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Tribunales

Suspendida la condena a Pablo Hasel por alabar a ETA, Al Qaeda y Terra Lliure

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La Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución de la primera condena a dos años de cárcel que le impuso al rapero Pablo Rivadulla Duró, Pablo Hasel, en 2014, por enaltecer el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda en canciones suyas publicadas en el portal de internet YouTube.

A primeros de este mes de septiembre, la sección tercera, el tribunal que por primera vez le condenó por un delito de enaltecimiento del terrorismo, aprobó en un auto, al que ha tenido acceso Efe, dejar esa condena en suspenso durante 3 años, periodo en el que si vuelve a delinquir deberá ingresar automáticamente en la cárcel.

Una vez que la sentencia se hizo firme, tras confirmarla el Tribunal Supremo en 2015, el servicio de ejecutorias de la sección tercera dio traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de su expediente junto a los antecedentes penales de Rivadulla para que emitiera informe “sobre la suspensión de la pena impuesta”.

En su informe, fechado el pasado 24 de julio, la Fiscalía respondió “en el sentido de no oponerse a la suspensión” de la condena, al considerar que se cumplen los requisitos para acordarla, fundamentalmente que el rapero carecía de antecedentes penales cuando fue emitida la sentencia en 2014.

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Tres años después de hacerse firme esta condena, la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le juzgó por segunda vez en 2018 por ese mismo delito y el rapero sumó con ello una nueva condena a dos años de cárcel por enaltecer en Twitter a miembros de ETA y los Grapo.

La Audiencia consideraba que los tuit “rezuman violencia”

Pese a considerar que los tuits por los que fue juzgado “rezuman violencia” y “banalización del terrorismo”, finalmente la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, al resolver el recurso que interpuso su defensa contra esa nueva condena, se la rebajó a 9 meses de prisión en aplicación de doctrina reciente del Tribunal Supremo.

Según esa sentencia, el principal motivo para atenuar “la responsabilidad penal” es que las bandas terroristas a las que ensalzó llevan “un tiempo importante sin realizar acciones terroristas” y que las expresiones que empleó, aunque eran reincidentes en el mismo delito por el que ya había sido condenado, “son menos explícitas que aquellas por las se le condenó en un pasado”.

Esta condena aún no es firme por estar ahora pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, por lo que no ha podido ser tenida en cuenta a la hora de decidir sobre la suspensión. Además, las condiciones de la suspensión computan a partir del momento en que se aprueba, y el auto tiene fecha del 6 de septiembre, han precisado a Efe fuentes jurídicas.

“¡Merece que explote el coche de Patxi López!”, “es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos”, “los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen”, “quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal” o “pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen” son algunas de las rimas de las canciones que subió a Youtube y que merecieron su primera condena por enaltecimiento del terrorismo, ahora en suspenso.

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Cumple los requisitos para la suspensión

Según el auto por el que Hasel ha evitado por el momento ir a prisión, se cumplen los requisitos previstos en los artículos 80 y 81 del Código Penal, que establecen que el tribunal sentenciador -en este caso la Audiencia Nacional- podrá otorgar el beneficio de la suspensión de las penas no superiores a dos años.

Estos requisitos son: que se trate del primer delito cometido y que la suma de las penas no superen los dos años de prisión.

Una vez acordada la suspensión, ésta quedará supeditada a que el reo no delinca en el plazo que se señale, que será de entre dos y cinco años (en este caso se ha establecido en tres).

“El incumplimiento de cualquiera de las condiciones conllevará la revocación del beneficio de la suspensión y el cumplimiento en establecimiento penitenciario”, recuerda el auto, que apercibe a Rivadulla con que si vuelve a delinquir a partir de ahora “se procederá, sin más trámite, a ejecutar la pena en su día impuesta”.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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