Austria ha completado ya el trámite parlamentario para la prohibición del uso del velo islámico en los colegios de primaria, por parte de las niñas de entre 6 y 10 años de edad, y queda a la espera de los esperados recursos ante el Tribunal Constitucional. Los padres que incumplan la normativa se expondrán a multas iniciales de 440 euros y que irán aumentando en la medida en que se produzcan reincidencias.

La normativa veta expresamente “el uso de indumentaria ideológica o religiosa que conlleve cubrir completamente la cabeza” y excluye también expresamente la kipá judía o el patka que portan los jóvenes de religión sij porque “estas prendas no cubren todo el cabello o su mayor parte”.

La ley ha salido adelante con los votos del partido conservador (VÖP) de Sebastian Kurz y el FPÖ de extrema derecha con el que gobierna en coalición en Viena. La exministra socialdemócrata de Educación Sonja Hammerschid ha criticado en su intervención parlamentaria que la prohibición no resultará efectiva, porque las niñas se pondrán el velo en cuanto salgan del colegio, e incluso será contraproducente, porque evitará que muchas familias musulmanas acepten los procesos de integración debido a que se ven atacadas en sus creencias religiosas. El diputado conservador Rudolf Taschner, por el contrario, definió en el Parlamento el velo de las niñas como un “símbolo de opresión” y argumentó que la ley buscaba liberar a las niñas del sometimiento. “El compromiso con los valores de la Ilustración no es populista”, dijo el parlamentario sobre las acusaciones de la oposición de que el gobierno solo buscaba darse publicidad.

La Comunidad Islámica de Creyentes de Austria (IGGÖ), la mayor asociación musulmana del país centroeuropeo, ha criticado por su parte la nueva norma como “destructiva” y “desintegradora”, considerando especialmente desafortunada, además, la circunstancia de que haya sido aprobada durante el mes sagrado del Ramadán. El presidente de la IGGÖ, Ümit Vural, abogado de profesión, aseguró que agotará “todas las vías legales” para revertir una normativa que considera “discriminatoria” y que atenta contra “la libertad religiosa”.