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El consejero de Hacienda andaluz: “Sánchez pudo haber repartido el dinero a las CC.AA. antes del 28-A

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Juan Bravo
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Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha denunciado que el Gobierno español pudo haber transferido a las CC.AA. los pagos a cuenta que adeuda antes de las elecciones generales del 28 de abril, cuando no se encontraba en funciones. Las regiones han lanzado una ofensiva contra el Ministerio de Hacienda por la recaudación de este año, que en el conjunto del país alcanza una cifra de 4.739 millones de euros. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes. Pero las CC.AA. afean al Ejecutivo de Sánchez aludió a las conclusiones de ese informe antes incluso de que se llegara a pedir.

El titular de Hacienda andaluz asegura que el Gobierno “ya habló el 12 de agosto” de dicho informe, pero no se solicitó “hasta el día 22”. “Si alguien analiza el informe verá que el servicio jurídico dice que a la pregunta en abstracto de si se pueden actualizar los pagos a cuenta con un gobierno en funciones, sin aportar ninguna solución, ellos dicen que no. Pero el pago a cuenta no compromete a nada. El Gobierno transfiere el dinero y luego llega una liquidación. Si nos han transferido más dinero de la cuenta, tendremos que devolver. Y si nos falta, lo añadirán. No lleva ningún riesgo ni es una decisión política. Son números objetivos”, ha recalcado Bravo.

El consejero ve evidente que Sánchez pudo haber transferido dicho dinero antes de la celebración de elecciones. “Ellos hicieron los llamados ‘viernes sociales’ y no sé si hay política social mayor transferir a las CC.AA. la financiación que les corresponde. En ese momento, el Gobierno estaba en funciones, había un anteproyecto de presupuestos y dos informes remitidos a Bruselas en el que se hacía una previsión de los ingresos. Había elementos más que sólidos para llevar a cabo esta medida. Y ahora también”, ha asegurado.

El Gobierno andaluz exige el pago de 1.350 millones de euros. “Teniendo en cuenta que el 70% de los Presupuestos de las CC.AA. son para políticas sociales, imagínese la incidencia. Si no hay gobierno en septiembre y prolongan esta situación, van a poner a una situación complicada a los gobiernos autonómicos pero, sobre todo, a los españoles. Son todas las CC.AA. las que hemos advertido del perjuicio que puede causar esta situación. Hasta ahora en Hacienda ha habido seriedad”, ha contado.

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Para poner solución a este problema, Bravo exige la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal, que lleva un año sin celebrarse. “Hay una CC.AA. (Cataluña) que decide acudir a la vía judicial como primera medida, y la ministra no lo critica. Luego llegamos los gobiernos de PP y Cs planteando convocar el Consejo de Política Fiscal y les parece mal”, ha dicho.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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