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El coronel de La Legión Enrique de Vivero acusa al Gobierno de engañar a los españoles con el número de muertos por el coronavirus

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Imagen de archivo de Enrique de Vivero al mando de la Primera Bandera «Comandante Franco» del Tercio Gran Capitán I de La Legión en Melilla.
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Enrique de Vivero Fernández.-

Ayer 21 de junio el Gobierno ha dado por finalizado el llamado estado de alarma, que todos en España sabíamos que era un estado de excepción. Todos menos el Gobierno que mentía y sigue mintiendo.

El presidente Sánchez aprobó el Real Decreto que aprobaba el estado de alarma el 14 de marzo.

Aquella fecha queda muy lejos en nuestras mentes, muchos prefieren olvidar todo lo pasado, otros no han tenido esa suerte y ya no pueden olvidar. Me refiero a nuestros seres queridos que han fallecido, aquellos que el Gobierno ha escondido machaconamente en su engañoso recuento, con la disculpa de eso que se ha dado en llamar «limpiar la serie histórica».

Para el Gobierno social-comunista, limpiar la serie histórica quiere decir esconder el número de fallecidos, no comparecer a dar los datos y no aumentar los muertos aún cuando las comunidades autónomas comunicasen nuevos decesos. Durante más de una semana ha tenido el Gobierno congelado el número de fallecidos; de tal magnitud ha sido el engaño que cuando compareció el Fernando Simón a dar los datos actualizados, tuvo que incrementar el número de muertos en 1.200 personas. En un día ejecutó nuestro director del CCAES a 1.200 personas para poner los fallecidos al día.

Esta maniobra debió ser para compensar el número de resucitados que consiguió el Gobierno que saliesen de las tumbas hace poco más de un mes, al ofrecer las comunidades autónomas cifras superiores a las del Gobierno Central.

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El Gobierno ha estado pidiendo durante el Estado de Alarma que no se hiciesen críticas y que todos, partidos políticos y ciudadanos, arrimasen el hombro. La finalidad era intentar ocultar su desastrosa gestión del COVID -19.

Es hora de que el Gobierno reconozca sus errores, que haga autocrítica, que no se esconda tras la manida frase de que «no es el momento de criticar». Es hora de que den explicaciones de todas sus acciones y omisiones.

Los engaños del Gobierno comienzan cuando en un informe elaborado por el CCAES, fechado el 10 de febrero, reconoce que ya el 31 de diciembre de 2019, el COVID circulaba libremente por Wuhan (China).

El 30 de enero, la OMS declaraba el COVID como emergencia de salud pública. Este mismo organismo aconsejaba el 3 de febrero que se hiciera acopio de material sanitario, al igual que hizo la UE el 13 de febrero. Pues a pesar de todos estos avisos, nuestro Gobierno permaneció inactivo y no tomó medida alguna.

Recordemos que entre el 2 y el 8 de marzo se producen en España 16 fallecimientos y ya había miles de contagiados, no reconocidos por el Gobierno. La fecha del 8-M era sagrada para el Gobierno, ya que las macromanifestaciones programadas para ese día tenían que celebrarse sí o sí.

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Ha quedado acreditado por múltiples informes médicos que las manifestaciones del 8-M fueron determinantes en el grado de propagación del COVID. De las representantes feministas en la manifestación de Madrid ya hemos conocido a las más significativas que se han contagiado y con casos de fallecimiento en su primera fila de manifestación. Recordemos: la vicepresidenta Calvo, la ministra Irene Montero, la esposa del presidente del Gobierno y un número indeterminado de mujeres, cuyos datos se han intentado ocultar, que contrajeron el virus en la manifestación feminista.

Es hora de que el Gobierno empiece a hacer las previsiones de acumulación de material sanitario que no había realizado. Es hora de que el Gobierno deje de manipular los contratos de compra de material para supuestamente favorecer a empresas sospechosamente con intereses espurios.

El Gobierno nos ha tenido amordazados y atemorizados durante más de tres meses. Recordemos que la declaración del Estado de Alarma está recurrida y admitida a trámite ante el Constitucional, y que aunque conocemos la forma de actuar de este tribunal, al Gobierno le va a ser muy difícil soslayar este asunto.

