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Economía

Sánchez anuncia que cargará a la banca el impuesto hipotecario y cuestiona al Supremo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde La Moncloa que será la banca y no el cliente el que deberá pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, pese al fallo del Tribunal Supremo. Así, aprobará este jueves una reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas.

En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para “que nunca más los españoles paguen este impuesto”, se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará este jueves el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Este miércoles, el presidente del Ejecutivo se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del alto tribunal.

Pedro Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que haga “autocrítica” sobre lo ocurrido en las últimas semanas con la rectificación de su sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. El presidente, que ha recordado al Supremo que ha “tenido pendiente a todo el sector financiero y a la mayoría de los ciudadanos” las dos últimas semanas, ha dicho, no obstante, que no cree que este asunto vaya a “minar la credibilidad” de este tribunal, porque “nada tiene que ver una cosa con otra”.

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Mensaje a Unidos Podemos

El presidente del Gobierno ha recordado a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el Tribunal Supremo para el próximo sábado, que la oposición debe hacerse en las instituciones, si bien ha subrayado que cada partido es libre de hacerlo como considere.

“Nosotros creemos que se tiene que hacer en las instituciones”, ha subrayado durante su comparecencia, a preguntas de los periodistas sobre qué le parecía la convocatoria, y antes de hacer hincapié en que Unidos Podemos, como el resto de grupos parlamentarios, tiene la capacidad de hacer sus propuestas dentro del Congreso.

En cualquier caso, ha insistido en que el Gobierno aprobará este jueves ese real decreto, que luego debe ser convalidado en el Congreso, para lo que espera contar con el apoyo del conjunto de fuerzas parlamentarias.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez hacía este anuncio tan sólo unas horas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallara este martes que son los clientes quienes tienen que asumir el pago del impuesto sobre hipotecas, corrigiendo de esta forma a la sección del alto tribunal que innovó la doctrina a mediados de octubre y decidió volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La decisión se tomó tras dos jornadas de deliberaciones sin que se superara la fractura existente en la Sala. El fallo salió por 15 votos frente a 13.

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Ante las críticas que este nuevo cambio del Supremo ha suscitado entre la práctica totalidad de los partidos políticos y las asociaciones de consumidores, el Gobierno ha decidido introducir cambios normativos para que a partir de ahora sean los bancos quienes paguen este impuesto.

El Ejecutivo ha informado de que Sánchez comparecería ante los periodistas a partir de las 12.30. Aunque en un principio se había anunciado que sería a esta hora, el inicio de la intervención de Pedro Sánchez se ha retrasado hasta las 13.15.

Pasadas las 11.00, el propio presidente ha publicado un tuit en el que decía que comparecería esta misma mañana.

El Tribunal Supremo acordó este martes que sea el cliente el que abone el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

A primera hora de este miércoles, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha avanzado que el Gobierno hará modificaciones legales tras el “estupor” que, admite, ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes paguen el impuesto de hipotecas.

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En declaraciones a RNE, la vicesecretaria general socialista ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez tomará decisiones en este sentido en el Consejo de Ministros de este jueves, que se adelanta un día porque el viernes es festivo en Madrid.

La reacción del Gobierno llega en medio del debate sobre si se pueden introducir cambios en la ley para que sea la banca la que asuma el pago de este impuesto, aunque Lastra no ha querido concretar ninguna medida.

“Respeto las decisiones del poder judicial, como todas, otra cosa es que la comparta. Ahora le toca al poder ejecutivo tomar decisiones y eso es lo que se va a hacer”, ha subrayado Lastra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre hipotecas. De este modo, el alto tribunal corrigió a la sección que innovó la doctrina y decidió volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

La decisión se tomó tras dos jornadas de deliberaciones sin que se superara la fractura existente en la Sala. El fallo salió por 15 votos frente a 13.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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