Los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al primer semestre de este año 2018 son alarmantes: en España hay menos nacimientos y más muertes que en el mismo período de 2017, con un saldo negativo de 46.590 personas. La natalidad ha descendido a niveles de 1941, quedándose en 179.794 nacimientos, frente a 226.385 defunciones. El panorama se completa con el aumento de la expectativa de vida de los españoles, hasta situarse por encima de los 83 años. España está perdiendo su capacidad de regeneración demográfica, lo que constituye un problema social, pero también económico, porque la viabilidad del sistema de pensiones depende de que exista una base de población joven y empleada. Justo lo que nuestro país está perdiendo. El contexto legal, fiscal, social y cultural tampoco ayuda a fomentar la natalidad. Anualmente se practican en España más de 90.000 abortos terapéuticos, a los que habría que sumar la cifra no conocida de abortos farmacológicos. La edad de maternidad se sitúa en los 32 años y la media de hijos se queda en 1,33 por mujer, la más baja de Europa.

Ante estas cifras, las instituciones públicas no pueden quedarse con los brazos cruzados, porque está en juego el futuro de la sociedad española. Hay que hablar de natalidad y hay que hacerlo sin el prejuicio o el temor de que sea percibido como una amenaza a la autonomía laboral y personal de la mujer. Otros países desarrollados en Europa son capaces de ofrecer alternativas sociales y fiscales para que las parejas puedan tener hijos sin miedo a perder el empleo o las posibilidades de promoción. En una sociedad como la española, tan sensible a políticas sociales de toda índole -incluyendo las animalistas-, es llamativa la ausencia de una estrategia de Estado para apoyar a la familia, que es el único fundamento sólido para un crecimiento sostenible de la población. Y es lamentable que los debates sobre las personas estén hoy centrados en reformas legales que, tras actitudes supuestamente compasivas y aparentemente muy respetuosas con los derechos del paciente, propician la muerte de enfermos crónicos o discapacitados, insertando en los propios enfermos y en sus familias la peligrosa idea de que hay vidas que molestan y sobran. Entre Ciudadanos, ahora ofendido por unas enmiendas de última hora del PSOE a su ley sobre «muerte digna», y el PSOE, promotor de una ley de eutanasia activa, la legislación española se asociará a una cultura de la muerte, que margina la importancia de los cuidados paliativos y renuncia a fortalecer los servicios sociales para situaciones extremas. Una sociedad moderna, industrial y formada como la española no puede poner tantas trabas a la vida.