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Opinión

Un soldado gana 900 euros al mes

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Uno de los factores que tienen en cuenta la profesionalización de una actividad es el salario y éste depende de la cualificación sino se paga con intangibles como la formación a los empleados.

Para conocer en detalle cuánto gana un militar, tenemos que recurrir al Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, además de a otras normas como el Estatuto Básico del Empleado Público y las leyes de presupuestos de cada año.

De este modo, los distintos empleos militares se equiparan con los grupos funcionariales normales, del siguiente modo:

De general de ejército (o almirante general o general del aire) a teniente (o alférez de navío): A1.

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De alférez (o alférez de fragata) a sargento: A2.

De cabo mayor a soldado (o marinero), con una relación de servicios de carácter permanente: C1.

De cabo primero a soldado (o marinero), con una relación de servicios de carácter temporal, donde entran los contratos de larga duración: C2.

Esta clasificación va a condicionar el sueldo de un militar en sus diferentes conceptos retributivos. Por ejemplo, el sueldo base mensual que corresponde a esos grupos en el año 2018 sería:

A1: 1.148,34 €
A2: 992,94 €
C1: 745,53 €
C2: 620,48 €

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A estos importes hay que añadir todos los demás conceptos retributivos que sean aplicables para así conocer el importe total del sueldo de militar.

OTROS COMPONENTES DEL SUELDO MILITAR

Además del sueldo base, los componentes más importantes del salario de un militar son los siguientes:

Complemento de empleo, en función del puesto que desempeñes. El importe de este complemento oscila entre los 273,91 € de un soldado o marinero y los 1.473,92 € que cobraría un general de ejército, almirante general o general del aire. En una posición intermedia dentro de los 19 tipos de empleo, tendríamos los 565,16 € que cobra un teniente (o alférez de navío).

Complemento específico, en función de las características concretas de cada puesto. El importe mensual va desde los 116,88 € de un soldado o marinero hasta los 1.283 € de un general. A un teniente (o alférez de navío) le corresponderían 275,96 €.

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Antigüedad, según los años de servicios prestados (en forma de trienios).

Otros conceptos retributivos, en función de diversas circunstancias (complemento de dedicación especial, gratificaciones por servicios extraordinarios, indemnizaciones por participar en misiones en el extranjero, etc.).

Sin duda, la carrera militar es una opción profesional muy especial, donde la vocación es muy importante. Así, tenemos que un soldado gana entre 900 y 1000 euros.

Son soldados que defienden España en misiones internacionales pero sacan a sus hijos adelante con dificultades. Que se entrenan para jugarse la vida por su país, pero suman problemas para llegar a fin de mes. Que le tienen más miedo al tope de la tarjeta de crédito que a las noches en Afganistán. Sus testimonios han sido recogidos por El Confidencial a través de un cuestionario distribuido por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

En cuanto a la formación, motivo de los anteriores artículos, se recuerda que el personal de tropa y marinería, cuando cumple su contrato con las Fuerzas Armadas, sale a la calle sin ninguna titulación, a diferencia del resto de escalas. Por ello, he planteado la necesidad de que estos efectivos obtengan una “titulación de grado medio al finalizar su formación”, algo que la ley recoge como una posibilidad, no como una obligación pero que he defendido que puede ser un complemento intangible al salario con multitud de beneficios para los Ejércitos y la Conciencia de Defensa Nacional a medio y largo plazo.

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“Todo lo que planteamos recibe siempre la misma respuesta: está en estudio o miraremos a ver cómo lo podemos hacer”, lamentó Tamame, que añadió: “Siempre nos dicen lo mismo, que se estudiará, que se mirará”.

Hagamos un cálculo a groso modo de lo que supondría aumentar el sueldo en 200 euros a un soldado suponiendo que todas las Clases de Tropa lo fueran, sin tener en cuenta si se es Cabo 1º o soldado raso.

50.000 soldados x 200 euros x 14 pagas al año = 140 millones de euros que, como vemos no es una cifra desorbitada en comparación con lo que esquildan algunos Partidos y políticos las arcas de la Nación. Según datos que recoge el estudio de la EUROCÁMARA, los 90.000 millones de euros que le cuesta a España la corrupción suponen cuatro veces las ayudas destinadas a los parados, que representan unos 19.600 millones, más del 90% del presupuesto para salud al año, que se eleva a 98.500 millones, o el 88% del gasto destinado a pensiones (102.500 millones).

