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Economía

El legado económico de Franco: hechos y cifras

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Instantáneas de Francisco Franco tomadas en el Palacio del Pardo en 1966 que forman parte de la exposición 'Gyenes. Maestro fotógrafo'.
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Por Roberto Centeno.- Ante el Himalaya de mentiras y manipulaciones del nuevo Frente Popular, erigiéndose en fiscales cuando deberían estar en el banquillo y sin que los cobardes del PP y Ciudadanos sean capaces de proclamar la verdad, es imprescindible explicar con hechos y cifras cuál fue el balance económico y social de los 40 años de gobierno de Franco. Y compararlo luego con el mismo balance de los 40 años de la Transición, no de la democracia, sino de una oligarquía de partidos y con un sistema electoral tan disparatado que permite que 900.000 personas impongan su voluntad a la de 46 millones. Máxime cuando estamos a solo semanas de que el BCE cese sus compras masivas de deuda, que mantienen al modelo de Estado más ineficiente y despilfarrador de Occidente, con lo que se hará insostenible la gigantesca burbuja de deuda de casi 1,7 billones a final de año, obligando a un rescate a la griega.

El historiador británico Antony Beevor, sin duda el más prestigioso estudioso de los grandes conflictos políticos y militares del siglo XX, describe en su conocida obra ‘La Guerra Civil española’ (1) cómo el Frente Popular fue quien nos llevó a la guerra incumpliendo desde el fraude electoral de febrero del 36 la Constitución y la ley para aplastar a la media España que no pensaba como ellos. Y se hace al final la que denomina pregunta clave: “¿Qué habría salido de una victoria republicana? Cualquiera que hubiera sido el Gobierno en el poder, los años de la posguerra habrían sido tiempos de penalidades, pero con un Gobierno autoritario de izquierdas, quizás abiertamente comunista, España hubiera quedado reducida a un estado similar al de la repúblicas populares centroeuropeas o balcánicas hasta después de 1989”.

Pero eso no sucedió. Los mejores economistas españoles —desde Fuentes Quintana a Juan Velarde— han estudiado y documentado perfectamente el proceso, desde el desastre económico de la República desde su momento cero a los años de penuria de la posguerra, el bloqueo internacional, el Plan de Estabilización y los años de crecimiento fulgurante hasta 1975, tan bruscamente frenados por ese “desastre sin paliativos”, como lo denominaría el Rey, llamado Adolfo Suárez, un cortoplacista sin el menor sentido del Estado y sin los conocimientos mínimos para gobernar España, que en solo dos años nos llevaría al borde de la ruina, y sería el propio Fuentes Quintana quien con un plan económico de emergencia —Pactos de la Moncloa— nos salvaría ‘in extremis’.

Aunque meses después dimitiría irrevocablemente, porque como me explicaría personalmente, “a estos tíos [la oligarquía política] no les importa España, no están por las reformas, ni por la eficiencia que ni saben qué es; solo les importan la relevancia social, los pelotazos, el saqueo de la nación con las comunidades autónomas y los monopolios, y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos tan ignorantes y venales como ellos. Con ellos, jamás volveremos a alcanzar crecimientos como los de los últimos 30 años”. Su juicio fue profético. Durante 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% de entre 1950 y1975. Y sin embargo los españoles no son conscientes, aunque pronto lo serán cuando el BCE deje de comprar deuda y estalle la gigantesca burbuja acumulada para financiar el Estado autonómico.

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Franco, inaugurando el pantano de Oliana, en Lérida. (José Demaría Vázquez, Campúa)

Franco, inaugurando el pantano de Oliana, en Lérida. (José Demaría Vázquez, Campúa)

Y no son conscientes porque, como consecuencia de la mejora exponencial de la tecnología y de la reducción brutal de los costes de fabricación de todos los bienes y servicios, hoy hay más de todo que hace 40 años. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Pero eso no significa que España no camine hacia un gigantesco desastre económico, político y social. Un ejemplo que entiende hasta un niño: en 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita; hoy, la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. Y lo que es aún peor, España tiene hoy la distribución de la renta más injusta de toda la UE.

