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Tribunales

Nuevo varapalo al independentismo: el TC avala la aplicación del 155 en Cataluña

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La aplicación del artículo 155 en Cataluña fue acorde a la Constitución. Horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea negase a Carles Puigdemont el escaño en el Europarlamento, el independentismo catalán ha encajado un nuevo varapalo judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la medida adoptada el 27 de octubre de 2017 en dos sentencias en las que rechaza en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, por un lado, y por el Parlamento de Cataluña, por otro, contra el acuerdo del Pleno del Senado que dio el visto bueno a la aprobación de las medidas requeridas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución.

En el fallo en el que rechaza el recurso de la formación de Pablo Iglesias, el TC estima únicamente la impugnación en lo relativo a la regla que supeditaba los efectos de las publicaciones oficiales de disposiciones normativas o actos a la autorización del Ejecutivo español.

Una vez resuelto el recurso interpuesto por la formación morada, los magistrados declaran la “pérdida sobrevenida de objeto” del planteado por el Parlament en lo referente a la impugnación de la aplicación del 155, ya resuelta en el anterior. El TC inadmite parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Cámara autonómica en lo referente a “todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas” aprobadas por el acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprobaron “las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución”.

En su recurso, la formación morada consideraba el acuerdo del Senado “contrario a este marco constitucional, en la medida en que se adoptó con vulneración del procedimiento constitucionalmente previsto, pues el requerimiento previo del Gobierno, la solicitud de autorización y el acuerdo ahora impugnado no guardan la necesaria coherencia en la identificación del incumplimiento o atentado al interés general ni en la determinación de las medidas de restablecimiento”. “Ni se han respetado las garantías de intervención de las autoridades de la Generalitat en el procedimiento ni se han considerado debidamente sus alegaciones, defraudando así los principios y valores constitucionales protegidos por dicho procedimiento”, se quejaban los diputados de Podemos.

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Por su parte, el Parlament denunció la supuesta vulneración del principio de autonomía y de participación política y se quejó de la “desproporcionada” aplicación del 155 ante lo que calificaba de una “mera declaración retórica” del entonces presidente de la Generalitat. Para la cámara catalana esa suspensión “de facto” de la autonomía catalana y la disolución del Parlament derivaron en un “control político de conveniencia” que dejó a la Cámara en una posición de “subordinación jerárquica” respecto al Gobierno de Rajoy. “Con la franquicia que se arroga el Gobierno del Estado, se está alterando la formación de la voluntad de un órgano como el Parlament, protestaba en su escrito al TC.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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