Connect with us

Tribunales

Condenada por violar y chantajear a un amigo de su hijo de 15 años

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Esta historia comienza en 2015. Luciana Vera, una mujer de 34 años residente en un pequeño pueblo argentino de la provincia de Santa Fe, agrega a Facebook a un amigo de su hijo de 15 años. Como se trataba de la madre de su amigo, el menor la aceptó. Ahí empezó el contacto que terminaría en sexo no consentido y chantaje, informan varios medios del país, entre ellos Clarín.

Esta mujer se ganó la confianza del adolescente a base de conversaciones. Cuando ya la tenía, un día le pidió al menor 1.000 mesos argentinos, es decir, alrededor de 20 euros, que le devolvería en cuanto pudiera. Este aceptó. A los pocos días, también a través de Facebook, le pidió 10.000 pesos, unos 200 euros, a lo que el adolescente también dijo que sí.

Para darle el dinero, y según publica el medio ReconquistaHoy, el menor fue hasta la casa de Luciana Vera, donde esta le hizo pasar a una habitación, le pidió que se quitara la ropa y abusó sexualmente de él. Tiempo después, empezó con el chantaje, pues le dijo que se había quedado embarazada y que necesitaba dinero para abortar, algo que llevó al adolescente a una situación de ansiedad que, entre otras cosas, hizo que dejara de ir al colegio.

La madre del adolescente fue la que, tras ver un mensaje en el móvil de su hijo, puso una denuncia. Vera ha sido condenada por hurto en concurso real con amenazas, abuso sexual con acceso carnal y coacciones reiteradas. su castigo será de tres años de prisión condicional y 90.000 pesos (alrededor de 1.800 euros) que deberá pagar al joven como indemnización.

 


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Advertisement
Deje aquí su propio comentario

Tribunales

Acuerdan suspender la pena de prisión al joven Borja condenado por un homicidio imprudente

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha acordado otorgar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de dos años de prisión al joven Borja, que fue condenado a dos de prisión y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle.

El juez considera procedente otorgar dicho beneficio por un plazo de cuatro años, plazo que ha de entenderse como «adecuado, tanto porque la pena a suspender se encuentra justo en el límite máximo que lo posibilitaría, por encima del cual ya no procedería la suspensión por la específica vía por la que va a ser concedida, como por la necesidad de que puede facilitarse y se garantice el abono de la responsabilidad civil».

El beneficio de la suspensión se concede con la condición de que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que proceda a «satisfacer la responsabilidad civil en la forma y plazos que finalmente se determine por este Juzgado». En caso de que incumpla sus obligaciones, la suspensión sería revocada.

Respecto a la responsabilidad civil, el joven se comprometió a realizar pagos mensuales de 250 euros al mes. El auto indica que «por exigua» que pueda parecer esta cantidad, puede considerarse como una manifestación del compromiso en satisfacer dicha responsabilidad. Además, señala que en caso de posible impago, se puede evaluar si se trata de «un incumplimiento voluntario, o si obedece, más bien, a la imposibilidad material del reo de afrontarlo».

Vox depositó este viernes en el juzgado los más de 120.000 euros que recaudaron el pasado martes a través de su página web con el objetivo de pagar la multa en concepto de responsabilidad civil impuesta a Borja. Según indicó su abogado, él se hará cargo de la cuantía restante hasta completar los 180.000 euros de sanción.

En cualquier caso, el Juzgado conmina al condenado a que «se pronuncie acerca de su capacidad económica en el sentido que fuera, debiendo manifestar si actualmente se encuentra trabajando, los ingresos que percibe y los bienes de la naturaleza que fuera de los que fuera titular, en aras a poder validar si el compromiso de pago ofrecido sería suficiente y en su caso, si sería procedente que le fueran solicitadas garantías para asegurar su cumplimiento el cumplimiento de la responsabilidad civil».

Se podrá, por tanto, instar al penado la aportación de los elementos probatorios que pudieran considerarse oportunos, y además, «por este Juzgado se podrán realizar la tareas de investigación patrimonial que asimismo fueran necesarias».

Todo ello sin perjuicio de que, más adelante, con conocimiento de la verdadera capacidad económica del condenado, «este Juzgado se pronuncie en resolución aparte sobre la suficiencia de esa cantidad anunciada de 250 euros o la necesidad de que se trate de un importe mayor».


