La reunión de Pedralbes entre Pedro Sánchez y Quim Torra no fue, en absoluto, ese «monólogo» al que aludió el presidente del Gobierno en su balance de gestión. Se trató de una negociación bilateral en toda regla con propuestas recíprocas, en la que Torra llevó su posición a máximos legalmente inasumibles -como el derecho de autodeterminación o el derecho de gracia a los políticos presos- o políticamente irreales -como la «desfranquización» del Estado-, pero no se fue de vacío. Sánchez tenía dos opciones: zanjar la reunión en cuanto Torra le entregó el documento, improvisado por él mismo la noche anterior, con sus veintiuna propuestas o plegarse a su debilidad política y mantener a los separatistas como aliados de legislatura. Es decir, blindarse. Eligió esta segunda opción y, por eso, el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat respondió a una transacción con cargas de profundidad contra el orden constitucional.

En Cataluña ya no hay, según Sánchez, un desafío al Estado, sino un «conflicto político», cuya solución ya no es respetar la legalidad constitucional de 1978, sino cambiar el marco político con el consenso de los catalanes en un escenario de «seguridad jurídica».

Se puede decir que Torra no hizo pleno en sus exigencias, pero solo por ahora, porque la decisión de Sánchez es abrir vías de agua en el sistema constitucional para mantener el apoyo de los separatistas hasta 2020. Hablar de «conflicto» y no de golpe contra el Estado; hablar de «seguridad jurídica» y no de Constitución, son decisiones políticas para encarrilar, quizá, un nuevo proyecto de Estatuto catalán, tan soberanista o más que el de 2006, antesala del derecho a la autodeterminación. A esto se dedica Sánchez, con medias palabras, ocultaciones y diplomacias privadas. También está el Gobierno en financiar a espuertas esta Generalitat desleal y golpista, enjugando su desastrosa política económica, que ha hundido servicios públicos. Sánchez va a retirar el control del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sobre la hacienda catalana y destinar a Cataluña mucho dinero de los futuros presupuestos del Estado. Los hechos lo demuestran, porque el Ejecutivo catalán abandonará próximamente el FLA para recibir financiación sin la fiscalización estricta de estos años.

Es un suma y sigue al intervencionismo en la Abogacía del Estado para acusar por sedición y no rebelión a los presos, a la retirada de recursos de inconstitucionalidad contra leyes de la Generalitat, a la entrega al nacionalismo el control pleno de la política lingüística en la educación, al reconocimiento de que en Cataluña hay un «conflicto» y al señalamiento de PP y Cs como los crispadores, y no los golpistas de los que depende Sánchez.