Otro grano que le ha salido al Gobierno, y en este caso se trata de un grano purulento, son las múltiples denuncias que se han presentado en los juzgados por las supuestas órdenes, ya confirmadas por documentos y declaraciones de médicos, que fueron dadas a las comunidades autónomas sobre el tratamiento que se debía dar a los ancianos en las residencias de mayores. El tratamiento consistía que cuando se detectaba el COVID en una persona de más de 70 años, la orden era no ingresarla en un hospital, sino aislarla en la residencia en una habitación, a ser posible bien ventilada.

No se les proporcionaba a las residencias ningún tratamiento para combatir el virus salvo el paracetamol y la buena disposición del personal de las residencias. Con este tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias hemos llegado a una cifra de más de 20.000 ancianos fallecidos, la mayoría en residencias dados los contagios que se producían en las mismas sin tratamiento y sin comprobación de padecer el COVID 19.

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Países como Japón, Alemania y Corea del Sur han combatido eficazmente esta pandemia porque han realizado controles con test del COVID a cualquier persona sospechosa de padecerlo. El caso de Japón nos tiene que hacer pensar en que las cosas no se hicieron bien por parte del Gobierno español desde el principio.

Japón es el país con mayor población superior a los 65 años en el mundo y tiene una altísima densidad poblacional debido a su pequeña extensión territorial. España es el segundo país del mundo con una mayor población anciana, nuestro Gobierno se ha excusado en la existencia muchas personas mayores de 70 años y esta ha sido la causa de las muertes en residencias.

Japón ha demostrado que se puede disminuir enormemente la tasa de mortalidad de los ancianos haciendo las cosas bien, no como se han hecho en España. Desde el principio, el país nipón se preocupó de localizar los brotes, es decir, las personas susceptibles de infectar a otras fueron aisladas tras serles efectuadas las pruebas.

El director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King´s College de Londres, Kenji Shibuya, explicó muy claramente cuál había sido la receta japonesa: «La única forma de enfrentar cualquier pandemia es hacer test y aislar a los contagiados, muchos países no han hecho caso».

El uso de las mascarillas es otra de las medidas que desde el principio se puso en práctica. En España, por el contrario, el Ministerio de Sanidad estuvo desaconsejando el uso de las mismas, con distintas opiniones según el día y la persona que realizase las declaraciones.

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Con estas medidas y un magnífico sistema sanitario, Japón tenía el 25 de mayo 1.193 casos confirmados y 43 fallecidos, mientras que en España teníamos por esas fechas 47.000 casos y 3.400 víctimas reconocidas por el Gobierno, aunque ya sabemos que han sido muchas más.

Japón, al igual que Corea del Sur y Alemania, logró ralentizar la propagación del virus y evitar así el colapso del sistema sanitario, todo esto sin parar el país. El sistema sanitario japonés, uno de los mejores del mundo, cuenta con 13 camas por cada 1.000 habitantes, Alemania cuenta con 8 camas por 1.000 habitantes, Italia con 3,2 camas por 1.000 habitantes y España apenas llega a tres camas por 1.000 habitantes.

Está claro que no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Gastamos mucho dinero en otras actividades que no tienen nada que ver con la atención sanitaria, tenemos gastos superfluos que detraen recursos que pueden dedicarse al bienestar sanitario.

Hay que apuntar que Japón cuenta con un considerable flujo de turistas procedentes de China. 925.000 chinos viajaron en enero a Japón como turistas. A pesar de este dato, los resultados de Japón han sido excelentes.

Por otra parte, Alemania, según datos del Instituto Koch, tiene una capacidad para realizar 160.000 exámenes de diagnóstico a la semana, Corea del Sur ha realizado 70.000 pruebas cada semana, en Italia a final de marzo se habían realizado 150.000 test, mientras que en España no llegábamos a las 30.000 pruebas por esas fechas.

