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Economía

¿Qué papel juega el marido de la ministra Ribera en la renuncia de Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica?

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Jordi Sevilla
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Jordi Sevilla dimitirá como presidente de Red Eléctrica por motivos “personales”. Pero esta no parece más que una versión oficial, según analiza este martes la prensa. Apunta Carlos Herrera, que su renuncia ha tenido lugar antes de que “le consiguiera echar” Teresa Ribera, la actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica del gobierno de Sánchez.

Jordi Sevilla, ex ministro, hombre poderoso en el PSOE, técnico comercial del Estado, ex jefe de gabinete de Pedro Solbes, deja ahora la presidencia de Red Eléctrica, según cuenta El Mundo, harto de la “injerencia constante de la vicepresidenta Teresa Ribera que intenta controlar Red Eléctrica como si fuera un departamento de su Ministerio”.

Esto sería lo que habría trasladado a sus consejeros antes de tirar la toalla. Según este diario, “dimite tras haber intentado defender la independencia de gestión de la entidad. Ribera interfería en las relaciones de REE con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y en inversiones que la empresa consideraba estratégica en un asalto creciente al control”.

Su marido Mariano Bacigalupo, hijo del ex juez del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, el juez que echó de la carrera judicial al juez Gómez de Liaño “aprobó una serie de normas con las que no estaba de acuerdo Jordi Sevilla”, advierte Carlos Herrera.

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Se narra en los periódicos los intentos de Jordi Sevilla por preservar la independencia de Red Eléctrica, empresa en la que el estado a través de la Sepi tiene el 20 por ciento de las acciones, pero el 80 por ciento restante está en manos privadas, buena parte en fondos de inversión extranjeros. Una empresa que recuerda el economista Gay de Liébana, “es de gran importancia desde el punto de vista estratégico”.

Cuando los de Iglesias pedían la nacionalización de Red Eléctrica, Jordi Sevilla les dijo, “si tienen ocho mil millones de euros y consiguen mayoría parlamentaria suficiente que lo hagan”.

Una dimisión de medio millón de euros, la retribución anual de este alto ejecutivo. “Es bastante preocupante, turbio y opaco que una persona vinculada al PSOE renuncie a un sueldo muy jugoso por las injerencias de una vicepresidenta que intenta actuar en favor de su marido”, advierte el colaborador del programa Jorge Bustos.

El intervencionismo, advierte Herrera “es el viejo sueño del Podemismo y de Teresa Ribera que parece de Podemos, no del PSOE”.

“Ribera está mostrando la patita al demostrar una cierta tendencia al autoritarismo -que es una condición muy valiosa a ojos de Sánchez-, añade Jorge Bustos.

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Sevilla, al frente de Red Eléctrica desde julio de 2018

Sevilla accedió al cargo en julio de 2018 y al frente de Red Eléctrica ha cerrado operaciones como la compra de Hispasat a Abertis y ha tenido que lidiar con los recortes a la remuneración del negocio regulado planteados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Además, bajo su presidencia, el gestor del sistema eléctrico, participado en un 20 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presentó un plan estratégico con 6.000 millones de inversión hasta 2022 y enfocado a facilitar la transición energética.

Antes de acceder a Red Eléctrica, Sevilla (Valencia, 1956), que sucedió en el cargo a José Folgado, coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez.

Licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983, en el momento de su nombramiento era vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca.

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Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera en la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).

Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996.

También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista “Debats” (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990).

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El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras.

Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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