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El esperpento de sus ”señorías”, “la Tómbola El Cubo” y una inocentada que podría ser fatal

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Recuerdo que hablaba de “esperpento” tras la formación del Congreso saliente de las elecciones del 20-D-2015, en las que se tambaleó por primera vez el bipartidismo que, cierto que más mal que bien, “funcionó” hasta entonces en España, siempre con la inentendible dependencia de los dos grandes partidos, PP y PSOE, de los nacionalistas-para cualquiera que conociera un poco la Historia de España del último cuarto del Siglo XIX y los años 30 del XX-. Evidentemente, después del poco paliativo resultado de la repetición electoral del 26-J-2016; la falta de decisión para rematar al Partido Siempre Opuesto a España -que en mi opinión se hubiera producido de haber ido a unas terceras, como expuse en su día en otro artículo-; la pantomima de intervención de Cataluña tras el desafío del fugado y sus compinches; la moción de censura del resucitado doctor Plagio cum Fraude, al que sus compañeros no “remataron” -políticamente hablando, claro-, apoyado por los partidos anticonstitucionalistas y enemigos de la Unidad -y algo más- de España; la ingobernabilidad del “triunfador” de la moción; la convocatoria anticipada -aunque mucho más tarde de lo que había prometido cuando presentó la mencionada moción- de elecciones generales, 28-A-2019, que no sirvieron para nada; dos investiduras fallidas y nueva llamada a urnas, seis meses y medio después -previa sentencia descafeinada del Tribunal Supremo por el golpe de Estado secesionista-, que sirvieron para menos aún, excepto para desdecirse el eterno aspirante de lo que “le quitaba el sueño” unas semanas antes y fundirse con el causante del insomnio, menos de 48 horas después, en un falso abrazo de “enamorados”; el descarado guiño a ERC con reuniones discretas y secretas para disfrazar la venta de España a las exigencias separatistas; una nueva constitución de las dos Cámaras -la Baja o Congreso y la inexplicablemente llamada Alta o Senado-; la nueva ronda de consultas de Don Felipe VI -que al final le va quitar el puesto a Elena Francis o a Encarna de noche-; la decisión de las juntas penitenciarias catalanas de conceder el segundo grado a los políticos presos y condenados -en mala hora se transfirió esa competencia a Cataluña, don Felipe González y sucesores, que no hicieron nada al respecto-, etc., etc., no cabe duda de que el bueno de don Ramón del Valle Inclán se queda en autor aficionado del género que él creó y que esta casta política ha desbordado con creces.

Recuerdo también, de pequeño, adolescente y joven -muy lejos ya esas tres etapas de mi edad actual-, una “institución” que nunca faltaba en las Ferias de Mayo y Septiembre de mi querida Córdoba, que algunos recordarán, como era la famosa “Tómbola El Cubo” y su no menos popular eslogan “Siempre premia”, cuyo “emblema” más característico era la que ellos publicitaban como la “Muñeca Chochona” -posiblemente hoy serían condenados por las hordas feminazis por este nombre-, una pepona inocente que bien podrían representar hoy, entre otras -no por lo de “inocente”, claro- Ada Colau, Adriana Lastra o Carmen Calvo que, como cordobesa, tal vez hasta la recuerde. Y digo que recuerdo aquello porque, el hoy convertido en generosa ONG, antes Estado Español, parece la versión Siglo XXI de aquella “fábrica de regalos”. No de otra forma se explica que su brazo ejecutor, el Ministerio de Hacienda -hoy en manos de una “miembra” de aquellos corruptos gobiernos socialistas de la “Unta” de Andalucía- publicara las subvenciones a partidos políticos por sus logros electorales.