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Una de las claves del éxito de estos países ha sido que se realizaban pruebas a cualquier persona que tuviese síntomas compatibles con el COVID o que hubiese tenido contacto con enfermos del virus. Con estas medidas lograron controlar los contagios y posteriormente se aislaban, con lo que la actividad económica no se ha visto afectada como en España.

La política sanitaria para el tratamiento del COVID ordenada por el Ministerio de Sanidad era la de restringir la realización de los test solo a las personas que experimentasen algunos síntomas, tales como fiebre, tos…

A muchas personas personas que habían estado en contacto con algún contagiado contrastado, si no presentaban todos los síntomas, se les ordenaba aislarse en sus casas. Como vemos, el Gobierno ha empleado la política del avestruz, no queriendo conocer el número de contagiados y fallecidos en las residencias de mayores.

A nuestro Gobierno le gusta recordar, a través de sus medios de comunicación leales, que son casi todos, ya que están debidamente engrasados con dinero público, que en EE.UU se han registrado más de 120.000 muertos, que Brasil supera los 50.000 fallecidos y que incluso Reino Unido e Italia tienen más víctimas mortales que España. Como se diría en español castizo: «mal de muchos, consuelo de tontos».

El asunto es más grave, ya que no se nos debe olvidar que en Estados Unidos viven más de 330 millones de personas, que Brasil cuenta con una población de más de 200 millones y que en cambio en España sobrepasamos por muy poco los 47 millones. Por eso la comparación en el número de fallecidos debe hacerse por cada 100.000 habitantes.

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Aquí es donde aparece el problema que el Gobierno quiere ocultar. Bélgica está a la cabeza con 84 fallecidos por 100.000 habitantes; a continuación aparece Reino Unido, con 64 fallecidos por 100.000 habitantes y seguidamente España, con 61 fallecidos por 100.000 habitantes.

Estados Unidos y Brasil quedan muy atrás en este baremo, con 37 y 24 fallecidos por 100.000 habitantes, respectivamente. La reiteración con la que el Gobierno y la izquierda española presentan a Trump y Bolsonaro como malos gobernantes, es enfermizo. Tanto uno como otro han sido elegidos en sus países por mayoría absoluta, cosa que el señor Sánchez está muy lejos de conseguir en España, a pesar de la labor del CIS de José Félix Tezanos, que pretende crear opinión a través de unos sondeos mensuales costeados con fondos públicos que podrían emplearse en mejorar la sanidad y no intentar convencernos de lo bien que ha gestionado Sánchez el COVID, lo que nadie se ha creído.

Como vemos al comparar datos, se demuestra que la gestión del Ejecutivo español ha sido nefasta, por su imprevisión, por los errores en las medidas adoptadas, por los más de mil millones de euros despilfarrados en compras de material sanitario que supuestamente han servido para beneficiar a empresas sin ninguna experiencia en la materia y supuestamente relacionadas con personas vinculadas al Ministerio de Sanidad.

Por todo esto y para saber la verdad de lo sucedido en España en estos tres meses es necesario que el Gobierno haga autocrítica y se olvide del mantra de su eficaz gestión. Los partidos políticos de la oposición y los medios de comunicación deberían insistir en aclarar todo lo relacionado con el COVID, saber de verdad cuantos fallecido hemos tenido, y aclarar las sospechas que hay sobre las compras efectuadas por el Gobierno.

Mi confianza en que los partidos políticos hagan algo es muy escasa, por no decir nula, ya que están sujetos a lo que digan los sondeos, si les favorece o no el insistir en este asunto.

Mi desconfianza es aún mayor en los medios de comunicación, ya que los gigantes de la comunicación en España reciben cuantiosas subvenciones del gobierno, además de contar con el suculento pastel de la publicidad institucional. Únicamente se puede esperar algo de los medios digitales que son independientes, como es el caso de Alerta Digital.

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*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla. 

