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Economía

El coronavirus amenaza con provocar el cierre de 2,8 millones de empresas y destruir más de 10 millones de empleos

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El coronavirus amenaza con provocar el cierre de 2,8 millones de empresas y destruir más de 10 millones de empleos
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El impacto que puede causar en el tejido empresarial español el coronavirus, que ya ha dejado más de 9.400 contagios y 336 muertos, resulta incalculable e impredecible. “Evidentemente va a ser grande”, auguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras declarar este sábado el estado de alarma en España, una medida excepcional que no solo obliga a los 46 millones de españoles a permanecer en sus domicilios salvo causas de fuerza mayor, sino que también ha delimitado la actividad del comercio minorista exclusivamente a la venta de artículos de primera necesidad.

La medida amenaza la supervivencia del 99,8 % del tejido empresarial español -las pequeñas y medianas empresas (pymes)-, bien porque se han visto obligadas a echar el cierre o porque la naturaleza de su actividad les impide implantar el teletrabajo.

En total, 2,8 millones de empresas de 0 a 249 empleados, que dan trabajo a más de 10,5 millones de personas y hasta un total 3,28 millones de trabajadores por cuenta ajena podrían verse afectadas por los efectos de la pandemia.

“La prioridad absoluta es salvaguardar al máximo el empleo y evitar la destrucción de empresas, puesto que esto también acarrearía posteriormente una destrucción de empleo”, asegura a RTVE el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

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De todos los sectores, la hostelería es uno de los más afectados. El cierre de los 315.000 establecimientos con los que cuenta nuestro país pone en riesgo un 6,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y 1,7 millones de empleos.

Y es que según la patronal Pimec, una de cada tres pymes ya están sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus. La organización estima que la reducción de ingresos podría alcanzar los 10.000 millones de euros, un desplome que ni si quiera se puede compensar a través del comercio online, ya que las plantillas de las plataformas logísticas, al no ser este un servicio urgente, también se encuentran en mínimos.

Es por ello que algunas empresas ya se están planteando tomar medidas más drásticas: “Hemos ido al banco a pedir dinero y vamos a hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”, asegura a RTVE el gerente de Deportes Moya, Gerardo Moya, quien lamenta las consecuencias que esta decisión puede suponer a sus empleados: “De aquí comen 30 familias, con niños e hipotecas”, afirma.

En la misma tesitura se encuentra Susana Rodríguez, una de las socias del centro de fisioterapia Sanepilates, que también ha visto reducida su clientela en un 80 % en los últimos días: “Tengo la responsabilidad en mis manos de cuatro familias, además de la mía”, explica.

Este mismo lunes, el principal franquiciador en España de Burger King ha anunciado que cesa totalmente su actividad en el país y que presentará un ERTE para toda su plantilla, formada por cerca de 14.000 personas.

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Medidas fiscales y administrativas

Ante este contexto, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME reclaman al Gobierno “mecanismos útiles y rápidos” que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su “quiebra inmediata” y para que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo.

Así, consideran que se precisan “medidas urgentes” en materia laboral, especialmente la simplificación y agilización de los procedimientos en los ERTEs con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación.

Asimismo, ante la falta de liquidez derivada del parón de actividad, los empresarios piden que se suspenda el pago de las cotizaciones por parte de la empresa, y que, del lado de trabajador, se contemple el acceso al paro sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Las patronales también apuntan a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos de impuestos que afronten las empresas que hayan sufrido de “forma significativa” una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos a causa del impacto del virus.

En este punto señalan, además, la “especialmente difícil situación de los autónomos”, que “requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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