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Economía

Cataluña registró el mayor número de concursos de acreedores en España en 2018

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Cataluña es la comunidad autónoma en la que más empresas entran en concurso de acreedores de España. Al menos así fue durante el año pasado cuando se registraron 1.144 concursos de acreedores, según datos del último Informe Gaula sobre estadística concursal.

Este estudio señala que Cataluña concentró el 24,26% de los concursos de acreedores registrados en España, el dato más elevado por delante de Madrid 17,43% y Comunidad Valencia 14,34%, además de presentar el mayor incremento interanual con un 28,1% de concursos más respecto de sus datos de 2017.

Para Carlos Pavón, Socio Director de Gaula Abogados, “estos datos reflejan el elevado nivel de competencia empresarial que existe en Cataluña, con una constante dinámica de cierre y creación de empresas. Cabe destacar que Cataluña es una de las regiones con mayor aceptación de la transmisión de unidades productivas en procedimientos concursales como mecanismo de rescate de las actividades empresariales viables, que por diversas circunstancias, se ven atrapadas en una sociedad con un alto nivel de endeudamiento”.

Barcelona es la provincia en la que se concentran el mayor volumen de empresas concursadas, cerca del 85%, muy por delante de Girona (8%) Tarragona (5%) y Lleida (2%).

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Aumento por segundo año consecutivo

En términos generales, el número de concursos de acreedores en España registró un aumento por segundo año consecutivo, alcanzando los 4.715 concursos, un 3,72% más que en 2017. Después de haber registrado un récord histórico en 2013, los concursos fueron disminuyendo hasta 2017.

Las 4.715 empresas que entraron en concurso el pasado año empleaban a 29.181 personas y generaban un impacto económico superior a los 6.000 millones de euros.

Las microempresas son el tipo de sociedad más concursada con 3.970 procesos declarados en 2018, el 84,2% del total. Las empresas pequeñas, por su parte, representan el 14,1%, las medianas el 1,5% y las grandes solo el 0,13%.

Por sectores, Comercio fue el sector que registró la cifra de concursos más elevada (1.183), una cuarta parte del total, seguidos de Construcción y Actividades Inmobiliarias con el 22,5% e Industria con el 12,6%.

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Todos los sectores registraron un aumento de los concursos a excepción de los de Construcción y actividades inmobiliarias, servicios empresariales y Energía e Industrias extractivas.

El Informe Gaula señala que las situaciones más comunes que derivan en concurso de acreedores son el sobreendeudamiento y refinanciación de deudas sin valorar la capacidad real de pago de los nuevos compromisos adquiridos, las deudas incurridas por personas físicas que avalaron a sus empresas y que ahora no tienen capacidad de afrontar ese endeudamiento a nivel personal, viéndose en la necesidad de acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, y los casos relacionados con el valor de los activos, generalmente inmuebles, tasados con un precio pre-crisis, cuyo exceso de financiación lastra los resultados actuales de las compañías.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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