Enrique de Vivero Fernández*.-

Una vez más el Gobierno social-comunista abusa del mal llamado estado de alarma, en realidad estado de excepción. Con la disculpa que le da la prerrogativa de la autoridad del estado de alarma al Ministerio de Sanidad, ha desarrollado toda una batería de requisitos por los cuales se autoriza al cambio de fase en el llamado proceso de desescalada de la Pandemia del COVID. El ministro de Sanidad, el filósofo, ya está siendo investigado por la fiscalía por las compras realizadas por la vía de urgencia, por cientos de millones de adjudicaciones, cuando menos irregulares, la mayoría de ellas contratadas con empresas chinas sin domicilio conocido, con intermediarios que nada tienen que ver con la compra de material sanitario y obviando a empresas españolas que habrían podido atender gran parte de estas compras.

Estas actuaciones, por si solas, podrían ser calificadas como prevaricación en la actuación de un funcionario. Si añadimos a esto la autoridad otorgada al ministro Illa por el Real Decreto del estado de alarma y sus cuatro prórrogas hasta este momento, proporcionan un cúmulo de despropósitos del Gobierno Sánchez, dignos de una dictadura de facto.

La improvisación en la toma de decisiones desde el comienzo de la crisis, negando la importancia de la pandemia, no tomando en su momento las medidas de restricción al movimiento de personas, la nula atención a los ancianos, que han fallecido por millares, y el empleo de la Guardia Civil para disminuir las críticas al Gobierno, parecían motivos suficientes para que este Gobierno hubiera presentado su dimisión.

Ahora con la ‘Operación Desescalada’ y el Plan de Transición a la nueva normalidad, según palabras del presidente Sánchez, está llegando este Gobierno a lo más sectario en sus actuaciones. Este Ejecutivo implementó una serie de requisitos para hacer el cambio de fase por parte de las comunidades. Por parte del Gobierno social-comunista se solicitó a las diferentes comunidades autónomas que presentasen su plan para la desescalada.

Lo más extraño es que siendo lo más importante, según el Ministro de Sanidad, cumplir con el requisito de la incidencia de nuevos contagios en los últimos 14 días, lo que se ha llamado tasa acumulada, es asombroso que este concepto no se haya tenido en cuenta como el más importante a la hora de tomar la decisión para evolucionar hacia la FASE 1. Tampoco sabemos si han primado otras consideraciones que han permitido pasar de fase a determinadas autonomías y relegar a otras.

Otra característica de la toma de decisión para el cambio de fase es que en algunas comunidades autónomas se ha implementado el concepto de considerar distritos sanitarios que pueden evolucionar de fase, y por el contrario, en otras regiones no se ha considerado. Estos criterios han perjudicado gravemente a la Comunidad Autónoma andaluza, en concreto a provincias como Málaga y Granada, que se han visto relegadas a permanecer en la Fase 0, con mejores datos que otros territorios que sí han avanzado, como es el caso de las provincias Vascongadas, o Cataluña , las cuales figuran en el puesto dos y tres por número de fallecidos y contagios, teniendo ambas mucha menos población que Andalucía.

Los dos requisitos indispensables son dos camas de UCI por cada diez mil habitantes, otro plan de 37 y 40 camas para agudos por diez mil habitantes. Resultan unas 32.000 camas de agudos en Andalucía. No se trata de que estén siempre disponibles, sino que se puedan preparar en cinco días. Esto incluye los hospitales fijos y de campaña que se puedan montar. La Junta de Andalucía tiene uno previsto en Carranque, que se estableció y nunca se llegó a utilizar, ni siquiera en la fase aguda de crisis.

Enrique de Vivero, el día de su despedida como jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, en Melilla, posa en el despacho que ocupó Franco siendo teniente coronel en dicha unidad.

 

 

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Un caso llamativo es el de Euskadi, que con una incidencia acumulada de contagio del 40,63, 1390 fallecidos y 27 camas por 10000 habitantes, no llega a la media que exige Sanidad de 37 camas. Está claro que aquí se han tenido en cuenta factores políticos, como ha sido el apoyo del PNV en la aprobación de la prórroga del estado de alerta. El comité de expertos, del cual comentaré más adelante, siguiendo directrices políticas, ha autorizado a Euskadi a pasar a la Fase 1.

Otra comparación la podemos establecer entre Vizcaya y Granada. La primera con 1.140.000 habitantes, tiene más de 9.800 casos positivos y 416 pacientes ingresados, una tasa de contagio de 70 y 766 fallecidos, mientras que Granada, con 914.000 habitantes, tiene 2.900 casos positivos, 93 pacientes ingresados y una tasa de contagio de 46,57 y 271 fallecidos. Como vemos, los datos son mucho más favorables a Granada que a Vizcaya; no obstante, Vizcaya ha pasado a Fase 1 y Granada se queda en Fase 0. Como vemos, las dos comparaciones nos muestran el manejo político de la gestión del cambio de fase. Esto es lo que se llama prevaricación.