La cifra es también 295 veces la cantidad que el Gobierno gasta para vivienda, 11 veces el presupuesto para política familiar y ayudas a menores (7.900 millones) y tres veces más que el presupuesto destinado a dependencia y ayudas por enfermedad (26.600 millones).

COMPARACIÓN CON AYUDA A INMIGRANTES

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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, ha publicado la Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2018. En dicha guía se describen todas las ayudas públicas a cualquier residente legal en España, independientemente de su nacionalidad (es decir: las siguientes ayudas son para españoles o extranjeros residentes).

Ayudas a las que tienen derecho los inmigrantes en España

A modo de resumen, todas las Ayudas para extranjeros residentes en España son las siguientes:

Prestaciones familiares de la Seguridad Social, permisos parentales y excedencias

  1. Prestaciones económicas por nacimiento o adopción de hijos

1.1 Parto o adopción múltiples

1.2 Nacimiento o adopción de hijo en los supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad igual o superior al 65%.

  1. Asignación económica por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción
  2. Permisos parentales y otros permisos o beneficios por razones familiares

3.1 Maternidad

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3.2 Paternidad

3.3 Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

3.4 Reducción de jornada laboral

3.4.1 Por lactancia

3.4.2 Por cuidado de menores y otros familiares

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3.4.3 Por cuidado de menores que se encuentren afectados por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave

3.4.4 Otros permisos

4. La excedencia

4.1 Por cuidado de hijos o menores en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción

4.2 Por cuidados familiares

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Ayudas en materia de empleo

  1. Prestaciones por desempleo de nivel asistencial

1.1. Otras prestaciones económicas para personas desempleadas con responsabilidades familiares

2.1 Programa Prepara

2.2 Programa de activación para el empleo

  1. Programa de fomento del Empleo

En otro orden de cosas, mientras que un español tiene que reducir su movilidad mientras está en demanda de empleo para no perder el paro, un marroquí puede cobrarlo desde su país sin perder sus derechos.

El verano pasado, en un claro intento de que pasara desapercibido, se han publicado los listados de aceptados para la percepción de las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. Los perceptores de estas ayudas recibirán el 40% del coste de sus alquileres hasta un máximo anual de 2.400 euros. Un total de 17 millones de euros serán repartidos a través de esta partida presupuestaria.

Los solicitantes de estas prestaciones han sido 21.031 personas, de las que 8.402 eran extranjeros. Es decir, que el 40% de los demandantes no eran españoles. Pese a esos porcentajes, un 47% de los admitidos son extranjeros. Es muy significativo que casi el 20% de los solicitantes extranjeros ha recibido la ayuda, mientras que solamente el 15% de los españoles ha tenido esa suerte.

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Además, la mayoría de no españoles que se han visto beneficiados por estas ayudas procedía de países musulmanes, especialmente de Marruecos. Una comunidad que, en algunas regiones, como es el caso de Cataluña, vive en casi un 80% de ayudas sociales, sin aportar vía impuestos a las arcas del Estado que les ofrece gratuitamente, además de esas subvenciones, educación y sanidad de manera gratuita.

Si esa es la situación en Madrid, ¿qué ocurre en Cataluña?

Recientemente los medios de comunicación publicaban un informe que hacía referencia a Cataluña en el que señalaba que la cuantía media de las ayudas que reciben los inmigrantes islámicos en Cataluña era de 600 euros al mes, y que 7.000 de los perceptores ni siquiera vivían en España.

Los inmigrantes con dos años de residencia en Cataluña podrán obtener la renta garantizada de ciudadanía, valorada en 1.200 euros, según el compromiso que ha firmado la Generalitat con los promotores de la iniciativa legislativa popular que quiere impulsarla, según informó Intereconomía.

Unas 60.000 personas podrían beneficiarse de la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de 564 euros mensuales, que el Govern y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) acordaron, y que se previa implementar en septiembre pasado. Entre ellos los inmigrantes que lleven más de dos años en Cataluña.

