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Economía

Casado promete una ley antiocupación con penas de cárcel de uno a tres años

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha prometido este miércoles en Palma que si gobierna aprobará una ley antiocupación que prevé que los okupas se enfrenten a penas de cárcel de uno a tres años, como “estaba en el Código Penal” del PP, para luchar contra las “mafias, que hay que erradicar”.

Además, el PP recuperará que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan echar a los okupas de las casas en un plazo “máximo” de 48 horas.

Esta ley antiocupación “tan necesaria”, ha querido dejar claro Casado, no afectará a las familias que no pueden pagar su alquiler por un problema de desempleo.

Casado quiere recuperar la legislación antiocupación de los gobiernos del PP, dejando sin vigor la del PSOE, que establece multas para los okupas y no penas de prisión.

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“Se acabó la broma de las mafias que ocupan las viviendas de las clases medias españolas”, ha dicho Casado, cuyo gobierno también prohibirá a todos los ayuntamientos y entidades locales que puedan empadronar a los okupas para evitar que les echen de las viviendas.

Además, el PP impedirá mediante esta ley que cualquier ONG que promueva o justifique la ocupación reciba “un euro” de cualquier administración pública, sobre todos de ayuntamientos socialistas, Unidas Podemos, Más País o los soberanistas de Més per Mallorca.

Con ocasión de las elecciones generales del 10-N, Casado ha participado en un acto de precampaña de su formación en Palma y ha planteado diez medidas para facilitar el acceso a la vivienda en España.

Entre las mismas figura la construcción en suelo público, a través de la colaboración público-privada, de un parque en España de cien mil viviendas de alquiler dirigidas a jóvenes y personas mayores.

Casado, si llega a La Moncloa, pondrá en marcha un plan de rehabilitación para la sostenibilidad energética de las viviendas que conllevará exenciones fiscales.

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El líder de los populares ha recordado que en España el 65 % de los jóvenes de 16 a 33 años viven con sus padres, por lo que se ha preguntado cómo van a nacer niños en el país y quién financiará las pensiones.

Para ayudar a su emancipación, el PP mantendrá la exención del impuesto de la renta para los jóvenes mileuristas, ampliará la tarifa plana para emprendedores jóvenes a 24 meses y potenciará la formación continua, la FP dual y cualquier tipo de crédito para aquellos muchachos que quieran seguir trabajando.

Casado ha anunciado también que se suprimirá el impuesto de actos jurídicos documentados para todos los jóvenes que accedan a su primera vivienda, “justo lo contrario” de lo que propone el PSOE.

Respecto a la vivienda social, los populares volverán a prorrogar la moratoria de desahucios a familias con hijos hasta el año 2023, es decir, hasta que “culminemos la legislatura”, ha precisado.

Por otra parte, los sectores más vulnerables como familias con hijos podrán beneficiarse de exenciones en los impuestos de transmisiones patrimoniales y de bienes inmuebles.

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El ejecutivo del PP, ha continuado, fomentará la agilidad burocrática frente a paralización de las licencias para desarrollar promociones, así como una mayor seguridad jurídica y simplificación administrativa.

“En definitiva, nosotros sí tenemos un plan de choque por la vivienda: no queremos que los jóvenes se tengan que quedar en casas de sus padres sin poder formar una familia o que las personas mayores tengan que malvender sus casas”, ha planteado Casado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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