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Economía

Los fines de semana existen gracias al capitalismo

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Julian Adorney(*).- Cada año o dos, vemos nuevos llamados por semanas de trabajo de 30 horas. Uno de ellos fue el de Harlan Green, editor de populareconomics.com. Es hora de poner este asunto a descansar: las leyes que ordenan una semana de trabajo más corta perjudican a los mismos trabajadores que pretenden ayudar.

La idea de que necesitamos leyes de semana laboral máxima para proteger a los trabajadores es un mito: el capitalismo ha reducido las horas de trabajo de los trabajadores incluso en ausencia de tales leyes. El economista Robert Whaples señala que la semana laboral promedio ha ido disminuyendo desde la década de 1830.

En 1938, cuando el presidente Roosevelt firmó la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) que ordenaba una semana laboral de 40 horas, tal ley era virtualmente innecesaria. Durante el siglo anterior, las fuerzas del mercado habían hecho que la semana laboral promedio en la manufactura pasara de casi 70 horas a poco más de 50. Otras industrias eran aún más bajas. En 1930, por ejemplo, los trabajadores del ferrocarril trabajaban un promedio de 42,9 horas semanales. Los mineros del carbón trabajaban un promedio de solo 27 horas.

Henry Ford implementó una semana laboral de 40 horas en 1926 porque creía que los consumidores con más tiempo libre comprarían más productos. Otras grandes empresas siguieron el ejemplo; solo un año después, 262 grandes empresas habían adoptado la semana laboral de cinco días. Por primera vez, la gente experimentó los fines de semana libres de trabajo.

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Este cambio no fue producto de la legislación laboral. Las pocas leyes salariales dispersas que tenía Estados Unidos antes de la FSLA fueron declaradas en gran parte inaplicables por la Corte Suprema de la era Lochner, que reconoció la legalidad de cualquier contrato empleado-empleador, independientemente de cuántas horas fueran.

La verdad es que los empleados no son impotentes. En un mercado competitivo, pueden negociar con su jefe, sabiendo que si no les gusta el trato que ofrece, pueden trasladarse a otra empresa.

Lo que mantuvo las semanas de trabajo durante mucho tiempo en el siglo XIX fue lo mismo que empujó a los agricultores a emplear a sus hijos: la productividad era baja, y la gente tenía que trabajar 70-80 horas si quería producir lo suficiente para mantener la comida en la mesa. Esto no era culpa de los empleadores explotadores, a menos que los padres cuenten como explotadores. Fue culpa de una economía subdesarrollada.

A medida que la productividad y los salarios aumentan, los empleados pueden vivir con menos mano de obra, lo que les da un incentivo para negociar – con éxito, como hemos visto – por una semana de trabajo más corta.

Pero si la explotación no prolonga la semana laboral, ¿por qué no ha seguido disminuyendo desde 1938?

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Uno de los factores es que los salarios han ido aumentando (contrario a lo que afirman los progresistas), lo que aumenta el costo de oportunidad de no trabajar. Los empleados están eligiendo trabajar más y comprar más bienes en lugar de tener más tiempo libre. El aumento de los salarios hace que la perspectiva de trabajar más horas sea más atractiva de lo que solía ser.

Otra es que la semana laboral se está reduciendo, y empresas como Treehouse están experimentando con una semana laboral de 32 horas.

Así que las leyes de la semana laboral máxima no ayudan a los trabajadores. Pero lo que es peor: tales regulaciones realmente dañan la capacidad de los trabajadores para ganarse la vida.

Los trabajadores son pagados en base a lo que producen, y si no trabajan tanto, no producen tanto y no pueden ganar tanto. Las leyes sobre el máximo de horas reducen la capacidad de los trabajadores de aumentar sus ingresos trabajando más horas y produciendo más.

Esto es algo que los organizadores laborales han sabido desde hace mucho tiempo. Terence Powderly, presidente de los Caballeros del Trabajo en la década de 1880, señaló que los empleados en realidad no querían tener menos horas de trabajo si eso reducía su salario diario, pero esa fue la contrapartida que crearon las huelgas y las leyes laborales.

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Los defensores de las leyes de la semana laboral máxima argumentan que crean más empleos al repartir el trabajo. Escribiendo para la Nación, Michelle Chen argumenta que, «Un estudio de la Federación Nacional de Minoristas concede que las reformas de horas extras [que esencialmente hacen cumplir la semana laboral de 40 horas de la FLSA] tendrán un efecto de creación de empleo al fomentar nuevas contrataciones».

Si los empleadores pueden exprimir a John durante 60 horas a la semana, lo harán; pero si sólo pueden hacerle trabajar 40, entonces se verán obligados a contratar a alguien más para ayudar a John.

Esto está mal por dos razones. El trabajador contratado para ayudar a John no será tan eficiente como John (si lo fuera, el empleador lo habría contratado de todos modos), por lo que transferir el trabajo de John a la nueva persona contratada hará que la empresa sea menos eficiente. Eso podría significar precios más altos, menos producción, menos capacidad de expansión, o las tres cosas.

Además, esto solo ayuda a los desempleados a expensas de los empleados. Si John quería o necesitaba las horas, mala suerte para él, ya que acaba de aceptar un recorte involuntario del 33 % de su salario para contratar al nuevo tipo.

Si queremos crear puestos de trabajo, hay mejores maneras que estos juegos negativos que castigan tanto a los trabajadores como a las empresas.

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Una semana de 30 horas no es imposible o incluso necesariamente indeseable. Pero si queremos ayudar a los trabajadores, dejaremos que ellos decidan cuándo y cómo nos llevan allí, no los políticos.

*Julian Adorney es un colaborador de la FEE

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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