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La ayuda se establece en 955 euros al mes por familia y 664 a nivel individual. En el caso de tener hijos, se suman 75 euros por cada uno, con un máximo de tres. La ayuda podrá llegar a ser de 1.200 euros al mes por familia, cuando llegue a desplegarse en su totalidad en el año 2020.

Pero también encontramos una situación similar en Valencia, que modificó en 2016 su modelo de ayudas para extranjeros y garantiza una “paga básica”, supuestamente para ayudar a su integración que asciende a 532 euros por cada mayor de edad. Si además tienen hijos a su cargo, esa ayuda aumenta hasta 775 euros, independientemente de que los niños hayan nacido en España.

Cada vez son más las evidencias de que una buena parte de las ayudas que dan las administraciones públicas españolas acaban en manos de población inmigrante -regularizada o en situación irregular- que disfrutan de ayudas para las que no han cotizado y que se lucran de un estado del bienestar que vive una situación más que dramática ante la falta de cotizantes.

Las pensiones no contributivas concedidas a extranjeros que no han cotizado en España suman mil millones de euros al año y la perciben más de cien mil personas distribuidas por todo el territorio nacional.

Si seguimos con el análisis por comunidades autónomas, en el País Vasco existe una ayuda denominada Renta de Garantía de Ingresos que otorga el Servicio Vasco de Empleo y que concede entre 682 y 1.047 euros a inmigrantes que lleven un mínimo de 3 años empadronados en cualquier municipio de esa comunidad autónoma. Esta ayuda puede completarse con otros 250 euros de ayuda para el alquiler.

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También en Andalucía, donde el paro alcanza niveles dramáticos por encima del 30%, existe una Renta de Garantía de Ingresos que recibe el nombre de Ingreso Mínimo de Solidaridad y que oscila entre los 406 y los 655 euros al mes.

Por otro lado, se encuentran las ayudas a la natalidad encubierta que todas las comunidades autónomas dan a los inmigrantes que tienen sus hijos en España. Una ayuda que hace años que desapareció para las familias españolas otorga entre 100 y 300 euros al mes por cada hijo de extranjero no comunitario que nace en España. La explicación es la de evitar que caigan en la exclusión social. En España hay casi medio millón de menores de 16 años que reciben estas ayudas.

Otra de las medidas contra la exclusión social y para evitar el fracaso escolar entre los menores inmigrantes es el pago a sus padres de una cantidad de dinero para que permanezcan escolarizados hasta los 16 años. De esta manera, además de la educación gratuita en el sistema público de enseñanza, reciben un complemento por asistencia al colegio. Y ni que decir tiene que la población extranjera acapara las ayudas para libros y comedor escolar que otorgan las comunidades autónomas que oscilan entre los 50 y 100 euros al mes. El 28,7% del total nacional recae en familias que no son españolas y que suponen poco más del 10% del total de la población.

En la mayoría de los casos no son excluyentes y pueden optar a varias de ellas. De esta manera, entre Rentas de Garantía de Ingresos, ayudas escolares, ayudas a la natalidad, becas de libros y comedor…. Los extranjeros en España reciben ayudas que les permiten vivir sin necesidad de trabajar y sin tener que cotizar.

Pero no acaban aquí sus privilegios. Existen convenios del Estado español con países como Marruecos que permiten que las prestaciones por desempleo se cobren en sus países de origen, sin necesidad de estar apuntados a la demanda activa de empleo, imprescindible para los españoles que necesitan cobrar el paro y que les obliga a no moverse de su municipio de residencia mientras estén en esta situación.

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CONCLUSIONES

Es una vergüenza para todos los españoles y específicamente para los encargados de la Gestión de Personal de Defensa que afirma que no hay dinero para equiparar a nuestros soldados, que se juegan la vida todos los días, y sí lo hay para sisar miles de millones a las arcas del Estado, 90.000 según la EUROCAMARA, o dárselo en cantidades mucho mayores que los sueldos de las clases de tropa a los inmigrantes que no cotizan. Y no es que se esté en contra o a favor de las ayudas a los inmigrantes sino que es una cuestión de justicia social y de respeto a la dignidad de nuestros soldados, que son los encargados de defender España.

Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca

 

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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