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Economía

Sánchez interviene la Junta de Andalucía por los incumplimientos de Susana Díaz

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado una carta a la Junta de Andalucía advirtiéndoles de que la CC.AA. no reúne los requisitos necesarios para adherirse al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas para 2020 y, por ello, le insta a realizar un plan de ajuste para someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico.

La carta con dicho aviso, según publica este lunes ABC, ha sido enviada por el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez López, al secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía. En dica carta, el Gobierno central tampoco permite a la Junta captar recursos a través del mercado financiero. Según recoge el diario de Vocento, esta maniobra de Sánchez supone ‘de facto’ “la intervención financiera de la comunidad andaluza, el bloqueo de su salida al mercado financiero y la exigencia de recortes presupuestario que frenarían las reformas emprendidas por el Ejecutivo de Juanma Moreno, entre ellas, las rebajas fiscales respaldadas recientemente por la mayoría parlamentaria”.

Sánchez ‘bloquea’ Andalucía por culpa de la propia acción del PSOE en dicha Comunidad Autónoma. Y es que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y regla de gasto vienen derivados del ejercicio de 2018, cuando gobernaba Susaba Díaz. Las cuentas de ese año fueron elaboradas por la consejera María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda en funciones en el gobierno de Sánchez.

“El Gobierno andaluz admite que esta decisión del Ministerio de Hacienda puede acabar con la reversión de las medidas adoptadas por Andalucía en materia fiscal y podría obligar a Andalucía a realizar recortes en materias sensibles como Sanidad y Educación”, alertan desde San Telmo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que espera una “rectificación” del Gobierno central, actualmente en funciones, en su intención de “intervenir” la financiación de esta comunidad, una medida que “atenta contra nuestra autonomía financiera”.

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El revés del Gobierno central se produce justo cuando la Junta acaba de aprobar en el Parlamento andaluz el pasado jueves sus presupuestos para el año 2020 con el objetivo del déficit cero. El Gobierno andaluz entiende que la medida adoptada por el Gobierno es desmedida y fuera de la norma. Además, “la vía elegida para comunicarla se salta todas las reglas de la normalidad institucional”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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