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Economía

Cataluña se ahorra más de 4.000 millones desde 2012 gracias a los préstamos del Estado

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifra en 15.898 millones de euros el coste directo total para el Estado de los mecanismos adicionales de financiación desde el año 2010, y señala que Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana han sido las regiones más beneficiadas por las ayudas.

Así se desprende de un informe elaborado por Ángel de la Fuente en el que se describen los principales mecanismos creados a raíz de la crisis para facilitar liquidez a las comunidades autónomas, los llamados mecanismos adicionales de financiación (MAF) y los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica (SFA).

En concreto, cifra este coste en 15.898 millones de euros desde el año 2010, con un montante desigual en los distintos ejercicios, ya que ha aumentado desde los 272 millones del primer ejercicio (2010), hasta los 2.437 millones el año pasado, pasando por los 3.162 millones registrados en el año 2016.

En este sentido, Fedea subraya que los casi 16.000 millones acumulados en el periodo es una cantidad importante que habría de tenerse en cuenta a la hora de valorar la financiación relativa y total de las distintas comunidades autónomas.

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Según el análisis, las ayudas benefician especialmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha, Baleares, Murcia y Cantabria, que son las comunidades que han acumulado un mayor volumen de deuda con el Estado en relación a su población.

Además, este efecto se acentúa especialmente en Cataluña y Valencia cuando se utiliza la segunda estimación de las ayudas porque ésta recoge las diferencias existentes entre comunidades en términos de la prima de riesgo exigida por el mercado.

En detalle, el mayor coste para el Estado registrado en el periodo 2010 y 2018 se registra en Cataluña (4.066 millones), seguido de Andalucía (3.183 millones), Comunidad Valenciana (2.689 millones) y Castilla-La Mancha (984 millones).

Con datos de 2016, Valencia y Cataluña ganan en torno a 2,5 puntos de financiación relativa con las bonificaciones a los intereses, una cifra que aumenta muy significativamente si se utiliza la estimación de las ayudas en base al ahorro de las comunidades autónomas.

Por otra parte, Madrid, Galicia, Castilla y León y la Rioja pierden en torno a dos puntos de financiación relativa debido a la escasa cuantía de las ayudas que reciben.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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