, cuestión que, como todo el mundo sabe, está sometida, falazmente, al mayor de los escrutinios legales.

Por supuesto, no creemos necesario glosar la independencia de la Fiscalía, tal y como está garantizada en la legislación española –que, entre otras disposiciones, establece que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado y que será este último, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quien resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Gobierno–, pero sí debemos trasladar a la sociedad española la convicción de que, en nuestra experiencia, los fiscales se desenvuelven conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujetos la legalidad e imparcialidad que les dicta su Estatuto.

Finalmente, podemos comprender los nervios que embargan al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista ante unos sondeos preelectorales que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente y, también, la preocupación por las consecuencias que para sus perspectivas pueda tener la evolución de la crisis en Cataluña estos próximos días, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras, especialmente, cuando estas se refieren a unas instituciones del Estado que, como la Fiscalía, deberían estar por encima de la pugna partidista y los cálculos electoralistas.