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Margarita Robles, Zaida Cantera y Teresa Franco. El peligroso triángulo del femi-nazismo radical bífido en las Fuerzas Armadas de España.

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“El día 11 de abril de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista, encabezado por su portavoz, Margarita Robles, mantuvo una reunión en el Congreso con la cabo y secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Teresa Franco, contra la que el Ejército del Aire ha abierto un expediente de expulsión.

En esta reunión, a la que también asistieron la portavoz socialista de Defensa, Zaida Cantera, la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, la portavoz adjunta de Defensa, Miriam Alconchel, la secretaria primera de Defensa, Esther Peña y Lidia Guinart, vocal de Igualdad, así como representantes de Podemos y Ciudadanos, los parlamentarios mostraron su apoyo a la militar y le han trasladado su disposición para ayudarla desde el punto de vista parlamentario en este proceso.

El Grupo Socialista defendió la labor de Franco en su lucha por los derechos sociales de los militares y, en especial, por la búsqueda de la igualdad en las Fuerzas Armadas, y ha denunciado que ello le haya costado ser expedientada tras denunciar por acoso a su superior.” (https://www.psoe.es/search/tags/zaida-cantera/)

En la reunión también participaron por parte de Unidos Podemos su portavoz, Irene Montero, y los diputados Miguel Ángel Bustamante, Tania Sánchez y Carmen Valido. Mientras, la representación de Ciudadanos corrió a cargo de su portavoz de defensa, Javier Cano, y la diputada naranja Melisa Rodríguez.

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El caso es que en aquellos días de «gloria», aunque más bien de infamia, la cabo obtuvo el apoyo explícito y activo de las otras dos comadres: Robles y Cantera; por si no lo saben la historia de esta última es idéntica a la de la cabo, sólo que Cantera era comandante por arte de birlibirloque y que contra quién arremetió fue contra su jefe, primero, y luego contra su jefa, hasta conseguir que la largaran, a ella, claro, con viento fresco de donde nunca tuvo haber entrado, o sea, en las FAS. Para más inri, Cantera confesó públicamente que entre ella y la cabo Franco había una relación muy estrecha…

Las tres principales, el trio de la bencina como se dice en el artículo de “El Español”, 7OCT2020, anduvieron metiendo la mano en el bochornoso asunto del Cap. del Ejército del Aire Fernández Galindo… hemos dicho metiendo la mano, no metiéndole mano, que conste, aunque nos da que presuntamente a una de ellas puede que le hubiera gustado meterle mano y puede que eso sea el quid de su inquina al no haberlo podido lograr… pues ya saben que del amor al odio hay sólo un paso. Y he dicho en el asunto del citado capitán, sin doble intención, que conste.

¿Qué pintan mujeres bífidas de esta calaña en las FAS? ¿Duele la pregunta, ¿verdad? Pues ajo y agua.

Y es que como las hay que son como son, más le valía a Defensa prescindir de ellas o, al menos, confinarlas, que está de moda, en puestos más que secundarios, como quiso hacer una de nuestras protagonistas con alguien al que cesó injustamente y luego tuvo que envainársela vergonzosamente y readmitirle.

Y, para conocimiento de los lectores, paso a describir los hechos de la Cabo María Teresa Franco Martínez, caso que exhumo hoy en honor a su ilustre, por D. Francisco, apellido:

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Todo esto empezó con tres expedientes disciplinarios que se le abrieron a la Cabo destinada en la base de Alcantarilla. Es importante dejar claro que esos tres expedientes se le abrieron por temas militares; estrictamente militares. La Cabo Franco no está conforme con ellos y llega a recurrir esos expedientes incluso al Tribunal Supremo.

Se da la razón al Capitán en todas las instancias. Los tres expedientes disciplinarios que abrió entre 2012 y 2013 a la cabo Teresa Franco, destinada en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia), fueron abiertos conforme a la normativa, según confirmó el Tribunal Supremo en otras tantas sentencias.

La Cabo Franco, entonces, agrupa estas tres sanciones que ya han sido juzgadas y presenta una denuncia por lo penal en la que se acusa al hoy Capitán Fernández Galindo de acoso laboral y extralimitación en el ejercicio del mando, por aquel entonces teniente.

