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Desmontando al PSOE: España dejará de crecer más que la UE como pregona el Gobierno

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Uno de los mantras que ha repetido con insistencia el Gobierno durante los últimos meses es que no hay que dar tanta importancia a las numerosas señales de alarma que avisan de un fuerte frenazo de la economía porque, entre otras cosas, España crece muy por encima de la media de nuestros vecinos europeos. Esta afirmación, que puede haber sido verdad desde 2015 hasta ahora y que ha sido repetida hasta la saciedad por Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero, está a punto de convertirse en un mito si se confirman las previsiones de la Comisión Europea.

España ha sido el país más más castigado de entre las grandes economías del euro por la última revisión de otoño del Ejecutivo comunitario. De golpe, Bruselas ha dado un tijeretazo de cuatro décimas al crecimiento previsto para España en este año y el próximo, lo que equivale, en suma, a unos 10.000 millones de euros menos. El recorte ha dejado el alza estimada de la economía española en el 1,9% en 2019, el 1,5% en 2020 y el 1,4% en 2021. Lejos queda ya el 3% al que crecía nuestro país en 2015 y 2016. Además, la brecha entre el avance español y el europeo está a punto de desaparecer, echando por tierra la tesis socialista de que España resiste mejor que nuestro socios comunitarios.

En concreto, el 1,9% de crecimiento para España en 2019 supone medio punto más que el 1,4% previsto para la media de la Unión Europea (UE). Sin embargo, el panorama cambia radicalmente en el año que está a punto de comenzar. Para 2020, la estimación es que España crezca un 1,5%, frente al 1,4% europeo. Es decir, prácticamente la misma tasa, y no muy por encima como defiende el Gobierno en funciones. Un año más tarde, en 2021, la igualdad ya sí que será total, pues tanto España como la UE crecerán un 1,4%.

El resultado no es mucho mejor si la comparación se hace sólo con los miembros de la eurozona, cuyo crecimiento para los dos próximos años será del 1,2%. Además, la media de los países de la moneda común mejorará respecto al dato de este año (1,1%), en contraposición al hundimiento de la economía española, que frenará su ritmo hasta medio punto. Sin embargo, estas preocupantes cifras no han logrado mover ni un ápice al Gobierno socialista de su discurso electoral.

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Ayer mismo, sólo un día después del rapapolvo de la Comisión, la ministra de Economía volvió a repetir que «nadie ve a corto plazo en España una crisis» y se reafirmó en su tesis de que «las tasas de crecimiento de este año y el siguiente serán muy superiores a la media de la UE». Calviño aseguró además que la rebaja de cuatro décimas en las previsiones de España es extensiva al conjunto de la zona euro, cuando la realidad es que el recorte medio al club del euro es de sólo una décima.

Un país más vulnerable

El otro mantra del PSOE es que España está ahora mejor preparada para afrontar las dificultades económicas de lo que lo estaba antes de la crisis de 2008. Algo que, a juzgar por las cifras, resulta cuanto menos discutible. Aunque es cierto que España cuenta ahora con un sistema financiero saneado (rescate de las cajas mediante) y el mercado de trabajo es más flexible gracias a la reforma laboral, también lo es que el punto de partida es muy distinto ahora de lo que lo era en 2007.

Así, antes del estallido de la crisis la tasa de paro en España era de apenas el 7,9%, frente al 13,9% actual. En cifras absolutas, 1,7 millones de parados que ahora son 3,2 millones. El déficit (2,3% del PIB), aunque ha mejorado, sigue siendo déficit al fin y al cabo. Es decir, más gastos que ingresos. En 2007, en cambio, España tuvo un superávit del 1,9%. Como muestra, la partida más importante de gasto, las pensiones, ha subido desde los 91.000 millones de 2007 hasta 153.000 este año. Además, la hucha está vacía (sólo 1.500 millones frente a los 66.000 que llegó a tener) y el país está ahora mucho más endeudado, lo que limita las posibilidades de reacción ante otra crisis: de una deuda del 35,8% se ha pasado al 96,7%, casi el triple.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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