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Economía

El Banco de España alerta de que el cambio fiscal de las hipotecas ya las ha encarecido 30 puntos

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Banco de España
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Mientras el Banco Central Europeo (BCE) sigue postergando el momento de subir los tipos de interés y el Euríbor continúa buceando en terreno negativo, las hipotecas en España han comenzado a encarecerse. Una situación que el Banco de España ha detectado y por la que culpa al cambio que introdujo el Gobierno para que fueran las entidades las que pagaran el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en lugar del cliente, después de la sentencia del Tribunal Supremo exonerando al consumidor de su pago, en primer lugar, para después dar marcha atrás.

«Entre septiembre de 2018 y abril de este año (último dato disponible), los tipos de interés medios aplicados a los nuevos préstamos para la compra de vivienda han aumentado en 30 puntos básicos», recoge el supervisor en su último informe trimestral sobre la economía, para añadir a continuación que este incremento «no se ha observado en el resto de los segmentos en España, ni en el de la compra de vivienda en otros países de nuestro entorno» por lo que «podría estar relacionado con los cambios legislativos introducidos en nuestro país en los últimos meses en materia de crédito inmobiliario y de compra de vivienda».

«Nunca más los españoles pagaran este impuesto, lo hará la banca», anunció hace meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció la reforma del impuesto para trasladarlo a las entidades. Ante la duda de si los bancos no lo repercutirían en forma de comisiones o intereses sobre los clientes, el presidente del Gobierno señaló que esperaba que esto no fuera a suceder «porque hay mucha competencia en el mercado de la banca». No obstante, mientras en el resto de países de la Eurozona los intereses han continuado bajando, en España ya han aumentado.

Más allá de este punto, el Banco de España ha apreciado que el empleo ha empezado a dar señales de alerta. «El empleo habría moderado su ritmo de avance en el segundo trimestre con mayor intensidad que la actividad», advierte el Banco de España. Sin hacer referencia a la subida del salario mínimo, mientras la institución prevé que el PIB haya crecido un 0,6% intertrimestral, la ocupación podría haber aumentado un 0,4%, «0,3 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior».

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A ello se le suma, en palabras del Banco de España, «el mantenimiento de la incertidumbre acerca de las políticas económicas» debido a la imposibilidad de formar un Gobierno desde las pasadas elecciones del 28 de abril y las actuales tensiones comerciales «podrían frenar» la inversión empresarial. Una advertencia que ha recogido este organismo en su último Boletín Económico en que el que observa que tras un fuerte avance en el primer trimestre la inversión empresarial «habría mostrado recientemente un dinamismo más contenido» afectado por la situación externa.

En este sentido, ha señalado que el mantenimiento de la fortaleza de la inversión es «acorde» con la prolongación de la senda expansiva de la economía, en un contexto de elevada utilización de la capacidad productiva y «condiciones financieras holgadas».

En cualquier caso, el Banco de España ha estimado que la economía española está mostrando una «resistencia notable» frente a la desaceleración del resto de Europa.

Desequilibrio presupuestario

A ello se le suma la situación de las cuentas públicas, donde el Banco de España advierte que Bruselas podría sancionar a España en unos años si no acomete el ajuste fiscal pendiente para sanear los números rojos de la Administración. El supervisor dirigido por Pablo Hernández de Cos constata que España debe reducir el déficit estructural –es decir, aquel que no depende del ciclo económico– en, al menos, 0,5 puntos de PIB este año pero que el Ejecutivo prevé un deterioro de 0,2 puntos para 2019 según el Programa de Estabilidad, lo que vulnera los corsés de Bruselas.

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«En el caso de que se materializara dicha desviación, el Consejo recomendaría a España la adopción de las medidas de ajuste necesarias, cuyo incumplimiento podría llevar incluso a la exigencia de efectuar un depósito por importe del 0,2% del PIB», recoge el supervisor.

Dudas sobre el consumo de los hogares

Junto con la fortaleza del consumo de los hogares, que podría haber acelerado su crecimiento al 0,5 % trimestral, el dinamismo de la inversión en vivienda también habría contribuido al crecimiento, aunque la entidad subraya que el comportamiento del mercado inmobiliario es heterogéneo, con avances más acusados en grandes ciudades y zonas costeras.

El Banco de España también tiene dudas de que el consumo pueda seguir manteniendo mucho tiempo el vigor actual, dado que la tasa de ahorro está cercana a su mínimo histórico y el crédito al consumo apunta a una desaceleración tras observarse un endurecimiento de las condiciones y una menor demanda.

Debilidad del sector del automóvil

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No obstante, frente a la aportación positiva de 0,7 puntos de la demanda interna (consumo e inversión), el sector exterior (exportaciones e importaciones) habría restado 0,2 puntos al crecimiento de la economía española en el segundo trimestre. Un tono a la baja que todo hace pensar que se mantendrá.

Una de las ramas que más está contribuyendo a lastrar las ventas al exterior es la del automóvil, afectada entre otras cosas por el impacto negativo que ha supuesto la nueva normativa de emisiones europeas, sobre todo en Alemania, y sin que haya expectativas de una pronta recuperación.

La debilidad del sector del automóvil contrasta con la continua mejoría de las exportaciones de servicios turísticos, que se apoya en el aumento del gasto medio por turista y de las entradas de turistas extranjeros.

Las importaciones también están acusando la debilidad del comercio internacional, dado que una parte importante de las compras al exterior está relacionada con la fabricación de productos que después se exportan.

Respecto a la inflación, el Banco de España ha señalado que las presiones externas al alza sobre los precios son moderadas, a pesar del encarecimiento reciente del petróleo. Asimismo, ha destacado que los mayores costes laborales en el ámbito interno tampoco se están trasladando a los precios porque los márgenes empresariales están absorbiendo las subidas salariales.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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