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Tribunales

La Fiscalía pide imputar al defensor del pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions

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La Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue al Sìndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, por supuesto delito de cohecho pasivo impropio por aceptar una invitación a la final de la Liga de Campeones de fútbol de 2015 en Berlín Alemania. Así lo plantea la Fiscalía Anticorrupción en un escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que remita la correspondiente exposición razonada al TSJC.

La Fiscalía explica que “a la vista de los informes de la Guardia Civil de 13 de marzo y 1 de agosto de 2019 interesa que se solicite del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que valore su competencia para conocer de la investigación de los hechos”.

Explica que en junio de 2015 Jordi Soler, investigado en la Audiencia Nacional en el caso de las mordidas del 3 por ciento, “decidió invitar a diversas personalidades del ámbito del partido político CDC o de instituciones públicas de Cataluña, a la final de la Liga de campeones de la UEFA, que se celebraba en Berlín”. El escrito, que adelanta este viernes El Periódico, añade que “consta en el informe de la Guardia Civil de 13 de marzo de 2019 la información localizada en el dispositivo de telefonía móvil vinculado al investigado Jordi Soler, que permite concluir la existencia de hechos de relevancia penal imputables a Rafael, quien ocupa desde el año 2004 el cargo de Sindic de Greuges”.

El fiscal explica que finalmente Ribó realizó con su hija el viaje pagado por Jordi Soler, que incluyó el alquiler de un avión y una furgoneta para los desplazamientos desde Barcelona a Berlín y dentro de Berlín, donde se disputó la final de la Champions League el 6 de junio de 2015 entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín. Añade que “el viaje se realizó, según el mismo informe de la Guardia Civil, con un coste total de 39.900 euros, facturado a nombre de “Electromecánica Soler, S. L.”, “Grup Soler Constructora, S. L.” y “Soler Global Service, S. L.”.

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La Fiscalía explica en su escrito que el artículo 422 del Código Penal castigar lo que se denomina “cohecho pasivo impropio”, que sanciona al cargo público que simplemente acepta un regalo entregado en consideración a su posición. Sobre este delito para el fiscal es muy significativa la resolución del Tribunal Supremo que revocó el archivo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la pieza de la llamada “trama Gürtel” relativa al expresidente valenciano Francisco Camps, acordando la continuación del procedimiento respecto al mismo.

Recuerda que en la misma el alto tribunal señaló que “la entrega de unos trajes tiene la consideración de dádiva a los efectos del delito de cohecho”, pues “se realiza en consideración a la condición del funcionario o cargo público del que los recibe, de tal forma que, sin esa condición, el regalo no se hubiera realizado”. El fiscal explica que “el bien jurídico protegido en todas las modalidades del delito de cohecho es el interés de que los funcionarios públicos no incurran en corrupción, es decir, evitar que ejerciten sus funciones en atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas, con la finalidad general de preservar la objetividad de la Administración pública”. Precisa que en este caso “Ribó no solo aceptó la invitación al viaje en un vuelo pagado por Jordi Soler sino que además tomó la iniciativa de solicitar que dicho empresario pagara también el viaje a Berlín de su hija”. Además, “dentro de las funciones y actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido fútbol, es decir, el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial”.

El fiscal destaca que “el propio Soler lo considera como un viaje comercial y trata de que nadie sepa de él, según se refleja en un mensaje”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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