La Policía Nacional investiga en Santiago de Compostela un caso de abusos sexuales a una perra. El animal de raza boxer tuvo que ser trasladado varias veces al veterinario con infecciones, alguna en la zona vaginal, por lo que su dueño ha denunciado los hechos de los que responsabiliza a un vecino.

Fuentes próximas a la investigación, confirmaron a Europa Press, que están investigando por un delito de maltrato animal a un vecino de Santiago, después de recibir la denuncia del propietario de la perra. Los hechos se encuentran «en fase de investigación» por parte los agentes de la comisaría de la capital gallega, se limitan a precisar estas fuentes.

A raíz de esta denuncia, los colectivos animalistas Libera y Fundación Franz Weber han señalado que se trata de «contextos puntuales», pero que «no están debidamente sancionados». Al respecto, puntualizan que el Código Penal «recoge penas de hasta un año de cárcel por la explotación sexual de animales» y reclaman «contundencia» para «evitar nuevos casos vomitivos» como el investigado en Santiago.

«Hasta 2015 la zoofilia no estaba contemplada como delito en España y el Código Penal lo ha incluido en el tipo relativo al maltrato animal, el artículo 337, que recoge penas de prisión de hasta un año, si la crueldad ejercida no acaba con la vida del mismo o no se hubieran empleado armas u objetos, y la inhabilitación para la tenencia, comercio o profesión relacionada con animales por un máximo de 36 meses», han expuesto los animalistas.

Además, inciden en que «el caso evidencia todavía más sadismo si se tienen en cuenta las declaraciones del responsable del animal» en las que se «refleja que la perra de raza boxer tuvo que ser trasladada en varias ocasiones a una clínica veterinaria por infecciones en varias zonas del cuerpo, entre ellas sus órganos genitales».

Por parte de la Fundación Franz Weber y la Asociación Animalista Libera señalan que actualmente «ninguna persona sin antecedentes penales está en prisión por casos de explotación sexual de animales», por lo que reivindican «un endurecimiento de la normativa» para «enviar un mensaje contundente a todos los degenerados que explotan sexualmente a los animales» e «incluso contra aquellos que difunden estos contenidos en internet», concluyen.