En 1950, la clase media representaba en España el 34% de la población, en 1975 la cifra había subido al 56%, la más alta de toda nuestra historia. Pero en 2016 esta había descendido al 43%.

En línea con ello, la clase baja y la pobreza pasaron del 65% en 1950 al 39% en 1975 —la cifra más baja de toda nuestra historia— y al 54% en 2016.

Pero en 1975 España no era una republica popular empobrecida y hambrienta, sino un auténtico milagro, y esto resulta esencial, pues como me recordaba mi maestro Fuentes Quintana, “esto es el ejemplo claro de lo que España puede conseguir cuando está bien gobernada”. En solo 25 años, nuestra nación experimentaría el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado había a pasado al tener el décimo PIB mundial, hoy el decimocuarto. De una renta per cápita en 1950 equivalente al 45% de la de los nueves países centrales de Europa que en 1975 constituían la Comunidad Económica Europea, al 83%, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzado desde el siglo XVI, hoy en el 71%. De una industria que en 1950 representaba el 12% del PIB, al 36% en 1975, y hoy hundida al 15% con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos, especuladores y camareros.

Pero no solo fue lo económico. La Administración española sería en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado, abogados, ingenieros o economistas, y un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay: 2,5 millones según las AAPP, tres millones según la EPA y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias. De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ministro de Hacienda Montoro, el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.

Pero si en lo económico y en la eficacia de la gestión se degrada todo lo realizado, llamando ‘desarrollismo’ a crecer al 7,5% anual acumulativo durante 15 años, con un sectarismo y una miseria moral inéditas en Europa, o ‘tecnocracia’ al conocimiento y la excelencia en la gestión pública, frente a la ignorancia y la incompetencia, en lo social el engaño alcanza proporciones oceánicas: la Seguridad Social la crea Felipe González, a cientos de miles de viviendas sociales para la clase obrera se les arrancan las chapas para ocultar su origen… realmente alucinante. No hay espacio para los detalles, pero este es el resumen de lo creado durante el mandato de Franco.

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– Creación de la sanidad pública universal (todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en 1975, y Franco murió en uno de ellos).
– Creación de la pensión de jubilación, y también de la de viudedad. Establecimiento de la edad obligatoria de jubilación.
– Establecimiento del salario mínimo interprofesional.
– Creación del Auxilio Social, sembrando España de comedores gratuitos para los más necesitados.
– Creación de escuelas de Formación Profesional.
– Construcción de todos los pantanos posibles de España, etc.

Finalmente, debe explicarse cómo en un importante informe de 1945 (ocultado a los ciudadanos), el Banco de España recomendó al Gobierno hacer todos los esfuerzos posibles para integrarse en los sistemas monetario y de comercio mundiales. El aislamiento internacional impidió al Gobierno seguir este camino obligándole por mera necesidad de supervivencia a un sistema autárquico absolutamente ineficiente. Finalmente, España entra en el FMI en septiembre de 1958, enterrando la autarquía y poniendo España en el camino hacia el mayor periodo de crecimiento de su historia. Luego, España sería miembro fundador de la OCDE en 1961.

Pero en el área de los acuerdos internacionales, el más crucial de todos fue el Acuerdo Económico Preferencial con la CEE, gestionado por Alberto Ullastres, uno de los mejores ministros junto con López Rodó de toda la historia de España, en octubre de 1970. La CEE redujo un 30% los aranceles de casi todos los productos españoles. Este acuerdo era infinitamente más ventajoso para España que la desastrosamente negociada entrada de pleno derecho en 1986, a costa del desmantelamiento industrial de nuestra nación, algo perfectamente conocido y que, como todo lo demás, se oculta al pueblo español.

(1) ‘La Guerra Civil española’, Antony Beevor, Crítica-Planeta 2015.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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