Así, el citado ministerio concedió en las inútiles elecciones del 28-A la cantidad de 21.167,64 € por escaño -Congreso o Senado-, además de 0,81 € por cada voto al Congreso, siempre que se consiga al menos un escaño, 0,32 € por cada voto al Senado, con la misma condición de alcanzar un escaño y, por si fuera poco, “el Estado subvencionará a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, los gastos electorales originados por el envío con 0.21 € por elector en cada circunscripción en la que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores, o de votos, preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara”. Todo esto para unas cámaras que no consiguieron cumplir su primera obligación, formar Gobierno para la Decimotercera Legislatura -treceava, hubiera dicho aquel ministro socialista de Educación, Javier Solana, en los comienzos de lo que después sería una dilatada trayectoria internacional-, sino que dieron lugar a una segunda convocatoria de elecciones que ya dije que no sirvieron para aclarar nada el panorama, pero eso sí, sus “señorías” se apresuraron a recoger su “equipo de trabajo” de última generación, nombrar asesores, formar grupos parlamentarios y las correspondientes comisiones antes de las vacaciones de verano, para añadir a su poco meritado sueldo de parlamentario, los pluses derivados de formar parte de alguna como cargo o simple miembro “de cuerpo presente”, que todo deja algo.

Esta “generosidad” del papá Estado benefactor de la casta política, se vio recortada en un 30 % para las elecciones del 10-N pasado, lo que no se sabe es si ante el fiasco de la legislatura que ni siquiera empezó a andar por la falta de acuerdos citados, se haya procedido a devolver algo de lo recibido, medios materiales personales -en cualquier caso por los que salieron de tan efímero puesto- o económicos por los partidos, al menos proporcionalmente al periodo desde que se disolvieron las Cámaras “sin estrenar” hasta los cuatro años teóricos de legislatura. Sería lo lógico ¿no? Pero sigamos con las subvenciones para las nuevas Cámaras de la Decimocuarta Legislatura. En este caso serán 14.817,35 € por escaño de diputado o senador más 0,57 € por voto al Congreso y 0.22 € por voto al Senado, siempre en las mismas condiciones de conseguir al menos un escaño, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE. Lo que no cambia es el importe de 0,21 euros por elector para cubrir gastos de envío directo -papeletas, propaganda y publicidad- con los mismos requisitos anteriores de “…constituir Grupo Parlamentario en una u otra Cámara”. Grupos que, una vez validados por la Mesa, cobrarán 29.026 € al mes, además de una cantidad variable en función del número de escaños que se fijará sobre la base de 1.670,17 €/mes por diputado. ¿Se entiende ahora el interés de los partidos por conseguir como sea formar grupo parlamentario propio o con escaños prestados? Por cierto, se fijaba para ayer, día 11, la formación de los grupos y en breve conoceremos la de las correspondientes comisiones y sus componentes que, a la asignación básica de 2.981,86 €/mes sumarán las que se fijen, que para la Mesa del Congreso oscilarán entre 3.257 € para el presidente y 1.002 € para los secretarios y algo parecido para el Senado, aparte de gastos de representación y de libre disposición, así como 1.921 €/mes en concepto de “indemnización” que recibirán los diputados de circunscripciones de fuera de Madrid -muchos residentes en la capital- o los 917 €/mes los “madrileños”. Todo ello desde el día 3, que se constituyeron las Cámaras. Que no les falte de “ná” a sus “señorías” para la Navidad, esa en la que un 70 % de los “elegidos” no creen.ç

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Y para que el esperpento sea completo, los representantes del PP y de VOX en la Mesa del Congreso -por supuesto los de PSOE y Podemos también- parece que votaron a favor de que ERC y EH Bildu tengan grupo parlamentario propio pese a los “particulares” acatamientos que emplearon los diputados de estos partidos al jurar o prometer sus cargos.

