Para entender los pasos que está dando el PSOE en su negociación con ERC hay que partir del hecho de que los socialistas no buscan solucionar el “conflicto catalán”, sino conseguir el apoyo de los independentistas en forma de abstención para investir a Pedro Sánchez. Es fácilmente comprensible: si el PSOE hubiese conseguido una mayoría suficiente con la suma de Unidas Podemos –aunque fuese con el apoyo de un diputado regionalista cántabro- no habrían negociado en la manera como lo está haciendo con ERC. Por lo tanto, todos los pasos que se están dando por parte de los socialistas para satisfacer en lo posible las exigencias de los independentistas tienen un único objetivo: salir del interinaje para instalarse definitivamente en La Moncloa, aunque por el tiempo que quiera Oriol Junqueras. El tiempo de uno y de otro está unido por la permanencia en la cárcel de Lledoners del principal líder del golpe de octubre de 2017.

La historia se repite, pero no siempre como farsa. A veces, vuelve con los mismos actores, aunque empolvados prostibulariamente, e idénticos objetivos. Así como Companys apoyó una insurrección contra la República en octubre de 1934 y fue puesto en libertad nada más ganar las elecciones el Frente Popular de izquierdas, en enero del 36, Junqueras querría ser agraciado por el mismo gesto generoso del nuevo frentismo populista. No tanto por el sacrificio personal que le supone a Junqueras y al resto de condenados –la inmortalidad en el santoral catalanista la tienen asegurada-, sino porque representa la quiebra del Estado, su derrota, y eso es mucho para un partido tan históricamente destructivo como ERC. “Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas”, escribió Manuel Chaves Nogales, que siguió el cortejo que devolvió al Palacio de la Generalitat a Companys, donde seguiría gobernando fatídicamente.

Siguiendo la perversión de las lecciones del pasado por las que se guía ERC, la propuesta de realizar una votación -¿entre quiénes?- para aprobar las conclusiones de una mesa de diálogo -¿cuál?- en la que participan el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña no interesa tanto por las conclusiones a las que se podría llegar –la sociedad catalana está saturada de reconocimientos simbólicos, incluso identitarios-, sino por romper el tabú de que, efectivamente, podría hacerse una consulta, un referéndum, que suponga dar por acabada la Constitución del 78 y lo que haga falta. ¿Votar sobre qué? Eso es lo de menos. Lo fundamental es que cada bando –sí, cada bando- interpretará su voto en el sentido que cree defiende los intereses de la mayoría. España contra Cartaluña. Derecho a decidir contra centralistas. Demócratas contra fachas.

Debería saber Pedro Sánchez –si Miquel Iceta todavía no se lo ha explicado- que la solución al “conflicto catalán” sin tener en cuenta a los catalanes que están fuera del orden, la doctrina y la cultura nacionalista sólo servirá para dejar huérfana a la mitad de la ciudadanía catalana. Es decir, para que la fractura sea aún más profunda, para ahondar el conflicto.

El frentismo nacional-populista ha lanzado la fecha.