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Economía

El Gobierno de Sánchez dejará apenas 1.500 millones en la ‘hucha’ de las pensiones tras la extra de Navidad

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Magadalena Valerio, ministra de Trabajo
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La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha estimado que se tendrá que sacar unos 3.500 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas.

Unas declaraciones que ha realizado en una entrevista concedida a EFE. Valerio ha asegurado que a esta cuantía, que dejará la llamada «hucha de las pensiones» con apenas 1.500 millones de euros, se sumarán los 6.330 millones de euros que quedan del préstamo de 13.830 millones que concedió el Tesoro a la Seguridad Social.

«Este año van francamente bien las cotizaciones» con crecimientos interanuales de hasta el 8%, ha señalado Valerio, que no descarta que, gracias a esa buena evolución, pueda tener que usarse «un poquito menos» del fondo de reserva.

Derogación de la reforma de las pensiones

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La ministra también ha avanzado que la primera medida que tomaría de volver a estar al frente del Ministerio de Trabajo sería tramitar «la derogación de la ley de pensiones de 2013 de una vez por todas», y señala como prioritario un acuerdo, en el seno del Pacto de Toledo y el diálogo social, que garantice la sostenibilidad social de las pensiones con subidas según el IPC real.

Aunque no ha confirmado que la subida del 0,9% de las pensiones para 2020 se apruebe antes de que termine el año, porque dependerá de los plazos de formación de Gobierno, sí deja claro que si se hace después tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y muestra su confianza en que haya un Ejecutivo en plenas funciones tras las elecciones.

«Estoy absolutamente convencida que tras las elecciones va a haber Gobierno sí o sí y esperemos que un Gobierno estable y evidentemente (…) liderado por el PSOE y por Pedro Sánchez», ha señalado.

De que tengan esa opción de Gobierno dependerá también el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), un tema que dice que aún no se ha abordado, si bien deja claro que esta decisión debe pasar por la mesa de diálogo social y recuerda que el PSOE quiere situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura (unos 1.200 euros).

Fondo de Reserva

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Sobre la situación del fondo de reserva, ha asegurado que el Gobierno mantendrá el límite legal de disposiciones del 3% del gasto en prestaciones, algo que el PP anuló durante su mandato para «poder sacar más dinero».

La ministra recuerda que el fondo de reserva llegó a estar dotado con 67.000 millones de euros en 2011, pero explica que el sistema entró en déficit porque las cotizaciones cayeron en los años de crisis, mientras aumentaba la cuantía de las pensiones.

Por ello, el Gobierno del PP comenzó a hacer disposiciones, hasta sacar 74.000 millones de euros, a los que se sumó otros 10.000 millones del fondo de excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo, apunta.

Necesidad de estabilidad

A juicio de la ministra, es urgente que España tenga cuanto antes estabilidad y un Gobierno en plenitud de funciones y que, una vez se constituyan las Cortes, la comisión del Pacto de Toledo retome el texto «que se quedó en el tintero» en febrero para abordar la situación de un sistema de pensiones que califica como “solido”.

«Todo ese trabajo, por sentido común y por interés general del país, no se debería tirar por la borda», ha afirmado la ministra, quien confía en que el acuerdo se tome por unanimidad o, al menos, por inmensa mayoría con un «mínimo común denominador» consensuado, al que los grupos puedan añadir «votos particulares».

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Esta acuerdo, que después ha de pasar por la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, debe servir para reordenar el sistema de pensiones, abordando una vía adicional de ingresos mediante imposición, ya sea finalista o general, así como desviar algunas prestaciones a los presupuestos de forma paulatina: «Va a ser inevitable que se sume a las cotizaciones un complemento vía impuestos», afirma Valerio.

A vueltas con la Reforma Laboral

Entre otros temas pendientes, Valerio ha insistido en que si repite al frente de Trabajo quiere derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, en concreto, la ultraactividad, la subcontratación y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, reordenando las excepciones existentes y la posibilidad de descuelgues.

Recuerda que estuvo a punto de salir adelante una modificación parlamentaria de estos aspectos de la reforma laboral, incluso con transaccionales pactadas, que se frustró con la convocatoria electoral.

Entre los objetivos de la ministra si repite en Trabajo está también reordenar los incentivos a la contratación y ver su eficiencia, revisar las modalidades de contratación o abordar la situación de los trabajadores de las plataformas tecnológicas. Y aunque enmarca muchos de estos temas en la elaboración «del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI», reconoce que algunos, como el tema de los «riders», podrían tener que abordarse de forma más urgente.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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