Mientras tanto, siguen los juegos de trileros entre PSOE y su director PSC con ERC, presionada por el Junts per Cataluña desde Waterloo. Los tres primeros han celebrado ya tres reuniones, dos de ellas en Barcelona, saldadas con fórmulas híbridas de entendimiento. En la primera se hacen públicos dos comunicados, ERC decía que su postura en relación a la eventual investidura “sigue siendo negativa” y que hay que “abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente de naturaleza política”, mientras el PSOE hablaba de “Encauzar el conflicto político de Cataluña”. En la segunda, teóricamente “secreta”, los primeros insistieron en que “hay un conflicto político que debemos resolver políticamente” mientras los segundos hablaban de “activar la vía política” y, por último, la tercera se resume en un comunicado conjunto de siete líneas para la “Definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político” y “Abordar el acuerdo desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo”, o sea ¿iguales?.  Es decir, el guión dictado desde Cataluña y Bélgica a la marioneta fraudulenta que sólo quiere seguir en el colchón de la Moncloa el tiempo que sea posible y a costa de lo que haga falta, “comprometiéndose” -que ya sabemos lo que para este personaje significa- con su postureo característico a que , “en caso de que se alcance un acuerdo con ERC para desbloquear la investidura, éste se hará “público” y será “dentro del marco de la Constitución”. Ya se encarga el que manda en ese partido, el “bailón” Miguel Iceta en preparar el terreno con su visión de “naciones” dentro del Estado español: “Las he contado. Según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos” ha dicho tan pizpireto, como es él. O sea que ni leer sabe el ahora “diplomado” en Geografía e Historia. Pues verá, Sr. Iceta, nuestro diccionario de la RAE en ningún caso establece como sinónimos esos dos términos como sí lo son “estulticia” y “necedad”, que le vienen que ni pintados a ustedes. Para su conocimiento, Nación tiene tres acepciones: “1.- Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 2.- Territorio de una nación. 3.- Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. Tres condiciones que no se ajustan precisamente a la realidad de Cataluña, que por mucho que quieran los separatistas está bajo el Gobierno de España, incluso el actual, mal que les pese; siempre fue parte de algún territorio perteneciente a otra nación, ya sea la milenaria Hispania romana, Aragón, Francia o España desde hace más de quinientos años y por mucho que insista el condenado y “visionario” Oriol Junqueras, ni los catalanes tienen el mismo origen y mucho menos superior ni su lengua y costumbres son únicas. Por su parte, Nacionalidad también tiene otras tres, las dos primeras, “condiciones” de formar parte de una nación, que ya hemos visto que no lo es Cataluña:

“1.- Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación.N2.- Vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado, en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización”. Y la tercera, creada ad hoc, por la absurda cesión hecha en la Constitución Española a los nacionalistas: “3.- Comunidad autónoma a la que en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural”, que se reduce al corto periodo que la Segunda República permitió la perversión del lenguaje que ahora se quiere continuar por la vía de los hechos, muchos de ellos delictivos, sin razón ni fundamento histórico alguno.

Ante todo eso, la irrelevancia en que ha quedado Ciudadanos y, por tanto, el último mensaje de Inés Arrimadas, el silencio preocupante de Pablo Casado y las dudas sobre si el Rey tendrá el valor de tomar la decisión que necesita España, en lugar de encomendar la investidura al que quiere apoyarse en los que pretenden precisamente acabar con la Monarquía, ofrecen un oscuro panorama en lo que podría ser una fatal “inocentada” si, como pretende el aspirante, se cerrase un acuerdo in extremis el próximo 28 de diciembre, que parece improbable porque los de ERC están pendientes del calendario judicial de aquí al 19 de diciembre, con tres incógnitas judiciales por resolver, una vez conocida ayer la resolución de instituciones penitenciarias sobre la concesión del segundo grado a los políticos condenados por sedición, la vista sobre la Euro Orden respecto a la posible inmunidad o no de Carles Puigdemont, la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la de Oriol Junqueras y la inhabilitación de Quim Torra que pide la Fiscalía por su delito de desobediencia por no quitar los lazos amarillos de las instituciones catalanas. Y mientras, algunos barones socialistas -modernos (González, Guerra, Corcuera, Vázquez o Leguina) y antiguos (García-Page o Lambán)- amagan sin dar, por si acaso, desde su “preocupación” sobre las peligrosas alianzas de su todavía Secretario General.

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No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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