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Economía

El Estado autonómico será la ruina de España

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Banderas de las comunidades autónomas de España frente al Senado.
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Roberto Centeno.- España tiene un problema político estructural que nos ha llevado a crecer muy por debajo de nuestro potencial en el pasado y nos llevará a la ruina sin la menor sombra de duda en el futuro. Cualquier análisis económico sobre España que no empiece por tener en cuenta que el actual modelo de Estado, que representa un despilfarro anual en relación a un Estado descentralizado equivalente al 10% del PIB, es una estafa intelectual incapaz de explicar nuestro futuro. Y esto no es un juicio de valor: son matemáticas. El problema de España, el futuro de nuestros hijos, es un modelo de Estado tan disparatado que es único en el mundo, y donde los dos tercios de gasto público –excluida la Seguridad Social– son descentralizados; que compara con solo un tercio del gasto descentralizado en los Estados federales, algo que España ni siquiera es.

Pero no solo se trata de un modelo de Estado imposible de financiar, es que su ineficiencia de gestión resulta abrumadora. Donde antes había una persona hoy hay 17; en lugar de caminar todos en la misma dirección se camina en direcciones opuestas. Es más fácil mover productos e instalar empresas entre países de la UE que entre CCAA, donde existen 300.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normativas destinadas a destruir el mercado único, a fragmentar España. La insolidaridad entre comunidades es total. ¡Se blindan hasta los ríos! Los proyectos más absurdos, las inversiones más disparatadas, las duplicidades de todo tipo, el nepotismo y la corrupción, tanto institucional como personal, encuentran el entorno más favorable que pueda imaginarse para crecer sin límite ni control. No hacen falta muchos cálculos para ver que el Estado autonómico será la ruina de España.

El modelo de Estado debe ser sometido a referéndum

El origen del Estado de las autonomías es claro e inequívoco: una imposición a los españoles derivada de las ansias de enriquecimiento y relevancia social de los “padres” de la Transición, unos irresponsables sin el menor sentido del Estado, cuyo pistoletazo de salida fue el “café para todos” del mediocre Suárez, uno de los mayores desatinos de la historia de España. Este grupo de insensatos, de los que Camilo José Cela dijo que, “si tuvieran honor se habrían pegado un tiro”, puso en marcha un mecanismo infernal único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventaron diecisiete autonomías contrarias a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos valen hasta cinco veces los del resto de los españoles.

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Para entender los graves problemas estructurales que este modelo de Estado representa, hay que tener un mínimo de conocimientos económicos, que parecen inexistentes en la gran mayoría de tertulianos, analistas y políticos en general. El primero es que, tal y como se demuestra en la estructura económica de España, cada puesto creado en el sector público destruye 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si se eliminan todos los empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, que son unos dos millones, eso crearía 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que significa una creación neta de 3 millones de empleos. Y, sin embargo, una de las estupideces más repetidas es que, si se eliminan empleos públicos innecesarios, subirá el paro. El paro juvenil es el mayor del mundo desarrollado, peor incluso que en Grecia –el 53% frente a una media del 15%–, y esto es consecuencia directa del modelo de Estado.

Otro hecho estructural que agrava lo anterior es que España no solo es uno de los pocos países de la OCDE en los que la media salarial del sector público supera a la del sector privado, es que la diferencia es la más elevada. El sueldo medio en el sector público en 2013 fue de 39.907 euros brutos anuales (1) frente a 25.983 en el sector privado (2). Las CCAA son las que tienen los sueldos más elevados, particularmente en las empresas públicas. La Administración Central, la que de verdad lleva España, es la que tiene sueldos más bajos, entre 1.217 y 2.160 euros mensuales. Y si vamos a los 20.000 asesores a dedo estamos hablando de 7.500 euros mensuales, o por ejemplo, los chóferes de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, absolutamente innecesarios, 3.750 euros. La relación entre empleados públicos y privados el del 20,4% (la más alta de la OCDE), pero la relación entre masa salarial pública y privada es del 31%. No hay forma de justificar esto ni ante el pueblo español ni ante nadie.

Pero no solo hablamos de salarios, hablamos también de lujos disparatados que no existen en ningún otro lugar. Los más claros son los coches oficiales, las oficinas de lujo y las inversiones injustificadas, un coste adicional que no solo carece de justificación alguna, sino que es un auténtico insulto en un país con 5 millones de parados.

Y finalmente, el colmo de lo inaudito, Cataluña, donde un presidente de gobierno permite el incumplimiento diario de la Constitución y de la Ley, permite utilizar la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, financia con nuestro dinero la secesión, tanto que se ha convertido con su dejadez y su cobardía en el colaborador necesario más importante en el proceso de ruptura de España, algo que está penado con cárcel en el Código Penal.

(1). La masa salarial de los empleados públicos fue de 116.090 millones de euros, y su número 2,9 millones.
(2). La remuneración de los asalariados en España fue de 490.253 millones de euros, por tanto la correspondiente al sector privado de 374.163 millones, y los ocupados 14,4 millones.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 14:15

    Don Roberto, totalmente de acuerdo con usted, con una pequeña corrección: yo diría QUE YA ES LA RUINA DE ESPAÑA.
    Y el dilema que usted plantea, o AUTONOMÍAS O PENSIONES, es la cruda realidad.
    Los españoles NO PODEMOS MANTENER ESTE ENORME TINGLADO, DE 17 MINI ESTADOS, que a la hora de la verdad, no sirven para nada.

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    Ramiro

    01/10/2018 at 09:46

    Don Roberto, totalmente de acuerdo con usted, con una pequeña corrección: yo diría QUE YA ES LA RUINA DE ESPAÑA.
    Y el dilema que usted plantea, o AUTONOMÍAS O PENSIONES, es la cruda realidad.
    Los españoles NO PODEMOS MANTENER ESTE ENORME TINGLADO, DE 17 MINI ESTADOS, que a la hora de la verdad, no sirven para nada.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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