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Economía

Luis Planas, ante las turbulencias en el comercio internacional

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Luis Planas, que ha sido ratificado como ministro de Agricultura, ha transitado durante los últimos dieciocho meses de inestabilidad en la política europea y nacional, y en el comercio internacional, con el objetivo de lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Un año y medio después de que tomara posesión del cargo el 7 de junio de 2018 -cuando aseguraba que el agroalimentario era “su pasión” y su foco la Política Agraria Común (PAC), la agroalimentación y el sector pesquero-, su nueva legislatura le plantea un tablero que no deja de acumular tensiones políticas y nuevos desafíos negociadores en lo económico.

Si la discusión sobre el futuro de la PAC ya se avecinaba compleja por las dudas sobre la disponibilidad financiera por la salida del Reino Unido de la Unión Europea (un agujero de hasta 12.000 millones de euros), el retraso en producirse esta hasta el 31 de enero próximo aumentó las incertidumbres sobre cómo quedarán las relaciones comerciales bilaterales. El comercio internacional -que vive con la mirada puesta en las decisiones arancelarias de Estados Unidos- se ha convertido en un quebradero de cabeza para Planas, que le ha obligado a negociaciones internas, comunitarias y bilaterales.

Defensor del diálogo y el trabajo en las instituciones europeas, ha trasladado su discurso negociador a Bruselas para lograr un frente común en la defensa de un presupuesto suficiente para la agricultura comunitaria, la plasmación del acuerdo con Mercosur o la protección de las producciones de la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. En casa las cosas tampoco han estado fáciles, y sendos periodos “en funciones” tras las dos elecciones generales de 2019 han lastrado los desarrollos normativos y presupuestarios con los que afrontar desafíos estructurales de los sectores productivos y globales de la cadena de valor alimentaria, con los bajos precios en origen como primera causa de disensión.

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La naturaleza no ha dado tregua y los efectos del cambio climático se han puesto sobre la mesa en forma de sequías e inundaciones, fenómenos meteorológicos explosivos o incendios forestales, que han exigido de Planas diálogo y cintura con las comunidades autónomas. Y si bien llegó a un Gobierno que volvió a dividir el Ministerio y llevó el medioambiente al de Transición Ecológica, Planas ha defendido el papel agrario en la reducción de las emisiones y la protección de los suelos, así como la gestión sostenible de los recursos pesqueros, de los que ya conocemos las cuotas para 2020 con resultados desiguales según especies pero con buen balance general.

En la cartera ha llevado Planas el triángulo jóvenes y mujeres, agua y digitalización como estructura de trabajo para revitalizar un territorio rural que se desangra más rápido cuanto más grave es el abandono de la actividad, la falta de infraestructuras, la dificultad de las explotaciones para ser rentables… Para ello ha establecido medidas de apoyo a la incorporación de jóvenes, conseguido la visión de género de la PAC lograda por primera vez en Bruselas y planteado la estrategia de digitalización para el ámbito rural.

Planas repite en la cartera de Agricultura tras haber sido senador, diputado nacional y del Parlamento Europeo, embajador en Marruecos y en la Unión Europea, y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Un perfil europeísta, político y negociador de este licenciado en Derecho e inspector de Trabajo que continúa en Agricultura en plena negociación del Plan Estratégico de aplicación de la nueva PAC en España, la guerra arancelaria y el sector anunciando movilizaciones en un 2020 volátil.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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