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Tribunales

El jefe de los Mossos: “Avisamos al Govern de que 1-O era una jornada prohibida”

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El jefe de planificación de los Mossos el 1-O a su llegada al Tribunal Supremo para comparecer en el juicio del 'procés'.
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El jefe de Planificación de los Mossos el 1-O, Emili Quevedo, ha señalado que la Policía autonómica sabía que el 1 de octubre no podía actuar “como en cualquier otra jornada electoral normal” porque era “una actividad política que había sido prohibida”, y así se lo manifestaron al Govern antes del referéndum.

A diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con imputados en otros procedimientos en Cataluña, Quevedo, investigado en un juzgado de Cornellà (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O, ha accedido a declarar como testigo en el juicio del ‘procés’ pese a que la ley le permite no hacerlo.

El comisario, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, ha explicado el malestar de la Policía catalana ante unas declaraciones públicas del exconsejero de Interior Joaquim Forn en las que decía que los Mossos se comportarían el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral.

“Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad”, ha precisado Quevedo, que ha seguido la misma línea que el comisario de Información de los Mossos el 1-O, Manel Castellví, que incriminó al expresidente Carles Puigdemont, al sostener que le conminaron sin éxito a parar el 1-O por riesgo de violencia.

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Como hizo la semana pasada Castellví, Quevedo ha señalado que esa “queja” la dejaron “patente” en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, “no solo al exconsejero Forn”, sino también a Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras.

“No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida”, ha precisado el entonces jefe de la comisaría general de Planificación y Seguridad de los Mossos.

Por otra parte, Quevedo ha precisado que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el exconsejero -acusado de rebelión en este juicio, en el que se enfrenta a 16 años de cárcel- les dijo que “tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía”.

El comisario, ya en segunda actividad, ha mencionado “el clima de tensión que se vivía en Cataluña” antes del 1 de octubre de 2017, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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