Es necesario especificar, para conocimiento los motivos de los tres expedientes:

1º.- No abrió las puertas de la base en el momento en el que debía hacerlo. Esto provocó un atasco monumental a las puertas de la base con un problema añadido; al lado de la base hay un polígono industrial y todos los trabajadores que se desplazaban al polígono se encontraron con que no llegaban a tiempo a su trabajo porque ella no cumplió con lo que era su obligación.

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2º.- En una alerta terrorista se dio orden a las personas que estaban de guardia, entre ellas la cabo Franco, de que no entrara ni saliera gente de la Base vestida con uniforme o con monos de trabajo con los que pudieran ser identificados como miembros de la unidad. Un teniente coronel vio que una persona salía vestida de militar y justo lo hacía por delante de la garita que ocupaba la cabo Franco Martínez. El parte era evidente.

3º.- El Ejército del Aire abrió una investigación para estudiar si la cabo Franco se estaba extralimitando en sus declaraciones a la prensa –no tenía la autorización– y si estaba vulnerando la debida neutralidad política publicando mensajes en sus redes sociales a favor del PSOE.

Aquí no quedan las cosas, no, todo lo contrario ya que aparte del total incumplimiento de sus deberes más elementales en el ejercicio de sus funciones, el Ejército del Aire, justificaba también la expulsión de la Cabo Teresa Franco, porque en los últimos 3 años, no había sido capaz de superar los Informes que anualmente se realizan con carácter obligatorio a todo el Personal Militar de las Fuerzas Armadas Españolas, dándose también por asegurado que de igual manera, no había superado, el Plan de Instrucción de la Policía Aérea de la Base de Alcantarilla, donde se encontraba Destinada.

Hay que reiterar que lo primero que hace Margarita Robles nada más llegar a su puesto fue dar por cerrado el expediente por el que M.ª Teresa Franco tendría que haber sido expulsada del Ejército. Y al poco tiempo obligan al togado militar del 14 a volver a abrir un proceso por el que se declaraba el caso como sobreseído, pasando de nuevo a procesar al Capitán. En total se acumulan ocho resoluciones favorables a la causa del Capitán y ninguna en contra; aun así, han llegado a separarle del servicio. Incluso una de las jueces, en uno de sus autos reconoce no encontrar motivos para procesarlo y se da a entender incluso que se le procesa para cumplir órdenes.

Pero vayamos más lejos aún, hay que carecer de escrúpulos y valores morales, para cerrar un expediente sancionador en base a una simpatía ideológica por parte de la propia ministra de Defensa, la Sra. Margarita Robles, que estima como no merecedores de reproche alguno, como prueba el hecho de que la cabo M.ª Teresa Franco Martínez estuviera nombrada como número dos al ayuntamiento de Murcia por el PSOE, el partido de la Ministra, qué casualidad, estando en activo y sin que se le iniciara expediente disciplinario alguno, desprestigiando al Mando y al Ejército del Aire.

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Sí Sra. Robles, el hecho de que usted en su resolución le diera antigüedad de 29 de mayo para darle cierta cobertura legal a la sancionable acción de la Cabo Franco, sólo tiene validez a efectos administrativos, como debiera saber, ya que, disciplinariamente hablando, la cabo Franco tenía prohibido romper su neutralidad política mientras no hubiese sido firmado y publicado su pase a situación de servicios especiales.

Y aunque, finalmente, todo le dio la razón al capitán, incluso la justicia civil que archivó por estúpida la demanda de la cabo, ocurre que llega Robles al sillón de ministro de Defensa y… efectivamente, lo han adivinado ¡pero qué listos son nuestros lectores!: el oficial fue separado del servicio, o sea, le dieron la patada, esa a la que Robles es tan aficionada, ella toda una demócrata de toda la vida, imponiéndosele la peor de las penas que había y hay a mano; eso sí, con el cobarde y vergonzoso silencio de jefes, oficiales y suboficiales que aunque en el bar le daban palmaditas al capitán, a la hora de dar la cara corrían como ratas. Ah, y detalle importante: para entonces la cabo Franco conseguía acta de diputada por Murcia por el… claro, el PSOE, ese partido de historia tan criminal o más que el nazi e igual a la del comunista de cualquier lugar, que ya es decir.