El argumento del Ministro de Sanidad de respetar la provincia como elemento de control de la pandemia, al que alude el Gobierno en sus declaraciones, no se ha tenido en cuenta en la Comunidad Valenciana, en la que se ha hecho por distritos sanitarios, dejando en fase 0 las tres capitales de provincia y avanzando de fase el resto de las localidades de las provincias de la comunidad valenciana. Conviene recordar que el de la Comunidad Valenciana es un Gobierno PSOE-PODEMOS, con lo que volvemos a ver el matiz político en esta decisión. Sucede lo mismo con el Gobierno de la Rioja, que ha sido compensado, por ser socialista, con pasar a Fase 1 con una tasa de fallecimientos de 107 fallecidos por 100.000 habitantes, mientras que Málaga tiene una tasa de 16 muertos por 100.000 habitantes, y ha sido penalizada por tener un gobierno de derechas. El Gobierno de Andalucía solicitó considerar los distritos sanitarios, cosa que no fue atendida.

Podría seguir con muchas más comparaciones, pero se observa en todas ellas el sectarismo demostrado por el Gobierno social-comunista. Al igual que en su día se discriminaba a los habitantes por razón de edad y a los ancianos se les dejaba morir por no ser rentables, actualmente se discrimina por razón del gobierno de la Comunidad Autónoma, en función de si es de derechas o de izquierdas, o si han prestado su apoyo en la aprobación de la prórroga del estado de alarma.

Tan clara es la situación de haber manipulado la decisión de los expertos, que el mismo Fernando Simón advertía que Andalucía, en la próxima semana, podría pasar a la Fase 1. El problema, señor Fernando Simón, es si ustedes han actuado por intereses nefandos en algunos casos para pagar lealtades y no han actuado con rigor científico.

La designación de expertos se ha hecho con sectarismo y con criterios políticos, obedeciendo a la ideología del Gobierno social-comunista. Entre los designados hay personas de valía profesional, pero el problema es que han sido designados por su afiliación ideológica y con un sesgo sectario y no científico para opinar sobre materia tan delicada. El Gobierno tenía la solución antes de la reunión de expertos, lo demás era un puro formulismo.

El Gobierno ha intentado por todos los medios ocultar los nombres de los designados, a lo que está obligado por ley, lo que vuelve a ser presuntamente prevaricación.

De las 15 personas designadas en el comité de expertos, se comprueba un rasgo común, obediencia al gobierno por diferentes motivos.

Por su trayectoria profesional podemos distinguir:

– Cinco son profesionales de la medicina

– Un astrofísico

-Dos economistas

– Un profesor de Filosofía del Derecho

– Un historiador

– Un periodista

– Un diplomático

– Un químico

– Dos licenciados en Ciencias políticas

Por su adscripción ideológica:

– Diez de los componentes son altos cargos del PSOE o en su caso lo han sido.

– Dos son colaboradores del periódico El País.

– Dos son personas de la órbita de PODEMOS, para mantener su cuota.

– Un profesor colocado por el Presidente del Gobierno.

Esto en lugar de ser un comité científico asesor es un comité ideológico de de estómagos agradecidos con su amo para que les conserve el puesto.

Estos deberían hacer lo que ha hecho la directora de Salud de la Comunidad de Madrid en el Gobierno del PP, dimitir y mantener su prestigio como profesionales, y no avalar la decisión ya tomada de premiar a unas regiones por tener gobiernos socialistas o por haber prestado apoyo en la aprobación del estado de alarma.

Seguimos teniendo este Gobierno que ha condenado a nuestros mayores, que ha abandonado a su suerte a los profesionales de la sanidad sin darles medios de protección, que ha sido incapaz de atajar el problema sin tomar una sola decisión por el bien de los españoles, un Gobierno cuya única preocupación ha sido mantenerse en el poder y utilizar todos los recursos humanos, de las instituciones y financieros para su propio beneficio. Seguimos sin conocer el número de ancianos fallecidos, seguimos sin realizar las pruebas PCR que el Gobierno ha dicho que se iban a realizar.

Todo esto debemos retenerlo en la memoria en el futuro cuando nos pidan el voto. Ese será el momento de preguntar por los miles de ancianos muertos, por los cientos de sanitarios contagiados y trabajando en condiciones muy precarias. Será la hora de recordar al Gobierno que impuso un estado de excepción que ya ha sido recurrido al Constitucional, que conculcó nuestros derechos fundamentales cuando no tenía autoridad para ello… En definitiva, un Gobierno al que le gusta gobernar como si España fuera una Dictadura, a golpe de Real Decreto, cerrando el Congreso, e interviniendo en la libertad de prensa: ese es el Gobierno que tenemos.

Como dijo Oscar Wilde: «Un hombre que no piensa por si mismo no piensa en absoluto».

*Enrique de Vivero Fernández fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.