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Tribunales

El CGPJ investiga si la Generalitat espió procedimientos de los tribunales catalanes

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar diligencias informativas para investigar si en los Juzgados y Tribunales de Cataluña se han producido accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión después de que, hace unos días, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad autónoma apareciera un mensaje sobre la “vigencia y aplicabilidad” de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a los elementos que conforman las TIC al servicio de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”, incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.

Según la información facilitada al Consejo por distintos jueces y magistrados, posteriormente confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el mensaje incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una “manifestación expresa” del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción e incluía una pestaña de “confirmación de lectura” que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.

La Comisión Permanente recuerda que los ficheros de datos existentes en los Juzgados y Tribunales de Cataluña son, en buena medida, tratamientos de datos jurisdiccionales y que, en no pocas ocasiones, los datos incorporados a los tratamientos se corresponden con las categorías especiales de los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y los artículos 9 y 10 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hacen referencia a los que permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; así como a condenas e infracciones penales.

Añade la Comisión que los responsables de los tratamientos son los órganos jurisdiccionales, únicos que pueden autorizar el acceso a los datos; y que la posibilidad de acceder a ellos para el ejercicio de funciones de inspección y control se limitan a las establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y no en ninguna otra norma o acto administrativo, como sería una simple instrucción. Además, el acceso debe limitarse a lo imprescindible, lo que excluye la posibilidad de accesos generales o indiscriminados; y debe hacerse con conocimiento individualizado del responsable de tratamiento y bajo su supervisión.

Por todo ello, el CGPJ, en su condición de autoridad de control en materia de protección de datos respecto de los tratamientos de carácter jurisdiccional, ha acordado incoar diligencias informativas para investigar eventuales accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También ha encomendado al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que realice las comprobaciones técnicas correspondientes para determinar si se han producido esos accesos indebidos en los Juzgados y Tribunales de Cataluña y, en su caso, el alcance de los mismos y la forma en que se habrían producido.

Por último, la Permanente ha acordado requerir a la Generalitat para que suspenda provisionalmente toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales y para que, en el plazo de quince días, informe de manera pormenorizada de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en Juzgados y Tribunales de Cataluña.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Tribunales

La Audiencia Nacional rechaza la querella de Vox contra Zapatero

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Horas después de que la Fiscalía se pronunciase a favor de rechazar la denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos al considerar “de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación” no constituyen delito.

La formación de Santiago Abascal sostenía en su denuncia que entre 2005 y 2007 Zapatero sabía que ETA estaba fabricando explosivos, pese a lo cual mantuvo negociaciones con la banda terrorista y le proporcionó información reservada, ofreciéndole influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador etarra de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.

El magistrado reprocha a Vox, como ya hizo la Fiscalía, que articule su denuncia en afirmaciones que tienen su origen en noticias periodísticas, elevando a la categoría de ciertos e incontrovertibles los hechos que se describen en la misma. En el escrito, añade, se “eleva a categoría de hecho demostrado afirmaciones ayunas de todo sustento probatorio que es, en definitiva, lo que las partes deben aportar cuando quieren iniciar un procedimiento penal”.

Además, Pedraz recuerda que la imputación no es nueva ni por la persona contra la que se dirige ni por los hechos que se le imputan, pues el Tribunal Supremo “de una manera cierta y clara” ya estableció el carácter no delictivo de las conversaciones que el poder político, como representante de la soberanía nacional, puede mantener con diversas organizaciones y máxime cuando esos contactos, como en este caso sucedía, contaban con el aval del Congreso de los Diputados, “sede de la soberanía nacional”.

Ante la ausencia de indicios incriminatorios contra el querellado, concluye el instructor, la doctrina jurisprudencial ofrece escaso margen a la duda “respecto a la insostenibilidad de la calificación jurídica realizada por los querellantes como colaboración con organización terrorista”. Y es que, recuerda, para que se dé el delito de colaboración con banda armada debe existir una “mínima adhesión ideológica”, la finalidad de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” y la “conciencia, voluntad o intención de coadyuvar, favorecer o facilitar las actividades o finalidades terroristas”. Unos requisitos, recalca Pedraz, ni en una “mera posibilidad teórica”, por lo que rechaza de plano esa imputación y acuerda el archivo de la denuncia.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading
Advertisement

Publicidad

Advertisement

Publicidad

Copyright © 2019 all rights reserved alertanacional.es

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
A %d blogueros les gusta esto: