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Economía

Vuelve la “guerra” del cava: el Gobierno limita la producción valenciana frente a la de Cataluña

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La «guerra» del cava vuelve por Navidad. El Ministerio de Agricultura ha propuesto formalmente, a través de un documento que prevé aprobar en pocos días, limitar al máximo la autorización de nuevas plantaciones de uva destinada a la elaboración de cava. Un sector al alza en la Comunidad Valenciana, donde las ocho bodegas de Requena que forman parte de la Denominación de Origen del cava batirán este año su registro histórico de ventas, con más de nueve millones de botellas.

Sin embargo, según el borrador que el departamento agrario ha trasladado al sector y a las comunidades autónomas, la superficie disponible en 2019 para autorizaciones de nueva plantación en las zonas delimitadas por la Denominación de Origen (DO) Cava únicamente se podrá incrementar en 0,1 hectáreas, lo que implica en la práctica congelar el número de cepas. Esta restricción contrasta con el fuerte aumento que el Ejecutivo sí permitirá para nuevas plantaciones de uva para vinos en general, establecida en 4.747 hectáreas más.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera que los planes del gobierno central «se pliegan nuevamente, de manera descarada e inaceptable, a los intereses de las bodegas catalanas aunque esa medida suponga impedir a la fuerza el crecimiento que están experimentando las otras áreas españolas que están autorizadas para la elaboración de cava como Requena, donde los agricultores y las bodegas han encontrado en este producto una alternativa viable dentro de un contexto generalizado de crisis de precios en el mundo vitivinícola». Tanto es así que las cotizaciones medias que perciben los productores valencianos por la uva para cava suelen doblar a las obtenidas en otro tipo de vinos.

El presidente de la entidad, Cristóbal Aguado, señala que “esta decisión del Gobierno parece anteponer las cuestiones políticas, porque a nadie se le escapa la influencia del conflicto catalán, por encima de razones objetivas de mercado. El sector del cava valenciano se encuentra en plena fase de expansión, con una subida este año del 10% de las ventas y con una producción que ya alcanza los nueve millones de botellas. Tratar de cortar las alas a esa progresión a golpe de decreto y de manera artificial no solo constituye un nuevo agravio a la economía valenciana, sino también un insulto al sentido común. No se pueden poner puertas al campo y mucho menos frenar el crecimiento económico. Es un disparate”.

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Aguado recuerda además que “ya denunciamos esta misma situación cuando el gobierno central estaba en manos del Partido Popular y lamentamos que el cambio de signo en el Ejecutivo no haya servido para corregir un tema tan sensible”.

El dirigente agrario defiende la conveniencia de “proponer la creación de unas subzonas del cava y que las decisiones se adopten en función de las necesidades de cada una de ellas, de tal manera que si los productores y bodegas de alguna de estas subzonas detectan que sus mercados se hallan saturados y es conveniente limitar su crecimiento, pues perfecto, que lo hagan, pero lo que no puede ser es impedir la expansión de aquellos otros que sí tienen expectativas y capacidad para seguir creciendo”.

Aguado subraya que “muchos viticultores de Requena habían acometido inversiones importantes para reestructurar sus parcelas y destinarlas a la producción de cava, del mismo modo que muchas empresas del sector habían realizado un gran esfuerzo en la modernización y ampliación de sus instalaciones. Si la limitación del año pasado encendió las alarmas, su mantenimiento en 2019 vendría a confirmar el duro golpe a este colectivo emergente y eso es algo que no estamos dispuestos a consentir”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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