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Economía

Los constantes toques de atención de Bruselas a España que pueden poner en jaque a Sánchez

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Pedro Sánchez y Nadia Calviño, a su llegada al foro económico de Davos (Suiza), en enero.
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La Comisión Europea ha realizado una contundente advertencia este martes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Para Bruselas el plan presupuestario del Ejecutivo español para 2020 conlleva un “riesgo importante” de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para 2020 y le ha pedido unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso.

En una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Ejecutivo comunitario advierte de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública. El envío de esta misiva es el primer paso dentro del procedimiento por el que la Comisión vigila los presupuestos de los países de la eurozona y avisa a aquellos países que presentan riesgo de desviarse de las normas comunitarias, pero no supone el rechazo de las cuentas.

Este tipo de avisos son habituales. Países como Grecia, Italia, España y Portugal, suelen ser receptores habituales de unos toques de atención que acaban recibiendo todos los países. En nuestro caso son tan recurrentes que, el pasado 7 de mayo, la Comisión ya advirtió a España sobre su incumplimiento con sus compromisos al no lograr rebajar el déficit del 2% del PIB ni este año ni el que viene. Las previsiones económicas de europeas señalaron en aquel momento a Bélgica, Francia, Italia y España como los países en los que sus “considerables” desfases y su elevada deuda sugerían la necesidad de “un mayor ajuste”.

El 7 de febrero tenía lugar otro llamamiento de Bruselas al reducir una décima la previsión de crecimiento de España para este año y el próximo, situándolos en un 2,1% en 2019 y 1,9% en 2020. En las previsiones de invierno la Comisión Europea (CE) estableció que esta desaceleración se debió principalmente a la reducción del consumo privado, que crecía en ese momento más lentamente que los ingresos.

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También el Banco Central Europeo (BCE) avisó a España el 5 de septiembre de este mismo años sobre que no tenía margen ni para subir gasto ni bajar impuestos. Todo debido a la combinación de un nivel de deuda pública situado por encima del 90% y por un elevado déficit público de carácter estructural. Algo a lo que se sumó la OCDE pocos días después, el 19 de septiembre, con un mensaje idéntico al del BCE: “España no tiene margen para aumentar el gasto si no sube los impuestos”.

Como vemos, uno multitud de advertencias que podríamos continuar sin llegar a poner un punto y final. Son también conocidos los avisos de la Comisión Europea en abril y noviembre de 2013, año en el que llegó a recibir tres contundentes toques de atención. Bruselas advertía a España por aquel entonces por sus desequilibrios económicos que se manifestaban en cuestiones como el alto nivel de paro y de deuda pública y privada.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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