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Tribunales

El juez archiva la causa de Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España

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Dani Mateo ultrajando la bandera.
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El juez de Instrucción número 47 de Madrid ha acordado el sobreseimiento de la investigación abierta contra el presentador Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un ‘sketch’ de un programa de La Sexta, de lo que asegura que se trató de “una actuación humorística muy desafortunada y provocadora”.

Así consta en un auto en el que el juez concluye que el presentador no tuvo ninguna intención de fomentar el odio contra nadie, al igual que comparte la Fiscalía de Madrid. La resolución puede ser recurrida en reforma o bien en apelación.

El juez Adolfo Carretero investigaba a Dani Mateo a raíz de la denuncia interpuesta por Alternativa Sindical de Policía tras la aparición del presentador de televisión en un programa emitido en “horario de máxima audiencia” en el que mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España, han informado desde Fiscalía.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el acto que se reprocha a Mateo, puede enmarcarse en el ámbito de la puesta en escena “desafiante” o “crítica” de las que se utilizan “cada vez más” para llamar la atención en los medios de comunicación, pero en ningún caso va más allá de un recurso a una “cierta dosis de provocación permitida para la transmisión de un mensaje crítico desde la perspectiva de la libertad de expresión”.

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En la resolución, el instructor sustenta su archivo en que “no existen pruebas suficientes para imputarle un delito de odio”, al igual que en lo relativo al delito de ultraje a la bandera.

“Los ultrajes a la bandera de España pueden ser coactivos o denigratorios, asemejándose en este segundo supuesto el delito de la injuria”, recalca el magistrado, a lo que agrega: “Uno de los límites a la libertad de expresión protegida por el artículo 20 de la Constitución, y de la que el humor es una manifestación, es precisamente el delito de injuria, pues como dice el Tribunal Constitucional, la libertad de expresión no ampara la injuria”.

En esta línea, subraya que no se podía rechazar la denuncia de plano, ya que sonarse “los mocos con la bandera de España”, aunque se pretenda “hacer en un contexto humorístico” son “per se actos denigratorios”, al igual que lo entiende el fiscal. Y añade que con “el humor también se puede ultrajar e injuriar a personas y símbolos”.

“No obstante, a la vista de que el Ministerio Fiscal, que teóricamente defiende al interés general y a la sociedad, considera que el ánimo cómico de Mateo no fue el de ultraje, sino que se trato de ‘una puesta en escena desafiante o crítica’ que permite la libertad de expresión, aunque pueda ofender los sentimientos de muchos españoles, no parece razonable continuar el presente procedimiento”, recalca.

Por tanto, concluye que se trata de “una actuación humorística en un medio público y ante numerosísima audiencia, muy desafortunada y provocadora”. Pero que, agrega el juez, “conforme al principio de intervención mínima del derecho penal y amplia de la libertad de expresión” no encaja suficientemente en el artículo 543 del Código Penal al no estar acreditado el ultraje.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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