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Opinión

Hipótesis sobre los resultados de las elecciones catalanas. Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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No está muy claro cuál va a ser la repercusión de las elecciones catalanas, ni siquiera los resultados. Se ignora, por el momento, el efecto que pueden tener medidas como la amnistía, los casos de corrupción y cómo reaccionará el electorado nacionalista. Ni siquiera en la derecha están claros los resultados. Todo empezará a verse más claro cuando se sepa el resultado de las elecciones vascas (que albergan menos incertidumbres) y cuando se deshinchen los globos mediáticos sobre el “Caso PSOE” y la respuesta socialista activando el ventilador de la corrupción (esto es, cuando se vayan conociendo los alcances jurídicos y penales de ambos casos). Al mismo tiempo, ni siquiera están claros algunos candidatos que se presentarán (empezando por Puigdemont), ni mucho menos son creíbles los sondeos publicados. Así pues, vamos a intentar contemplar distintas hipótesis.

ILLA: ¿SUBIRÁ O BAJARÁ? YA NADA DEPENDE DE ÉL NI DE SU CAMPAÑA

En nuestra opinión Illa es un candidato “tocado” por sus propios errores durante la pandemia (él mismo dijo que al ser nombrado “ministro de sanidad”, no tenía ni idea de sanidad y nadie esperaba que se produjera la llamada “pandemia”) que no afectan solamente al manejo alegre de fondos del ministerio que se perdieron en mascarillas inservibles, tests igualmente falsos y material caro, malo y que se destruyó sin exigir devoluciones. Lo peor no es esto: esto sería, en el peor de los casos, incapacidad para gestionar un ministerio (algo previsible en un tipo que carecía por completo de experiencia en gestión y cuyo modesto título de “licenciado en filosofía” no le ayudaba en nada). Lo peor es que durante la gestión de Illa murió gente. Entonces, cuando el miedo atenazaba a la sociedad española, estábamos poco dispuestos a creer que la mayoría de las muertes se debían a la “mala praxis médica” recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero, desde entonces, las voces que ya lo advirtieron en aquel momento, se han convertido en un clamor. Y no, no somos negacionistas: existió pandemia y existió el virus… pero el mayor crimen fue recomendar unos protocolos que, en lugar de erradicar el virus cuando aún se podía, tendían a “hundirlo” en los pulmones de donde ya era imposible erradicarlo. Esa es la tesis que cada día gana más fuerza y que, en su momento, pocos médicos se atrevieron a denunciar.

Aquella mala gestión, presentada por Sánchez como un “gran éxito”, fue suficiente para desplazar a Illa al frente del PSC catalán en donde sigue. Ahora queda saber, si en los dos meses y medio que quedan hasta las elecciones, surgirán nuevas informaciones, tanto sobre el descontrol que existía en el ministerio de sanidad durante su gestión, como el error de aplicar protocolos contraproducentes en el trato de la enfermedad. El futuro de Illa dependerá, en gran medida, de esto, pero, además se le junta otro problema.

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EL PRECIO DE LA AMNISTÍA QUE PAGARÁN LOS SOCIALISTAS

El electorado socialista que permanezca fiel al PSC deberá de aceptar la versión oficial pedrosanchista sobre la oportunidad de conceder la amnistía: que se trató de una medida para poner el contador a cero, limpiar los errores del pasado, perdonar delitos de todo tipo a cambio de garantizar la convivencia. Pero este razonamiento es débil por dos motivos: el primero de todos, que el contador no está a cero. En realidad, los independentistas, ahora, están más fuertes que antes: consideran que no hicieron nada ilegal y, han repetido, por activo y por pasiva, que volverían a hacerlo. Así pues, los propios independentistas se encargan de desmentir y desmontar el razonamiento de quien les ha indultado. El segundo motivo es que resulta demasiado evidente que Sánchez sigue en el poder gracias a los 7 votos de Junts y que los ha obtenido para alcanzar una escuálida mayoría, obteniendo a cambio, solamente, la seguridad de mantenerse unos meses más en el poder.

