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Tribunales

El joven condenado por defender a una mujer de un atraco rechaza la ayuda de Vox

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Iván Espinosa de los Monteros, junto a Macarena Olona, ambos de Vox, en el Congreso
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Iván Espinosa de los Monteros, junto a Macarena Olona, ambos de Vox, en el Congreso
Borja, el joven malagueño que tendrá que ir a la cárcel por defender a una mujer que estaba siendo atracada en la calle, ha rechazado la iniciativa lanzada por Vox este mismo martes para recoger fondos que le permitan sufragar la multa de 180.000 euros que le fue impuesta por este mismo hecho.

Según ha contado su abogado a ABC, Borja «agradece todo el apoyo que está recibiendo pero afrontará las consecuencias de la sentencia personalmente».

En consecuencia, el chico de Fuengirola cuyo caso se ha conocido estos días al apremiarle el juez para que entre en prisión no aceptará el dinero que se está recaudando merced al «crowdfunding» lanzado por Vox ni ninguna otra iniciativa similar porque, «de ningún modo quiere que se pueda deducir que el se va lucrar con esas cantidades».

Del mismo modo, el chico, según ha manifestado su abogado, también se opone a la petición de indulto porque ello supondría «reconocer que ha cometido un delito». Y no es el caso. Él sólo trató de defender en su día a una mujer que estaba siendo atracada.

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Vox había anunciado esta misma mañana la petición del indulto para Borja, condenado por homicidio después de que tumbara con dos puñetazos al ladrón que robaba a una mujer le tumbaran y, fruto de la caída, éste muriera. Un deceso en el que también pudieron tener que ver complicaciones generadas por su drogadicción.

En cualquier caso, Borja no tendrá que entrar en prisión con carácter inminente. Su abogado ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Penal solicitando la suspensión de la condena y el fraccionamiento de la indemnización en pagos de 250 euros mensuales, «que es la única cantidad a la que con su actual nómina y con esfuerzo, puede hacer frente». Actualmente su sueldo no llega a los 1.200 euros al mes.

Con este recurso, la orden de ingreso en prisión que dictó el juzgado de lo penal malagueño la semana pasada, instándole a acudir a cualquier penal en un plazo máximo de quince días, queda de momento paralizada en espera de que este órgano se pronuncie.

Los hechos que han dado lugar a esta reacción popular se remontan al 8 de febrero de 2015, cuando sobre las 7.45 horas una mujer iba camino a su trabajo en el Hotel Las Palmeras, de Fuengirola para ejercer sus funciones de limpiadora.

La víctima fue golpeada por el ya fallecido y su pareja para arrebatarle el bolso, momento en que el acusado, que acababa de salir del trabajo e iba con dos compañeras, salió corriendo tras el ladrón tras las llamadas de auxilio de la misma y, tras darle alcance, se produjo un forcejeo entre ambos.

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Según la sentencia, el acusado propinó dos puñetazos al delincuente y le provocó una caída al suelo y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral que le causó la muerte dos días más tarde.

Durante el recurso la defensa incidió, al igual que en el juicio, que fue un golpe que tuvo unas consecuencias impredecibles, y que en una persona sin los antecedentes de alcoholismo y drogadicción como los de la víctima no hubieran tenido esas «trágicas, fatales e indeseadas consecuencias».

El joven acusado siempre ha afirmado que solo quiso auxiliar a la víctima y recuperar lo que le habían sustraído a la mujer y que solo se defendió cuando la víctima le agredió, ya que tenía «pánico» porque había visto cómo habían pateado a la mujer en el suelo.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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