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Economía

Hacienda interrumpe la celebración de un enlace en Badajoz: “Hemos venido a embargar su boda”

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El matrimonio en el despacho de su abogado - HOY
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Dos inspectores de la Agencia Tributaria irrumpieron el pasado 1 de junio en la celebración del convite de una boda en Badajoz porque al parecer la empresa del catering debía dinero a Hacienda. En concreto, según informa el diario Hoy, todo ocurrió cuando necesitó ayuda para ir al baño. En su camino se encontró con dos hombres con un portátil, que tras identificarse le dijeron: «Somos de la Agencia Tributaria. Hemos venido a embargar su boda».

La novia en un principio creía que ambos investigaban posibles pagos en negro o los regalos. Pero no fue así. La razón por la que ambos agentes irrumpieron en el enlace fue que la empresa de catering le debía dinero a la Agencia Tributaria. Así, el objetivo de los inspectores era averiguar cómo era su contrato con este negocio e interceptar el pago, es decir, que los novios le diesen el dinero a Hacienda para paliar la deuda fiscal del catering. De esta manera, uno de los días más felices para esta pareja, se tornó en pesadilla. Ambos, de 39 y 43 años, llevan juntos diez años, tienen dos hijos pequeños y hace un año decidieron casarse e invertir sus ahorros en una boda especial en la que reunir a sus familias.

Ambos alegan que le estropearon parte del evento y que sufrieron daños morales. Y es que tras la entrada de los inspectores los camareros del catering dejaron sin servir los postres y el champán para brindar. Por ello han contratado al abogado pacense Eduardo Gil Mastro y van a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Agencia Tributaria. «No entiendo la agresividad de ir a la boda, hablar con nosotros, llamar a la Guardia Civil… Podían notificarnos, como lo han hecho luego por escrito y por email, que no debíamos pagar a la empresa porque quieren que hagamos el pago directamente a Hacienda como acreedores. Perdimos servicios, por no hablar del daño moral», relata el novio.

Como cualquier pareja, eligieron fecha, sitio para la ceremonia y se pusieron a buscar un salón para el banquete y el baile. Encontraron una finca perfecta para lo que querían, firmaron un contrato y pagaron una señal a través de una transferencia bancaria. En ningún momento, explica la novia, les pidieron un pago en ‘B’. «En el contrato pone que, tras el abono final, nos darían la factura, así que todo estaba bien».

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El abogado de la pareja, Eduardo Gil, cree que los trabajadores de la Agencia Tributaria llamaron a los agentes de la Guardia Civil porque alguien se negó a darles datos y querían que levantasen acta. Lo que no comprenden los novios es que una vez más les colocasen a ellos en el centro de la investigación en un día tan delicado. «Solo les pedíamos arreglarlo el lunes, pero nos decían que no y nos repetían lo mismo de nuevo, lo de la empresa», dice la novia.

Dos días después de la boda, los novios acudieron de nuevo a la sala para recoger sus cosas e informar a la empresa de que no les pagarían. Ese mismo día dos agentes de la Agencia Tributaria fueron a su casa y hablaron con la madre de la novia. «Estuvimos a punto de no irnos de luna de miel porque estábamos preocupados. Finalmente nos animamos, pero no nos lo quitábamos de la cabeza. En Venecia nos llegó por email el requerimiento para que retuviésemos el pago y presentásemos los papeles del contrato y la transacción. Más adelante nos darán un número de cuenta para ingresárselo a Hacienda», dice la novia. «Eso lo entendemos. Es normal ¿Por qué no lo hicieron así? Una carta o un correo con el requerimiento en lugar de meterse en la boda», concluye el novio.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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