La maniobra ha sido urdida por Sánchez, pero su virrey en Cataluña es el que tendrá que dar la cara ante su electorado. La duda es si una cuarta parte de los votos que obtuvo el PSC en las elecciones generales, seguirá pensando que el PSC era el muro más seguro contra el independentismo, seguirá fiel a la sigla o se habrá convencido de que el PSC no solamente no es el “muro”, sino que es el ariete: esto es, el muñeco que, manejado por el independentismo, consigue abatir, mucho mejor que ellos mismos, las resistencias de la unidad del Estado. Porque esto es lo que viene produciéndose desde Pascual Maragall, el hombre, con el cerebro ya desbaratado por la enfermedad, que se obstinó en la reforma del Estatuto (cuando no existía demanda social alguna), pacto con ERC y dio origen al problema que actualmente sigue vivo (y no lo estaba a principios del milenio, salvo en minorías juveniles muy radicalizadas).

LO IMPORTANTE ES QUIEN SUPERARÁ A QUIEN: ERC A JUNTS O VICEVERSA

El espacio independentista es, literalmente, caótico: ni siquiera dentro de las dos grandes formaciones (ERC y Junts) se está de acuerdo en lo que se pretende y mucho menos en cómo conseguirlo. Una nebulosa se percibe en ambos partidos en sus propuestas. Agitan todavía el tema de la independencia, pero da la sensación de que lo único que les interesa es liquidar el asunto, consiguiendo un “referéndum de autodeterminación” (“no vinculante” para unos y “vinculante” para otros). A diferencia de en 2007, los más lúcidos, dan por sentado que ese referéndum daría un resultado negativo… pero, al menos, podrán ´decir a su electorado, “lo hemos intentado”. Pocos son -pocos de los que tienen neuronas y las utilizan- los que piensan que la independencia de Cataluña es posible en las actuales circunstancias. El fracaso del “procés”, les ha hecho meditar… aunque no tengan el valor de afirmarlo públicamente, porque, como se sabe, el fin de un partido nacionalista/independentista es la independencia y, si esta no se puede conseguir, ¿para qué existe la sigla?

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No vamos a presenciar un debate entre dos programas políticos realistas, sino entre un programa “posibilista” (el de ERC) que quiere seguir detentando las riendas de la gencat, y un programa “agresivo” (el de Junts) que quiere restituir en la presidencia a Puigdemont. Los dos se declaran “indepes” y quieren convencer a su electorado de que lo siguen siendo, pero, en realidad, los dos, lo que quieren es tener las más amplias parcelas de poder para alimentar a sus cuadros. Eso es todo. La duda de si se producirá el sorpasso de Junts a ERC o si ERC mantendrá la hegemonía en el jardín indepe, es lo único que está en juego. ¿Referéndum? Ambos partidos han llegado a la conclusión de que lo mejor es… “jugar y perder”.

 

LAS FUERZAS NO INDEPENDENTISTAS

Teniendo en cuenta que el PSC juega la carta del equívoco desde la misma fusión de las distintas ramas del socialismo catalán en la transición, y su postura “federalista” es tan inviable como la “independentista”, el electorado que todavía conserva cierto sentido de la realidad nacional e internacional, está ubicado fuera de los márgenes del ambiguo socialismo catalán. En efecto, nos estamos refiriendo al PP, a Vox y a los restos de Ciudadanos. El electorado no independentista y “españolista” o “estatalista”, desearía que estas formaciones se presentaran bajo una misma etiqueta. De hecho, la lógica política implica que así debiera ser y que el poder de atracción de un polo así concebido sería el tercer actor político en Cataluña (tras el bloque independentista y tras el PSC). ¿O hay que recordar que Ciutadans, fue el partido más votado en las elecciones regionales de 2017? Y su programa se reducía a un solo punto: “no al nacionalismo – no al independentismo”.

Por otra parte, la derecha no ha extraído conclusiones de su derrota en las elecciones generales de 2023 que se debió a presentarse dividida en dos opciones, lo que permitió que se perdieran “restos” en beneficio del PSOE y en aplicación de la Ley d’Hondt. Cada uno de los dos partidos cree que podrá quedar “por delante” del otro en Cataluña. Pero, lo que está demasiado claro, es que la división de las fuerzas “estatalistas” seguirá siendo el factor que las suma en la irrelevancia en la política regional.