El remate de la situación se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, –fue cesado del Ministerio el pasado mes de junio de 2020– decidió suspender de empleo y sueldo al capitán Fernández Galindo en contra del criterio de los tres expedientes que se debían solicitar para tomar la decisión. Los mismos mencionados al inicio de la noticia. Una purga que los tribunales han desbaratado y por lo que ahora obligan a Defensa a pagar las costas del proceso judicial.

En la actualidad y como militar, la Cabo se encuentra en Servicios Especiales, que viene siendo lo mismo que en excedencia, y pasa a ser presentada por el PSOE cómo número 2 de la Región de Murcia, electa concejal, cobrando mensualmente y según el Portal de Transparencia la cantidad de 4.937,76 euros brutos, que son anualmente un total de, 69.128,62 euros brutos.

Pues bien, tras un calvario profesional, personal y familiar de casi ocho años del capitán por el que la injusticia militar y civil no le van a compensar, tiempo que les hemos reducido a estas pocas líneas, definitivamente, el capitán ha tenido que ser readmitido en el servicio porque la cosa era tan evidente que clamaba al cielo quien en esta ocasión sí escuchó.

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Así pues, la ministra Robles sufrió un nuevo revés Judicial desde que llegó al Ministerio de Defensa, ya que la misma Justicia obligó al Correspondiente Departamento del Ministerio, a restituir al Capitán del Ejército del Aire, D. Juan Antonio Fernández Galindo.

La vida y mi propia lucha de casi ya 7 años me ha enseñado que el miedo no existe, se lo crea uno mismo.

Desde el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Defensa en tienda de campaña.

Agustín Fariña

Soldado de Infantería española. (R)

¿Quien es Agustín Fariña?

En 1996, realizó su Servicio Militar de reemplazo de la ya extinguida y mal llamada mili obligatoria, dónde cumplió tras su Jura de Bandera, los 9 meses obligatorios como Artillero, en el Regimiento de Artillería de Campaña, RACA 93, Tenerife. El 6 de abril del año 2000, Juró la Enseña Nacional por segunda vez dentro del Ejército Español, en ésta ocasión ya cómo Militar Profesional de Tropa y Marinería, MPTM, donde permaneció durante casi 20 años. Entre otros Destinos destacados de máxima responsabilidad y de plena confianza del Mando estuvo en: La Secretaría Particular de S.E. Teniente General Jefe del Mando de Canarias. Asesoría Jurídica del Mando de Canarias. Redactor de la Revista Militar del Mando de Canarias “Hespérides” y a su vez cómo Fotógrafo Institucional del Mando de Canarias. Tiene en su poder varias Felicitaciones Personales por Escrito tales cómo: Una por parte del Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército, por aquél entonces Excmo. Sr. D. Fulgencio Coll Bucher, ya que en el año 2009, participó por primera y única vez en los Premios Nacionales de Fotografía, “Premios Ejército”, donde se presentaron más de 500 trabajos quedando entre los mejores ocho Seleccionados/Finalistas en esa edición, siendo su trabajo publicado por el Ministerio de Defensa, en la Revista de Carácter Anual sobre los citados Premios Nacionales. De igual manera, fue felicitado personalmente por el aquél entonces, Teniente General Jefe del Mando de Canarias; General Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, entre otros. Así mismo, el Coronel Jefe de la Revista Militar Hespérides, redactó una noticia sobre el logro del Soldado Fariña, que fue publicada con posterioridad, en la mencionada revista militar. Felicitación por escrito del Teniente General Jefe del Mando de Canarias ya qué, en las riadas acaecidas aquel domingo del mes de octubre del año 2014, Agustín Fariña se encontraba de Guardia junto a varios Compañeros más, actuando rápidamente y antes que se inundara por completo la planta cero del Palacio de Capitanía, entraron uno a uno por todas las dependencias, para levantar del suelo los equipos informáticos. De no haber sido así, hubiera sido una auténtica catástrofe por la cantidad de documentación y datos informáticos que se hubieran perdido.

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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