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Si el PP queda por delante de Vox, su dirección podrá alardear de “éxito electoral” (lo más probable es que aumente el número de votos, lo que no está tan claro es de dónde procederán esos votos, si de Vox o de sectores decepcionados con el PSC) y reforzar el previsible avance que obtenga en las elecciones vascas, en donde las últimas encuestas dan una pérdida notable de votos al PSOE (en beneficio, por una parte, de Bildu y, por otra, del PP). Para Vox, quedar por delante del PP supondría mantenerse como una opción tentadora para los votantes de este último partido que cada vez más quieren posiciones más claras y menos contemporizadoras.

De todas formas, el gran error y lo que limitará las posibilidades y los resultados “estatalistas” es su persistencia en desconocer que solamente un “programa único” podría llevarlos a competir con los dos otros bloques de la política catalana.

LO QUE SERÍA DESEABLE PARA EL ESTADO

Cataluña es la única reserva importante de votos que le queda a Pedro Sánchez. Sean cuales sean sus resultados en el País Vasco, aquella comunidad no puede aportar numéricamente gran cosa al PSOE. Si Sánchez consigue detener la sangría de votos socialistas catalanes, corre el riesgo de estabilizar su situación (hoy extremadamente precaria). Pero, para eso, haría falta que Illa obtuviera un buen resultado y que esto le permitiera entrar en el gobierno de la gencat, junto a ERC (en caso de que este último, como es seguro, no obtuviera una mayoría suficiente para gobernar en solitario).

Desde el punto de vista del “interés nacional” y de la “gobernabilidad del Estado”, una derrota socialista en Cataluña o, al menos, un descenso significativo de votos (al que se uniría en apenas un mes, una derrota previsible y sin paliativos de toda la izquierda europea en las elecciones de la Unión Europea), es deseable, necesaria y supondría otro golpe de piqueta para la existencia de la sigla “PSOE”.

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Desde que se inició el “procés”, siempre hemos sostenido que la independencia de Cataluña era completamente imposible, además de inviable. Cada vez estamos más convencidos de esta afirmación. La situación catalana está tan degradada, especialmente en materia de orden público y seguridad ciudadana que, aunque la temática no ocupa el primer plano en los programas de los partidos, está ahí para quien verla: un tercio de la población catalana ha nacido fuera de España o son hijos de extranjeros; ya existen zonas en Cataluña en donde la policía ha sido expulsada y diariamente se repiten incidentes cuando la policía entra en barrios de Salou, de Tarrasa o incluso en zonas de la propia Ciudad Condal, las prisiones catalanas están descontroladas (el asesinato de una cocinera y las protestas de los funcionarios han exteriorizado la situación de control que ejercen los presos procedentes del Magreb), Barcelona ya es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo… Y todo esto con la policía nacional y la Guardia Civil, literalmente expulsadas del territorio catalán y con una policía autonómica desbordada y sin posibilidades de combatir a la delincuencia. A esto se suman los problemas de desindustrialización, gentrificación, la concentración de la mitad de la población catalana en torno a la ciudad de Barcelona, con un campo abandonado a su suerte y un gobierno de la gencat, consciente de todos estos problemas, pero ansioso de comprar la paz étnico-social mediante subsidios y seguir creyendo que con un certificado de catalán, los casi dos millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes ya están integrados.

Sin olvidar que Cataluña tiene la tasa de natalidad más baja de todo el Estado (y el Estado Español una de las más bajas de todo el mundo)… ¿Quién iba a decir que después de 45 años de “Generalitat de Catalunya” la propia identidad catalana estaría en trance de desaparecer? Por que ese es el problema real y de fondo al que se enfrenta la sociedad catalana. Por mucho que se empeñe la gencat en llamar al engendro creado “Cataluña multicultural”, lo cierto es que, si es “multicultural” no es “catalana”. Ni siquiera europea. Por eso, siempre hemos sostenido que una Cataluña independiente tendría muchas más posibilidades de integrarse en la Liga Árabe que en la UE… Lo dijimos y lo mantenemos.

 

Ernesto Milá.

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